Democracia y libertad de expresión

Uno de los derechos individuales recogido en la Constitución Española, es el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones…” Derecho que cabe interpretarlo de manera formal, “nadie me prohíbe que exprese y difunda mis pensamientos, ideas y opiniones”; pero que también sería exigible en su interpretación material “tengo la posibilidad real de expresar y difundir mis pensamientos, ideas y opiniones”.

No puedo saber cuál fue la voluntad del legislador, lo que sí sé es que la interpretación débil, la formal, ha sido la única que, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, ha tenido vigencia en la democracia española. Sólo las estructuras de poder, ya sea mediático, político, económico o religioso, han disfrutado del ejercicio de ese derecho. Y un derecho que sólo lo puede ejercer, realmente, una élite, se convierte inmediatamente en un privilegio, y la democracia en ‘sobrecapa’ de oligarquías.

En todo Occidente, y en particular en España, tanto el poder económico como el político, han apostado por el control de los medios de comunicación, quienes con la pérdida de su independencia, han perdido también la función social que les justificaba. Sólo la rentabilidad económica y la defensa de intereses políticos concretos parecen alumbrar el ejercicio periodístico, salvo raras y utópicas excepciones.

Con la pérdida de veracidad y verosimilitud, la información deviene en propaganda. Con la pérdida de la objetividad, la opinión no es más que adulación subyugada o insulto humillante. Con el desprecio a la pluralidad, el pensamiento se deshumaniza y el discurso se clona indefinidamente. Con la falta de imaginación la zafia vulgaridad inunda la cultura. Con la pérdida de la independencia, el tercer poder pasa a ser un instrumento de los dos primeros, y, sin contrapoderes, la democracia es demagogia, que en su acepción clásica se identifica con “república bananera”.

Se hace inevitable recuperar la función social que en buena parte de los siglos anteriores desempeñaban los medios de comunicación en las sociedades liberales y democráticas: la función informativa, hija de la veracidad y la honestidad; la función crítica con la que limitaba los abusos del poder; la función creativa, como locus habitual de la expresión literaria y de la difusión artística; la función racional comunicativa (J. Habermas) que se concreta como función pedagógica, socializante transmisora de cultura identitaria, inteligible y ciudadana (Ilustración) y como función intelectual en cuanto que foro de contraste de ideas y opiniones no instrumentalizadas, en un marco de racionalidad, fuera de toda violencia y visceralidad.

No es de esperar, sin embargo, que sean la prensa, la radio y, mucho menos, la televisión quienes, de motu propio, produzcan el milagro. La necesidad de grandes inversiones y de licencias, concesiones y subvenciones administrativas, les imposibilitan de facto para una independencia que tampoco buscan. Esa utopía sólo parece tener virtualidad (y nunca mejor dicho) en el universo Internet, si Microsoft y Google no lo impiden. Tras una primera fase febril, llena de riesgos para niños e incautos, la aparición de páginas como “You Tube”, la proliferación de blogs y foros abiertos, y, sobre todo, el rápido desarrollo de la prensa digital independiente, por su agilidad y su interactividad con los lectores, parecen propiciar la recuperación y redistribución democrática del tercer poder.

Imagino que lo anteriormente expuesto, parecerá extemporáneo e inadecuado para un artículo en un diario digital. La realidad es que, en el contexto vital en que sobrevivimos, lo expuesto es inadecuado “per se”. Lo que marca la pauta de la opinión es la acción. Lo que sucede es lo que es motivo de opinión-justificación a posteriori. Vivimos en una sociedad hiperactiva: lo que importa es la acción, en general irreflexiva. Por desgracia, la acción productiva y la acción política, cuyas “razones” fundamentales son los intereses económicos, nos están avocando a situaciones de desastre, naturales y bélicas, que podían haberse evitado.

Lo que aún no ha sucedido, “no toca”. Tenemos predeterminado el campo sobre el que se debe o no se debe opinar, incluso está estipulada la forma de hacerlo: el escrito de opinión debe ser simple, que posibilite una lectura urgente y, si es posible, aderezado con claves emocionales para que penetre como un estilete al corazón del lector, que nunca a su cabeza. Ésta se moverá ciega a su rebufo. Por su parte, muchos lectores reclaman que les den pensado lo que tienen que opinar.

En conclusión, si no defendemos de facto el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas, como una categoría social que nos pertenece a todos; si frente a la propagación de las doctrinas, no potenciamos el pensamiento como fuente de opinión; si frente a éstas no oponemos argumentos sino invectivas espurias; si no cuidamos a los medios de difusión plurales e independientes; si consentimos que el éxito de la basura ahogue la creación y la formación cultural ciudadana; entonces seremos cómplices de favorecer una democracia sin demócratas, en la que el derecho de expresión tendrá el mismo sentido que el de reunión para Robinson Crusoe.