Llarena pregunta a Fiscalía si la malversación de Puigdemont afecta a intereses de la UE y se excluye de la amnistía

El juez instructor del `procés` en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, ha preguntado a los fiscales de la causa si la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (UE) y, por ende, quedaría excluida de la amnistía.

Así consta en la providencia, recogida por Europa Press, en la que acuerda mantener la orden nacional de detención que pesa contra Puigdemont, los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Llarena da cinco días a la Fiscalía, a Vox --que ejerce la acusación popular-- y a las defensas para que informen sobre si ven pertinente aplicar o no la aministía a los hechos que se le atribuyen a los encausados. Además, pide que se pronuncien también sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra los cuatro líderes independentistas.

Por último, el magistrado solicita a las partes que informen sobre si el delito de malversación puede considerarse "excluido" del ámbito de aplicación de la ley por la especifica previsión del legislador recogida en su artículo 2.e, que fija que los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea quedan fuera de la amnistía.

LOS FISCALES DEL `PROCÉS` DEBERÁN INFORMAR AL FISCAL GENERAL

Cabe recordar que el criterio de los cuatro fiscales del `procés` --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- trascendió el pasado 30 de mayo, tras la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Según fuentes conocedoras del encuentro, al término del encuentro los fiscales entregaron un documento en el que avisaban de que no están a favor de aplicar la amnistía a Puigdemont en el delito de malversación.

En el texto, los firmantes defendían que el expresidente sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE y que, por ende, dichos actos quedaría fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley. A su juicio, Puigdemont y otros 6 dirigentes del `procés` dedicaron fondos públicos "a fines inconstitucionales para conseguir sus propósitos".

No obstante, los fiscales aseguraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al `procés`.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que los cuatro fiscales tendrán que informar a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal general del Estado antes de contestar al juez Llarena.

Según dichas fuentes, en caso de discrepancia entre los cuatro fiscales y García Ortiz, éstos podrían invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico y elevar el asunto a la Junta de Fiscales. El fiscal general, sin embargo, tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto.