El Gobierno declara la urgencia de las expropiaciones para la mejora de la carretera del puerto de Lunada

La actuación afecta al tramo entre La Concha y el Portillo de Lunada y forma parte de las actuaciones previstas para mejorar las condiciones de seguridad y circulación en esta vía de la red regional, en la que en marzo de 2025 fallecieron cuatro jóvenes en accidente de tráfico.

La declaración de urgencia se produce tras la aprobación del proyecto por la Consejería de Fomento y la finalización del trámite de información pública del expediente expropiatorio.

Esta implica la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados para posibilitar la ejecución de las obras en los plazos previstos y el acuerdo permite agilizar los procedimientos administrativos necesarios para el inicio de las actuaciones, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los derechos de las personas propietarias afectadas.

También en el área de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la declaración de obras de emergencia para la estabilización de taludes en la carretera municipal a su paso por Mioño, antigua N-634, en el municipio de Castro Urdiales. La actuación fue declarada de emergencia por el consejero, Roberto Media, el pasado 25 de marzo. La medida se adopta como consecuencia de la situación de riesgo detectada en la vía, que hacía necesaria una intervención inmediata para garantizar la seguridad de la circulación y de las personas usuarias.

El presupuesto estimado de la actuación asciende a 89.782 euros e incluye las intervenciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes afectados y prevenir desprendimientos que pudieran comprometer la seguridad vial.

Por otra parte, ha autorizado sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Miera, Penagos, Solórzano y Vega de Pas para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos municipales a través de la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE).

En el área de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el Consejo ha aprobado un decreto de concesión directa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector de Acción Social para la ejecución de un Plan de Lucha contra la Exclusión Social durante el ejercicio 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de programas esenciales dirigidos a colectivos especialmente vulnerables en Cantabria.

En concreto, el decreto subvenciona el Programa Dínamo, de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS), destinado a la capacitación personal y laboral de personas con VIH, con una aportación de 34.000 euros; el Proyecto Inicia, orientado a la inserción sociolaboral de personas con problemas de salud mental, que será ejecutado por AMICA (140.500 euros), Fundación Hermanas Hospitalarias (65.500 euros) y ASCASAM (32.600 euros); y el Programa de Atención Diurna de la Cocina Económica (Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul), dotado con 31.500 euros, centrado en la integración social y el mantenimiento de la autonomía personal.

También, el programa de lucha contra la exclusión social en personas con drogodependencias, desarrollado por AMAT con 31.400 euros; el programa de prevención y apoyo a personas con anorexia y bulimia de ADANER, con 20.500 euros; y el programa de intervención con mujeres en situación de vulnerabilidad de la Asociación Consuelo Bergés, al que se destinan 45.000 euros.

En Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa se ha aprobado la adenda al convenio de colaboración en materia de formación continua de integrantes de la Carrera Judicial suscrito con el Consejo General del Poder Judicial para el periodo 2025-2028 para desarrollar este año un programa conjunto de actividades formativas dirigidas a jueces y juezas destinados en Cantabria. El presupuesto máximo es de 12.500 euros, financiado de forma compartida entre ambas instituciones (hasta 5.000 euros por parte del Consejo General del Poder Judicial y de hasta 7.500 euros por parte del Gobierno de Cantabria).

Además, el Consejo de Gobierno ha vuelto a autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer sendos recursos contenciosos-administrativos frente a resoluciones dictadas por el delegado del Gobierno en Canarias relativas al traslado y reubicación en Cantabria de dos menores extranjeros, acogidos inicialmente en dicha comunidad autónoma. Las resoluciones recurridas fueron adoptadas los días 27 de marzo y 1 de abril de 2026, respectivamente.

En Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos se ha autorizado al Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) el desarrollo de las líneas de avales para el ejercicio 2026.

En concreto, se aprueba una dotación global de siete millones de euros en avales, distribuidos entre una línea para el sector público, por importe de dos millones de euros, y una línea de avales para el sector privado, dotada con cinco millones de euros.

Además, se ha dado luz verde a las líneas de financiación del ICAF para 2026, dirigidas al impulso del tejido productivo de Cantabria mediante el acceso a crédito en condiciones favorables. Estas líneas cuentan con una dotación global de cuatro millones de euros y están orientadas a pymes, autónomos y empresas de mayor dimensión con actividad en la región.

La principal herramienta es la línea 'ICAF Invierte 2026', dotada con tres millones de euros, concebida para financiar proyectos de inversión que contribuyan al crecimiento y la consolidación empresarial. Junto a ella, se habilita la línea 'ICAF Liquidez 2026', con un millón de euros, destinada a atender necesidades de tesorería y capital circulante de las empresas.

Asimismo, el Consejo de Gobierno autoriza una línea de avales comerciales para el sector privado, con una dotación adicional de tres millones de euros, orientada a mejorar la financiación comercial de las empresas cántabras frente a sus proveedores.

Asimismo, el Consejo ha autorizado al ICAF la concesión de un aval comercial, con un máximo de 72.320 euros, al Servicio Cántabro de Salud, con el fin de garantizar las obligaciones derivadas del incremento de potencia eléctrica necesario para la puesta en marcha de la Unidad de Prontoterapia en Valdecilla.

En el ámbito de Salud, entre otros acuerdo, se ha aprobado el contrato de servicios para la dirección facultativa de las obras de ampliación del Centro de Salud de Polanco, con un valor estimado de 394.462 euros.