Impacto de la crisis económica en la Cooperación al Desarrollo

Con todas las críticas y matices que desde ACSUR hemos expresado acerca del contenido y filosofía de esta Declaración de buenas intenciones, la revisión periódica de las 8 Objetivos del Milenio (ODM) y de sus 48 metas, no deja de ser un barómetro que permite evaluar no solamente los esfuerzos realizados en pos del desarrollo humano por los 189 gobiernos signatarios del documento, sino también la eficacia de estos esfuerzos.

Resulta en este sentido bastante esclarecedor que en la introducción del informe de los ODM del año 2008, el Secretario General de Naciones Unidas declarase sin ambages que “la comunidad internacional no está bien encaminada para cumplir con sus compromisos”1. Si consideramos por añadido, que los datos estadísticos utilizados en dicho informe son anteriores al estallido de la crisis financiera y de la crisis alimentaria del 2008, esta valoración nos da la medida de lo “desencaminada” que en la actualidad debe de estar la  comunidad internacional. El Banco Mundial calcula que “en 2008 la crisis alimentaria ha afectado directamente a unas 150 millones de personas”. En 2009, la misma institución estima que “otros 49 millones de personas caerán en la pobreza como consecuencia de la crisis financiera”. Y la Organización Internacional del Trabajo señala que “entre 18 y 51 millones de personas podrían perder su empleo”. La precariedad de las condiciones de vida de un creciente número de personas en el mundo agudizan aún más las desigualdades que causaron los procesos de polarización de la riqueza en los últimos 30 años. Esta polarización en la distribución de la renta, como denuncia Vicenç Navarro, es una de las causas más importantes de la crisis económica y financiera actual, aunque no haya sido casi señalada como tal en los medios de información.

Los países más pobres y los empobrecidos son los que menos responsabilidad tienen en el estallido de la crisis financiera, pero a la vez serán los más afectados y se convertirán en “doblemente víctimas” del sistema capitalista global, que no ha hecho más que abundar en las desigualdades, la explotación de los pueblos y la destrucción del entorno natural. La falta de comida, empleo, agua, tierra y vivienda, así como los riesgos que el racismo, la violencia y la represión pueden acarrear a la democracia, exigen que se diseñen soluciones globales basadas en valores de equidad, solidaridad, cooperación y corresponsabilidad con la defensa del  medioambiente y con la lucha contra el cambio climático. La elaboración y puesta en marcha de estas soluciones globales es uno de los retos, seguramente el de mayor envergadura, que ha de asumir la Comunidad Internacional.

Uno de los instrumentos del que dispone para ello, es sin lugar a duda, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sin embargo los datos de que disponemos en estos momentos no son a nuestro gran pesar, muy esperanzadores ni a nivel cuantitativo ni a nivel cualitativo.

Por un lado, todo apunta a que, en vez de aumentar su AOD con el fin de minimizar los estragos de la crisis y mitigar sus efectos, los gobiernos de la OCDE van a priorizar otros gastos como demuestra la rápida y masiva respuesta de los gobiernos de los países más ricos para rescatar bancos e instituciones privadas, respuesta que contrasta con su incapacidad en responder a la crisis económica, alimentaria, social, sanitaria, medioambiental, etc. Basta comparar los más de TRES TRILLONES DE DOLARES que los países de la OCDE invirtieron en dichos rescates bancarios, con las cifras de su AOD que no cesan de bajar: en 2007, la AOD total no pasó de los  104.000 millones, lo que representa el 0,28 % del PNB de los países donantes, un 0,03 % menos que en 2006. Este descenso es la muestra del fracaso de los países desarrollados para cumplir con sus compromisos con los países empobrecidos. Aunque el número de personas que viven en situación de pobreza se acerca a mil millones de personas y va creciendo a un ritmo acelerado, existe un riesgo real de que los poderes públicos de los países desarrollados sigan acusando un descenso en los montos de AOD o en el mejor de los casos mantengan sus cifras estancadas.

En relación a las amenazas que la crisis plantea para la calidad de la AOD, además del evidente riesgo de pérdida en eficacia por el descenso de las cantidades globales destinadas, es el retorno a la condicionalidad de la ayuda, principalmente de tipo comercial, por parte de los países ricos subordinando la concesión de la misma a ventajas comerciales, económicas y financieras.

Sabido es que sirve de muy poco que se incremente la ayuda, si no se modifica el modelo de relaciones con los países y regiones más vulnerables, si se sigue obviando las diferencias existentes y forzando unos acuerdos comerciales que contravienen la soberanía alimentaria, comercial y financiera de los países empobrecidos.

ACSUR, como ONG que trabaja por la transformación social, económica, política y cultural, sabemos que el contexto actual alimenta muchas amenazas no sólo a los derechos de los pueblos, sino también al sistema de la cooperación al desarrollo. También somos conscientes de las oportunidades que abre, porque en épocas de crisis es cuando se percibe con más urgencia la necesidad de construir otro mundo, de elaborar un modelo alternativo basado en valores de cooperación, solidaridad y corresponsabilidad. Porque lo que la crisis ha dejado manifiesto es el fracaso de un modelo de desarrollo centrado en el crecimiento económico a toda costa. Prueba de ello es que muchos de los análisis, sentencias y medidas divulgadas hoy en día por los que ayer defendían las virtudes del libre mercado, fueron denunciadas muchos años atrás por los movimientos sociales y organizaciones críticas de la sociedad civil.

Por ello el principal desafío de las sociedades desarrolladas en estos momentos reside en la revisión de su modelo económico y de convivencia, que acabe con un estilo de vida que nos ha llevado a una situación de crisis global que golpea con mayor fuerza en las clases sociales más desfavorecidas y que agudiza las brechas socioeconómicas y la problemática medioambiental. En este ejercicio, es imprescindible que se escuchen a los movimientos sociales y organizaciones críticas de la sociedad civil, tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, como garantía de un futuro que incluya las aspiraciones de equidad, solidaridad, seguridad y derechos que recorren el planeta.