El Tribunal de Cuentas dice que los principales ayuntamientos cántabros carecen de política pública global de vivienda

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el `Informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales`, correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023, que concluye que ninguno de los tres ayuntamientos, que representan el 44% de la población cántabra, disponía de una política municipal de vivienda global e integrada y que las acciones puntuales de distinta naturaleza "han sido insuficientes para satisfacer la demanda habitacional de la población".

El trabajo examina el diseño, ejecución y control de las actuaciones desarrolladas por los tres municipios cántabros con mayor población en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda.

Uno de los aspectos más relevantes y susceptibles de mejora es el aprovechamiento del patrimonio público del suelo, que ha sido "insuficiente", y de haber sido más eficaz, habría permitido incrementar el parque de vivienda disponible, señala el Tribunal de Cuentas, que ahonda en que su aprovechamiento ha sido "muy limitado" y que su planificación presenta "debilidades relevantes".

No obstante, en el periodo fiscalizado, el Ayuntamiento de Santander finalizó dos promociones de 186 viviendas y Torrelavega incrementó su parque en 58 con una política consistente fundamentalmente en la cesión de suelo al Gobierno autonómico para la construcción de vivienda. Mientras, Castro Urdiales no llevó a cabo ninguna actuación en VPO.

Además, se ha verificado que los ayuntamientos de Santander y Torrelavega contaban con 201 y 30 viviendas sociales, respectivamente, y que habían concedido ayudas sociales para vivienda por importes cercanos a 196.000 y 10.000 euros.

Por otra parte, se destacan "deficiencias relevantes en el control administrativo, la adjudicación y el mantenimiento de las viviendas sociales, lo que ha limitado su efectividad para atender las necesidades sociales reales de los sectores más vulnerables".

INCUMPLIMIENTOS

Los ayuntamientos de Santander y Torrelavega cumplieron, en líneas generales, con las preceptivas obligaciones legales de rectificación y comprobación de sus inventarios de bienes y derechos.

Sin embargo, el inventario del Ayuntamiento de Castro Urdiales no se actualiza formalmente desde 2019, en contra de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Además, no recoge de forma separada los bienes y derechos integrantes de su patrimonio público del suelo, dificultando su control y seguimiento.

El Ayuntamiento de Torrelavega no utilizó las cuentas previstas para el registro contable de los bienes de su patrimonio público del suelo y no los diferenció en un epígrafe separado dentro del inmovilizado material de su balance, incumpliendo lo establecido en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

De todos los elementos integrantes del patrimonio público del suelo de los ayuntamientos analizados, únicamente un edificio en el municipio de Torrelavega -que fue cedido a la Comunidad Autónoma para su rehabilitación- y nueve parcelas en el de Santander, seis de ellas adquiridas durante el periodo fiscalizado y tres que estaban inventariadas con anterioridad, tenían como destino previsto la construcción de vivienda.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales utilizó recursos procedentes de la enajenación de una parcela de su patrimonio público del suelo para finalidades diferentes de las previstas inicialmente, pero incluidas en la normativa reguladora, lo que pone de manifiesto una debilidad en la planificación del uso de este tipo de recursos, al haberlos empleado para cubrir otras necesidades distintas a medida que estas iban surgiendo, señala el informe.

MODELOS DE GESTIÓN

En el Ayuntamiento de Santander la mayor parte de las viviendas promovidas por la SVS lo han sido en régimen de venta. Durante el periodo analizado se produjo un cambio de tendencia en favor del alquiler con opción a compra, que pasó del 17% al 23%.

El sistema de inscripción en los sorteos para la adjudicación de viviendas no está automatizado, lo que permitió que hubiera solicitudes duplicadas y que, en consecuencia, algunas personas tuvieran mayor probabilidad de ser beneficiarias, señala el informe.

De las 197 viviendas a disposición del Ayuntamiento para alquiler social, ocho se encontraban ocupadas ilegalmente y tres precisaban obras de reparación, lo que impedía que fuesen destinadas a tal fin.

El reglamento regulador de las viviendas municipales en régimen de alquiler social vigente en el municipio desde 2015 recoge un baremo para su adjudicación que no incluye entre sus criterios la atención a las víctimas de violencia de género.

En el Ayuntamiento de Torrelavega, de las 14 viviendas que estaban en uso como recurso de carácter asistencial destinadas a centros de acogida, solo existía expediente administrativo de cesión temporal en cinco de ellas y el Ayuntamiento desconocía la situación de la otra.

Dos viviendas estaban ocupadas irregularmente y cuatro requerían obras de rehabilitación, lo que impidió que pudieran ser utilizadas para fines sociales.

El Ayuntamiento no dispone de un baremo específico para la adjudicación de las viviendas sociales en el reglamento municipal regulador de centros de acogida, no garantizándose la aplicación de criterios objetivos y no discriminatorios en la selección de los posibles candidatos que precisen estos recursos.

Y en Castro Urdiales, el parque municipal de vivienda destinada al alquiler está dotado desde 2007 por ocho inmuebles, los que ninguno está adscrito a fines de emergencia social.

RECOMENDACIONES

El informe incluye recomendaciones específicas para cada uno de los ayuntamientos y para el Gobierno autonómico dirigidas a mejorar la planificación estratégica, el uso del suelo público, la gestión del parque de vivienda y la cooperación institucional en este ámbito.

En concreto, a Santander y Torrelavega recomienda regularizar el estado de sus viviendas municipales con fines sociales, y a la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS), implantar un procedimiento automatizado de inscripción en los sorteos de sus viviendas.

A Castro Urdiales y Torrelavega les recomienda realizar estudios específicos de las necesidades habitacionales en su municipio para elaborar un plan de vivienda adecuado.

Y a los tres, determinar los terrenos de su patrimonio público del suelo que pudieran destinarse a la construcción de vivienda protegida.

Por su parte, al Gobierno de Cantabria y a los tres ayuntamientos les pide reforzar la colaboración para lograr una política de vivienda más eficaz y eficiente.

Asimismo, recoge que el Ayuntamiento de Castro Urdiales incumplió su deber legal de colaboración con el Tribunal de Cuentas, al no aportar gran parte de la documentación solicitada durante los trabajos de fiscalización. Como consecuencia, el Pleno acordó la imposición de una multa a la alcaldesa del municipio, Susana Herrán.