CSIF denuncia el "caos" en los juzgados cántabros tras la implantación de los tribunales de instancia

CSIF asegura que, una vez agotado el plazo legal para aplicar el nuevo modelo organizativo previsto en esa ley --terminó el 31 de diciembre--, "los juzgados de toda Cantabria atraviesan una situación de grave desorganización".

"Lejos de mejorar el funcionamiento, la transformación ha provocado una desorganización generalizada en todo el país y Cantabria no ha sido una excepción", ha sentenciado en un comunicado el sindicato, que añade que "el colapso actual era previsible" como ya había advertido por al Gobierno de Cantabria, "sin que se hayan adoptado medidas para evitarlo".

El Ejecutivo regional manifestó que todo estaría listo el 31 de diciembre, pero CSIF advierte que "no se corresponde con la realidad", sino que desde el 1 de enero "los problemas no han hecho más que multiplicarse ya que, a la falta de planificación y directrices claras a seguir, se añade una carencia evidente de medios humanos y materiales".

"En Cantabria no estamos preparados. Únicamente nos han dado formación de una hora y media [...] estamos todos haciendo lo que hacíamos antes de producirse el supuesto cambio", subraya.

A su juicio, el nuevo modelo ha empezado a funcionar "sin el tiempo ni las condiciones necesarias para una adaptación real", pues "una reforma de esta envergadura no puede implantarse de la noche a la mañana".

CSIF explica que la nueva ley exige modificaciones "profundas" a nivel informático, organizativo, administrativo e incluso físico, con una necesaria adecuación de espacios que "no se ha llevado a cabo". De este modo, "hay funcionarios sin mesa de trabajo, sin equipos informáticos operativos o sin acceso a los expedientes judiciales electrónicos, lo que les impide desempeñar sus funciones con normalidad".

Y añade que "se están dando situaciones especialmente preocupantes, como la de funcionarios que han regresado de sus vacaciones tras la Navidad sin saber a qué juez o equipo están adscritos, lo que bloquea su actividad diaria". Así, desde el sindicato se va a solicitar una evaluación de las condiciones psicosociales.

Finalmente, CSIF ha exigido a la Consejería de Justicia que asuma su responsabilidad, dote de recursos suficientes a los juzgados, paralice la implantación "forzada" del modelo hasta que se den las condiciones para su aplicación y garantice un servicio público de justicia "eficaz, digno y respetuoso tanto con los trabajadores como con la ciudadanía".