Derechos: Libertad e imposición, por Manuel Olmeda

Advertimos urgente un problema espacioso que afecta a diferentes marcos: médico, educacional, familiar y económico, al menos. Convendría atender también alguna fisionomía de carácter filosófico y lingüístico. Me refiero a la apertura del nuevo curso escolar que se presenta confuso debido al rebrote dramático de la pandemia. Aunque nos percatamos de actitudes impropias —tal vez reprensibles— y patrañas semánticas achacables a sujetos cuya mente la ocupa por entero pruritos ególatras y fantasías regias, fastuosas, deberemos armarnos de paciencia hacia nuestros conciudadanos, responsables reales, para evitar la quiebra social. Ante el deterioro prácticamente irreversible a que vamos abocados y la consiguiente inacción de las vanguardias políticas, hemos de tomar decisiones drásticas si queremos franquear el caos sanitario y económico dominante.

Dolido, como español, de ser la vergüenza europea, mis instintos me piden resarcimiento, acción, pelea. No obstante, sin abandonar un ápice tal dimensión combativa, se impone cautela para desarmar cualquier argumento de estos indeseables cuya finalidad sea avasallar al ciudadano. De momento, importa el tema educativo que provoca bastante desconcierto con opiniones insidiosas, perversas. “No llevar los niños al colegio es delito”, han manifestado algunos “expertos” sobre el inicio del curso educativo y posterior polémica de la seguridad en los Centros. Es evidente que la LOMCE (LOE con retoques específicos), ley educativa en vigor hasta que se apruebe la LOMLOE, en su artículo 4.1 dice: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas”. Queda excluida de esta obligatoriedad la Educación Infantil.

Sabemos, más en este país, que las normas legislativas se enmascaran con perfiles políticos cuando no terminan raídas por resoluciones jurídicas subjetivas, inverosímiles; asimismo, languidecen sobre asientos lingüísticos deformados. Empecemos por lo simple. Descartes (siglo XVII) niega la predeterminación; proclama, por tanto, el libre arbitrio humano. Rudolf Steiner (siglo XX) sostiene que el hombre es por encima de todo libre, en sus aspectos de pensamiento y de acción. Es decir, la libertad es anterior al derecho. El propio Noam Chomsky, antepone la libertad y los principios morales a la ley. Definitivamente, y sin profundizar en otras disquisiciones, obligar a “acatar” un derecho termina por convertirse en imposición, incompatible con el propio derecho. Eso no significa que, en ciertos momentos y casos, haya que reequilibrar ambos conceptos: libertad y derecho.

Contra lo expuesto, en circunstancias normales defiendo (transgredirlo sería absurdo) el artículo 4.1 de la LOMCE denunciando incumplimientos varios como los artículos 2.1 y 2.4 en ciertas Autonomías, no solo catalana y vasca, pese a continuos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta situación sanitaria actual desaconseja la apertura de centros de forma inmediata. Menos, la educación presencial. Sé que surgirán argumentos sobre el daño formativo (instructivo para ser exactos) y la problemática a que deben enfrentarse las familias cuyos dos miembros trabajen. Mi experiencia, cuarenta años en diferentes cometidos, me lleva a sostener la falacia del primero. Respecto al segundo, soy padre de cuatro hijos, comprendo los apuros que les atenazan ya (antes del momento real) pero, de alguna manera, constituye un escenario extra-educativo.

Lejos de mí cualquier intención de defender al ministerio o consejerías del ramo. Me gustaría reconocer que la escuela debe desempeñar una labor social, de ayuda infantil, que no desdeño mientras pueda compatibilizarse con su misión epistemológica. Diferente es que llegue a reconocerle algún tipo de solapamiento espurio, ambicionado ilegítimamente por padres y poderes públicos. La escuela jamás fue un almacén de niños, al menos yo nunca lo entendí así. Siento ser claro, pero no he conocido en mi vida una Ley de Acogida y Vigilancia; sí, por el contrario, varias “Ley de Educación”. Educación y apoyo o servicio social llevan caminos distintos, aunque pudieran ser complementarios en situaciones diametralmente opuestas a la actual. Siempre lo han sido de hecho.

Cierto que el derecho a la educación corresponde al alumno y el Estado tiene un papel subsidiario —no sustitutivo, propio de países comunistas— roto por la ministra Celaá que se atribuyó el derecho de decidir a quién pertenecen los hijos. Desde mi punto de vista, y de acuerdo con una prelación lógica, hipotética, el derecho a la salud es anterior al de educación. Por tanto, considerando que no puede haber antojo ni tiranía, solo las familias gozan de legitimidad para decidir si los chicos acuden o no a clase. Los probables trastornos, en un sentido u otro, únicamente pueden valorarlos en su exacta medida cada pareja y son ellos los que deben tomar la medida definitiva. Acierto o error queda circunscrito al ámbito familiar. Cualquier intromisión, anómala, atípica, con abuso de autoridad, debería ser contestada por una sociedad que empezaría a dar señales de vida.

Añado mi opinión de estricto analista, compatible con la anterior determinada por mi larga experiencia docente. Adelanto una premisa irrefutable: libertad es el principio vertebral de la esencia humana. Nadie puede limitarla salvo la libertad del adyacente, del otro; ni siquiera prescribe negándola por docilidad o tiranía. Hemos oído presentación, publicidad, palabrería, hasta el hartazgo. Todos, gobierno y autonomías, han asegurado tener listos planes diversos para empezar el curso escolar de forma presencial y segura.  Pura filfa. A nivel político, la desfachatez se ha apoderado del conjunto. Si acaso, puede confiarse en la iniciativa personal en colegios subvencionados porque los públicos carecen de autonomía y medios adecuados para ofrecer soluciones efectivas.

Incluso, suponiendo que se haya acometido cambios en infraestructura física, si admitimos que la distancia interpersonal cumple las medidas aconsejadas por Sanidad, disminución de la ratio implica aumento exponencial de profesorado. Que se sepa, siempre en tiempo condicional o subjuntivo, solo algunas Comunidades han “hablado” de contratar un profesorado imprescindible. Voluntarismo sobre voluntarismo. ¿Alguien puede confirmar algo con plena garantía? Que cada cual se responda de acuerdo con la información adquirida. Ni los responsables directos podrían hacerlo. Por cierto, ¿quién debe suministrar las mascarillas? No olvidemos que la enseñanza, en esos niveles, es obligatoria y gratuita.

Entonces, ¿qué hacer? He ahí el dilema. Resumamos. La enseñanza es un derecho y, en esta coyuntura, no puede hablarse de imposición por lo expuesto anteriormente. Con este escenario no existe respuesta clara ni incuestionable. Cada familia debe valorar pros y contras, incluyendo los temas esenciales de socialización e inconsistencia psicológica del niño/joven, para luego actuar libremente de acuerdo con sus temores y circunstancias. Eso sí, cualquier opción al respecto es pertinente comunicarla al Centro de referencia.