Derecho a Morir Dignamente pide un protocolo asistencial para una eutanasia accesible tras cinco años como derecho legal

"Nos preocupa el desequilibrio territorial", por lo que "proponemos estandarizar la práctica de la eutanasia, que se implante un protocolo asistencial de eutanasia en todas las comunidades autónomas", ha indicado, al tiempo que ha concretado que "serían directrices estandarizadas para guiar a los profesionales en la tramitación de eutanasias".

Según ha expuesto Arseguet, el objetivo es "minimizar la variabilidad", para lo que se indicaría "cómo atender una solicitud en cada centro". "Es necesario apoyar el trabajo de los profesionales", por lo que "reclamamos, en cada comunidad autónoma, una unidad de eutanasia", ha sumado, aunque ha reconocido su existencia en algunos territorios.

Las funciones de esta área "serían de información a la ciudadanía" y "de apoyo operativo a los profesionales para facilitar la tramitación de la prestación", ha continuado, para añadir que es necesario "instaurar en todas las comunidades el modelo de profesionales referentes", que "serían expresamente formados para ayudar a sus colegas" y "el médico no se sentiría solo".

"La unidad también registraría la trazabilidad de todas las solicitudes", ha declarado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que la misma serviría para reconocer a los profesionales sanitarios implicados "liberando agenda y compensando el exceso de jornada".

EL 'MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN EUTANASIA' SE ESPERA PARA JULIO

La máxima representante de DMD ha indicado que estas propuestas entran dentro del paquete de las que no han sido tomadas en consideración para ser incluidas en la actualización del 'Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia', cuyo borrador se presentó en abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y que se espera que sea oficial "en julio".

Este documento tampoco incluye otras demandas, como que el rechazo de tratamiento no se traduzca en "denegación de eutanasia", ha expresado. "Pedimos también que se añadan a los informes los motivos de denegación" y "que, en la tramitación por trastorno mental, se elaboren recomendaciones para la interpretación de los requisitos", y es que "muchos" de estos últimos "son interpretables", ha señalado, reclamando, junto a ello, que el Comité Técnico creado hace un año, y que agrupa a sociedades científicas, expertos y asociaciones, tenga actividad real.

No obstante, ha asegurado que sí se han incorporado a este manual otras medidas aportadas para que "esta ley funcione y lo haga lo mejor posible", como "la mejora de los informes de evaluación, que exista un modelo común de informe para todas las comunidades autónomas para tener datos comparables, un mejor calidad de datos para poder evaluar el funcionamiento de la ley" y que los análisis del Ministerio de Sanidad se publiquen "en un tiempo razonable".

Precisamente en relación con los datos disponibles a día de hoy, ha manifestado que el "más inquietante de todos" es el que se traduce en "desigualdad territorial" y "acceso desigual al derecho". "Nos preocupa que en nueve comunidades autónomas, la tasa de eutanasia ha decrecido entre 2024 y 2025, y no sabemos por qué", ha expresado, para agregar que, "sin embargo, en otras comunidades, el crecimiento importante que se ha producido explica el nivel de crecimiento a nivel estatal".

SOLO EL 3% DE ESTOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZAN EN LA SANIDAD PRIVADA

La eutanasia en la Sanidad Privada es un "problema", ha señalado, por otra parte, Arseguet, quien ha asegurado que "la mayoría de las eutanasias se están realizando en la Pública". "Solo el 3 por ciento de las eutanasias se realizaron en la Privada en 2024" y "en 2025, no tenemos las cifras", ha aseverado, para sostener también que, "con demasiada frecuencia, eso es por la negativa de los profesionales de la Sanidad Privada a tramitar una prestación que sus aseguradoras no contemplan".

A su juicio, "las Administraciones deberían actuar para que la Sanidad Privada cumpla también con la Ley de Eutanasia". Esta "tiene patente de corso y la Ley Orgánica no va con la Privada", ha señalado al respecto el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, quien considera que esta "incumple la ley sistemáticamente y no pasa nada".

Para finalizar, este último se ha referido al hecho de que el Pleno del Congreso de los Diputados haya dado recientemente su apoyo a la toma en consideración de una proposición de ley del Parlament de Cataluña que propone acortar a un máximo de 25 días los plazos judiciales en los casos de eutanasia. "Somos pesimistas" al respecto de su aprobación, ha afirmado, asegurando que la Cámara Baja "está en descomposición" y "no parece que esté el horno para muchos bollos".