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Crónica negra y Tribunales 10-10-2019 11:15

Fiscalía pide cuatro y dos años de cárcel para los exalcaldes de Castro Díaz Helguera y Muguruza

La Fiscalía pide cuatro y dos años de cárcel respectivamente para los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza en su nuevo escrito de acusación por el `caso La Loma`, sobre irregularidades en el desarrollo urbanístico de esta zona, y en el que mantiene la acusación para seis de los 45 encausados iniciales.

 

La Fiscalía ha reducido a cuatro y dos años de cárcel respectivamente, la pena que solicita para los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza en su nuevo escrito de acusación por el caso `La Loma`, sobre irregularidades en el desarrollo urbanístico de esta zona, en el que "contrae" la causa y mantiene cargos únicamente contra seis de los 45 encausados iniciales, retirando la acusación a los otros 39.

   A Díaz Helguera le imputa un delito continuado de cohecho por el que le reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 149.082 euros; y a Muguruza, que llegó a ingresar en prisión preventiva por esta causa entre el 18 de febrero y el 9 de marzo de 2010, un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, descontando el tiempo que estuvo en prisión preventiva y el que estuvo privado cautelarmente de competencias urbanísticas y de contratación, respectivamente.

   Por su parte, para Pedro Restegui, que ejerció funciones de arquitecto municipal entre 1997 y 2005, la fiscal del caso, Pilar Santamaría, pide cuatro años de prisión por delito continuado de cohecho, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 1,8 millones de euros.

   Cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación solicita también por delito continuado de cohecho para la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez, a la que reclama 442.336 euros de multa; y siete de prisión para el ex secretario César Sáiz: tres por falsedad documental en concurso con prevaricación y cuatro por delito continuado de cohecho, así como multas de 1.087.334 euros y 10.500 euros, y un total de 10 años de inhabilitación.

   Por último, para el director de obra Valentín Galdós, pide un total de cinco años de cárcel: cuatro por delito de cohecho y uno por el de falsedad documental, así como 39.000 euros de multa.

   En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del proyecto de compensación, del proyecto de urbanización y de las licencias de obras concedidas, así como la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas, y en particular de las edificaciones construidas sobre zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de las viviendas y muro construido sobre zona de servidumbre de la autovía.

   Solicita también que sufraguen los gastos de demolición César Saiz, Fernando Muguruza y Valentín Galdós Tobalina, y que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

  RESPALDO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

   La decisión de la Fiscalía de "contraer" la macrocausa de `La Loma`, instruida por el entonces juez de Castro Luis Acayro Sánchez, reduciendo el número de acusados de 45 a 6 y acotando los hechos exclusivamente al sector urbanizable no programado (SUNP) 12, ha sido supervisada por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, tal y como mandata la regulación interna de la Fiscalía General del Estado.

   Según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía Superior de Cantabria, este asunto no ha sido objeto de ninguna resolución escrita de la Fiscalía General, sino que la fiscal superior, Pilar Jiménez, informó "verbalmente" a la fiscal general del Estado, que "ha respaldado la decisión".

   Una vez que la Fiscalía ha presentado el nuevo escrito de acusación, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha dictado una providencia, con fecha 9 de octubre, en la que concede un plazo de cinco días hábiles a las acusaciones particulares y a los actores civiles para presentar alegaciones.

   Transcurrido dicho plazo, las alegaciones se entregarán a las defensas y responsables civiles para que en igual plazo de cinco días aleguen lo que estimen oportuno. Pasados estos plazos, la Sala señalará de inmediato fecha para la continuación del juicio oral, que quedó suspendido el pasado 8 de octubre.

  SUNP-12

   En el nuevo escrito de la Fiscalía, los hechos objeto del proceso quedan acotados a las presuntas ilegalidades cometidas en la aprobación del plan parcial del SUNP-12 de modificación delPGOU de Castro Urdiales.

   Se reduce así a la mínima expresión el escrito inicial de acusación que presentó en el año 2012 la fiscal María Jesús Cañadas, en el que solicitaba cerca de 200 años de cárcel para 46 acusados por delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.

   En el procedimiento, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, ejercen acusación la Fiscalía, la Junta Vecinal de Santullán y seis representantes de particulares compradores de fincas, pero éstos últimos han anunciado su decisión de apartarse del procedimiento.

  ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

   En su nuevo escrito, la Fiscalía concluye, una vez "verificados los datos obrantes en las actuaciones, así como la aparición de nuevos elementos de ponderación", que las iniciativas relativas al SUNP 3 fueron adoptadas por los responsables municipales "sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad".

   Según informa el Ministerio Público, se ha valorado en primer lugar, que las nuevas certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales indican que la tramitación del Plan Especial deMonte Cueto -ya iniciada en el año 2004- fue finalmente culminada en el año 2008, y que ya se ha iniciado la ejecución del depósito que abastecerá a las referidas viviendas, según acta de replanteo certificada debidamente, una vez superados los problemas de financiación.

   En segundo lugar, señala que "las deficiencias inicialmente observadas fueron progresivamente subsanadas, sin que exista un pronunciamiento judicial que declare la nulidad de los instrumentos urbanísticos por motivos de ilegalidad manifiesta sobre el fondo, sino por razones de carácter procedimental". Además, añade que de la certificación recientemente aportada, se deduce que la construcción del depósito era, en todo caso, legalizable.

   Finalmente, "puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas, a la vista de las manifestaciones formuladas recientemente por su representación procesal, debidamente ratificadas en las actuaciones".

   En su escrito, la Fiscalía mantiene que los acusados por un presunto delito de cohecho, Pedro Restegui, Yolanda Sánchez, César Sainz y Rufino Díaz Helguera, "han recibido contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de las resoluciones municipales contrarias a Derecho detalladas en este escrito; y han recibido de particulares afectados distintas cantidades de dinero por realizar actos propios de sus respectivos

 

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