Marchena, sobre testifical de Puigdemont: "Seamos serios, en un proceso penal no se puede ser acusado y testigo"

  El presidente del tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña, el magistrado Manuel Marchena, ha rechazado la testifical del expresidente Carles Puigdemont en calidad de testigo porque el procedimiento penal español no permite "ser acusado por la mañana y testigo por la tarde".

   "Seamos serios, en un proceso penal no se puede cambiar el formato con que uno declara", ha manifestado Marchena en su exposición sobre la resolución de las cuestiones previas en la tercera jornada del juicio, en la que ha apelado a la profesionalidad de los abogados de las defensas para que entiendan el rechazo a la declaración de Puigdemont.

   La comparecencia como testigo y por videoconferencia de Puigdemont, que también está procesado en esta causa aunque no acusado al estar en rebeldía, había sido solicitada por varias de las defensas de los 12 acusados, entre ellas las de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Jordi Turull y Josep Rull.

   Sin embargo, el tribunal lo ha rechazado de plano. Marchena, que no ha dedicado mucho tiempo a explicar sus motivos, se ha limitado a subrayar que los magistrados están "convencidos de que la trayectoria profesional de todos los letrados les permite conocer la respuesta".

   "En un proceso penal no se puede cambiar el formato con que uno declara. Es inviable, coonceptualmente imposible. No se puede declarar por la mañana como acusado y por la tarde como testigo. Seamos serios, en un procedimiento penal no se puede ser al mismo tiempo procesado y testigo", ha remarcado.

   En cuanto a la petición del abogado de Jordi Cuixart sobre la expulsión de Vox como acusación popular, el presidente del tribunal ha indicado también se ha opuesto "para evitar cualquier riesgo" de caer en "argumentos ideológicos".

   Eso sí, ha advertido a todas las partes presentes en la sala de que los interrogatorios "sólo van a poder centrarse en aspectos fácticos", es decir, "no va a ser posible un debate ideológico" sobre las preguntas que la acusación popular pueda hacer.