Cantabria baraja recurrir la regularización de migrantes, que "sobrecargará" los servicios públicos

El Gobierno de Cantabria (PP) analizará jurídicamente la regularización de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros y la llevará a los tribunales "si hay la más mínima posibilidad", ya que considera que va a generar "mucha más tensión y sobrecarga aún en nuestros servicios públicos", algunos ya en una situación "límite".

Para la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, esta medida impulsada por el Gobierno central para "responder al chantaje de sus socios" supone "favorecer la quiebra de la convivencia, el efecto llamada y el negocio para las mafias", de modo que se utilizarán "todos los instrumentos políticos y jurídicos que tenemos a nuestro alcance para combatirla".

"Creo que un país serio, un país que pertenece a la Unión Europea no puede mandar el mensaje de que se ha convertido en un destino en el que la irregularidad se premia. No puede ser más rentable incumplir las normas que cumplirlas", ha sentenciado Buruaga este miércoles en Pomaluengo (Castañeda) tras inaugurar un parque infantil a preguntas de los medios después de que vayas comunidades gobernadas por el PP ya hayan manifestado su intención de acudir a la justicia.

La presidenta ha advertido que "ni siquiera se sabe" cuántas personas podrían acogerse a la regularización en la comunidad, aunque ayer el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, dijera que unas 2.000.

Para la jefa del Ejecutivo, esta medida es "una absoluta temeridad" y el "mayor coladero de la historia de nuestro país". Y ha recalcado que está a favor de la inmigración legal, vinculada al empleo, de quien "viene con un contrato de trabajo, cumpliendo la ley, compartiendo nuestra lengua y nuestra cultura y contribuyendo a la sociedad".

"Se puede ser firme en solidaridad y ser también exigente y contundente en las exigencias y en los requisitos. Hay que venir a aportar. El que necesite ayuda la tendrá, pero con el paraguas de la ley; y el que viene a delinquir, se tendrá que ir", ha sentenciado.

Por ello, ha defendido que este debate no va de "inmigración sí, inmigración no", que es a su juicio donde "lo está queriendo situar en este momento el Gobierno", sino que "la disyuntiva está entre lo que tiene que ser la inmigración legal y ordenada y lo que es la inmigración ilegal". Así, ha opinado que, para regularizar, "hay que tener una política migratoria clara, y el Gobierno de España no la tiene".

De este modo, ha insistido que lo que plantea el Ejecutivo central "no genera contribuyentes", sino "beneficiarios que van a generar mucha más tensión y sobrecarga aún en nuestros servicios públicos", como en las prestaciones sociales, en una sanidad que ya cuenta con listas de espera "que los cántabros conocen y padecen", y con impacto también en "los grandes problemas que tenemos" de acceso a la vivienda.

"Llueve sobre mojado", ha apostillado al respecto, porque "todas las decisiones que toma el Gobierno de España acaban recayendo siempre sobre los ayuntamientos, las comunidades autónomas, y por lo tanto las acaban pagando siempre los vecinos, en este caso los cántabros, con sus impuestos".