El TSJC da el visto bueno al acuerdo alcanzado por las partes para dar solución al caso Tenis de Laredo
Se ejecutará en año y medio y los propietarios serán indemnizados con 650.000 euros por la pérdida de superficie y daños morales
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado luz verde al acuerdo que las partes implicadas en el caso Tenis de Laredo alcanzaron en una vista celebrada hace dos semanas para dar cumplimiento a la sentencia de derribo de los vuelos del edificio que pesa sobre él desde hace tres décadas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha dictado un auto en el que acuerda iniciar la ejecución alternativa pactada a raíz de la propuesta realizada por los vecinos, que además de cumplir con la atigua sentencia permitirá ahorrar casi 6 millones de euros al Ayuntamiento, responsable de la compensación económica para los propietarios. Y es que la solución acordada supondría un coste de unos 4,5 millones de euros, frente a los 11 millones que se preveían.
En la resolución, notificada en el día de hoy, el tribunal plasma el acuerdo alcanzado y agradece el esfuerzo realizado por todas las partes "para poder avanzar y terminar con esta ejecución de derribo", cuya primera sentencia es del año 1990. Según lo acordado, la comunidad de propietarios adquirirá una finca --con financiación del Ayuntamiento-- para poder soportar mayor ocupación, así como la demolición de parte de los áticos. En un plazo de año y medio, la ejecución quedaría finalizada.
El Ayuntamiento de Laredo, que es la parte condenada, asumirá todos los gastos, que "en ningún caso" superarán los 4,5 millones de euros, y los propietarios afectados serán indemnizados con un importe total de 650.000 euros por la pérdida de superficie y daños morales soportados.
En su resolución, la Sala celebra que las partes hayan buscado una alternativa y agradece al Ayuntamiento de Laredo "su nueva actitud de colaboración con la Administración de Justicia". También expresa su agradecimiento "al ejecutante, ya que sin su apoyo a la propuesta hubiera sido imposible llegar a un acuerdo".
La Sala recuerda que ya se ha llegado a acuerdos de mediación en otros procedimientos similares de ejecución de demoliciones "y siempre ha sido satisfactorio".
PASOS EN LA EJECUCIÓN
El primer paso de esta propuesta alternativa es la adquisición por parte de la comunidad de propietarios del edificio Tenis de una parcela "que incremente la superficie de su finca para poder soportar una mayor ocupación". Para este trámite, la Sala da cuatro meses desde el acuerdo.
La adquisición por los propietarios se realizará con financiación del Consistorio, que deberá consignar el importe del coste de la finca durante el plazo de adquisición de la misma y abonarlo antes de la escrituración.
El segundo paso de la ejecución consiste en la redacción de un proyecto que reduzca la ocupación a un 35% de la superficie original, más un 20% de la superficie de la finca adquirida, y elimine la parte de los áticos que supere el gálibo de 45 grados medido a partir de los nueve metros de altura de la fachada, contados desde la rasante natural original de la finca. Este proyecto debe estar elaborado en un plazo no superior a dos meses desde la adquisición de la finca. Nuevamente, el Ayuntamiento asumirá el coste de la redacción.
En el tercer paso, TRAGSA lleva a cabo las obras, para lo que se da un plazo de ocho meses después de que la Sala dé el visto bueno al proyecto de ejecución. El Ayuntamiento abonará los costes de la obra mes a mes contra certificación.
Por otro lado, el auto señala que las diferentes cuantías a financiar "será aprobadas por la Sala dentro del presupuesto máximo de ejecución, y deberán ser abonados por el Ayuntamiento en ejecución de la decisión judicial".
En relación a los expedientes de responsabilidad patrimonial, éstos se resolverán de mutuo acuerdo y las indemnizaciones se abonarán al acabar la obra. Justo después, los vecinos cederán la finca adquirida al municipio. Para ello, el Ayuntamiento deberá tramitar un instrumento de planeamiento "que permita mantener legalmente el edificio cuando se ceda la finca adquirida".
El auto también contempla que, "en caso de demora" en la tramitación de esa modificación puntual del planeamiento, la comunidad "abrirá a los ciudadanos la finca como si fuere un espacio libre público", según ha informado el TSJC.
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