PRC y PSOE tumban una moción del PP para mejorar el acceso a los centros de salud

Los grupos parlamentarios Regionalista y Socialista han rechazado en el Pleno de este lunes una moción presentada por el PP que incluía un decálogo de actuaciones para mejorar el acceso y la atención en los centros de salud con las máximas garantías de seguridad, basándose fundamentalmente en la ampliación de personal y en la implantación de la teleasistencia.

   PRC y PSOE habían presentado una enmienda de sustitución que el PP ha rechazado al considerar que era "de carácter destructivo" porque de 10 puntos "se quedaban con cuatro" y en definitiva suponía "votar no a la Atención Primaria", según el `popular` César Pascual.

   Así, éste ha lamentado que se rechace una iniciativa que era "fruto del diálogo" con profesionales y ciudadanos, "no de un iluminati del PP", para intentar dar solución a los problemas de la Atención Primaria, como las colas generadas desde el inicio de la pandemia en los centros de salud, y para avanzar en el cambio de modelo hacia la telemedicina.

   La regionalista Ana Obregón y la socialista Eva Salmón han explicado que había algunas peticiones con las que no estaban de acuerdo y otras que ya se están implantando, por lo que habían reducido la moción a cuatro puntos centrados en realizar una reorganización de la Atención Primaria, redimensionar las plantillas, implantar la teleasistencia y realizar un estudio para establecer las necesidades de nuevos perfiles profesionales.

   Asimismo, han explicado que son "conscientes" de los problemas de Atención Primaria y que se está trabajando en las líneas de modificar las costumbres de la población -como el acudir antes de la hora de su cita- para evitar aglomeraciones en los centros de salud, en la pedagogía y llamamiento a la responsabilidad personal y en la incorporación de la tecnología al sistema sanitario.

   Por su parte, Cs y Vox han apoyado la iniciativa. Desde la formación naranja, Félix Álvarez ha considerado "urgente" repensar el modelo sanitario y abordar cuestiones como las carencias de personal, las condiciones laborales o la modernización de gestiones y consultas, algo para lo que, a su juicio, se podrían utilizar los fondos europeos.

   Y desde Vox, Armando Blanco ha asegurado que la pandemia ha hecho "más patentes" problemas que venían denunciando los profesionales desde hace "diez años" y ha criticado que la Consejería de Sanidad "culpabilice" a los ciudadanos de las colas en los centros de salud achacándolas a que no respetan la hora de sus citas, como manifestó el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en el Pleno anterior.

  SALUD MENTAL Y CENTROS DE DÍA

   También ha quedado rechazada una PNL de Cs reclamando la puesta en marcha de un plan autonómico de apoyo a la salud mental que haga frente a la previsible sobrecarga del sistema por el incremento de las necesidades de la población tras el COVID-19.

   Al igual que con el punto anterior, PRC y PSOE han presentado una enmienda sustituyendo las peticiones de la formación naranja por la creación de un equipo de trabajo para evaluar y actualizar el plan de salud mental en vigor, pero Cs la ha rechazado al considerar que esta propuesta y la suya "no son excluyentes".

   Además de los centros de salud y la salud mental, también han estado presentes en la sesión plenaria los centros de día para personas dependientes, a través de cuatro preguntas registradas por el PP, que ha lamentado la "confusión" generada por el Gobierno cuando decretó su cierre a comienzos del mes de noviembre como medida para frenar la expansión del coronavirus, causando "estupor e indignación" en dichos centros y en las familias por no haber avisado previamente.

   Al respecto, la consejera de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha manifestado que en los últimos ocho meses -desde que llegó la pandemia- la gestión ha sido "un reto" y que la Consejería tuvo que acatar inicialmente la resolución de Sanidad que obligaba al cierre y luego pedir todos los informes necesarios para acreditar la motivación para la reapertura de los centros -como que aportan a sus usuarios terapias y estímulos sin los que se verían perjudicados-, que finalmente se logró cinco días después.

   "Estoy totalmente convencida de que habrá cosas que hemos hecho mal", ha reconocido Álvarez, que, no obstante, ha asegurado que su área se ha centrado en prestar su "atención, dedicación y apoyo" a las personas mayores y dependientes.

  MEMORIA HISTÓRICA

   También ha participado en el Pleno el vicepresidente de Cantabria y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, que ha respondido a una interpelación del diputado del PP Íñigo Fernández sobre las partidas destinadas a proyectos vinculados con la recuperación de la memoria histórica, ya que, a juicio del `popular`, es un asunto que "no es en este momento la preocupación de los cántabros". "Esto no lo tiene en la cabeza la gente, solo nuestro consejero", ha sentenciado.

   Sin embargo, Zuloaga ha asegurado que "la prioridad del Gobierno ha sido, es y será la gestión de la pandemia" y movilizar "todos los recursos para ello".

   En este sentido, ha explicado que se ha recortado presupuesto de otras partidas para actuar contra el coronavirus -a través del Plan de Choque que se activó con 130 millones de euros tras el primer estado de alarma o los 15 millones para ayudas a los sectores más afectados que se han aprobado recientemente- y que alguna de las partidas mencionadas para ayudas a la memoria histórica se redujeron "a la mitad".

   Así, mientras que Fernández ha opinado que mantener estas subvenciones es "una falta de responsabilidad enorme" con "lo que la gente está pasando en la calle" y en un momento en el que "hay otras preocupaciones, Zuloaga ha criticado las "moralinas patrióticas" del PP, que "compite con Vox por ver quien tiene más grande la bandera".

   En cuanto a las partidas, ha explicado que se han utilizado para ayudar a ayuntamientos como Suances, Camargo o Liérganes a retirar monumentos o cambiar los nombres del callejero.

   Por último, el vicepresidente ha dicho que la Ley de Memoria Histórica es una ley que al PP "no le gusta", pero "si defienden el ordenamiento jurídico español, cúmplanlo", ha pedido.