¿Y hay donde aparcar?

Por supuesto, en un momento dado podemos optar por dejar el coche estacionado de forma incorrecta—en doble fila o “inventarnos” un aparcamiento—pero no hay que olvidar que estamos infringiendo la ley: una ley que vela por el correcto funcionamiento de la circulación y que, si cada vez más gente tiende a saltarse no es porque la gente de a pie se esté volviendo criminal, sino porque hay alguna deficiencia en el sistema. Como es lógico, ante el anómalo déficit de aparcamientos, tendemos a saltarnos las reglas.

“Cuando mucha gente tiende a saltarse una ley, es que hay alguna deficiencia en el sistema”

El problema del aparcamiento, lejos de mitigarse, va a más. Gobiernos de todos los colores llevan a cabo las mismas políticas nefastas en la gestión del servicio de aparcamiento y el problema, con esta tendencia, no tiene fin.

A priori, no podemos plantear una solución directamente desde la sociedad civil: la gestión del suelo es estatal y ellos deciden mediante la calificación del suelo o la decisión de otorgar permisos lo que se construye y lo que no. Por tanto, la gestión del aparcamiento es, de hecho, un monopolio estatal.

“La gestión del aparcamiento es un monopolio estatal”

Parece que el pensamiento único de los gobiernos, como vienen demostrando, es el de cada vez peatonalizar más calles y reducir aparcamientos. Sobre todo, cuando se acercan las elecciones municipales, tratan de engañar a la ciudadanía (especialmente a los que no utilizan el servicio de aparcamientos) engalanando la ciudad—en un tiempo record—con adoquines, macetas, bolos, césped, arbustos… en un arrebato desesperado de mejora de la imagen de la gestión de su ciudad, en su casi extinta legislatura, y sacrificando la calidad de los servicios que demandan día a día los ciudadanos.

La forma de gestionar el dinero de la forma más representativa es, sin duda, la gestión privada: en el libre mercado con tu dinero sólamente pagas lo que de verdad demandas y, por consiguiente, aparece la oportunidad para los empresarios para satisfacerla y así, salir ambos beneficiados.

Hay gente que podría pensar que los actuales parkings privados van por el buen camino. No es así. Se trata de una concesión del suelo por parte del municipio a una determinada empresa de forma totalmente planificada para que sólo él pueda construir dicho parking y, por tanto, excluyendo a toda la demás iniciativa empresarial a entrar a competir. Dicho brevemente, un monopolio protegido por la ley.

“Con una gestión privada de los aparcamientos sin protección de las leyes estatales no habría monopolios y bajaría el precio del aparcamiento”

Es por esta coyuntura que no nos debe extrañar el alto precio a pagar en los parkings. Con una liberalización del suelo la iniciativa privada no tendría impedimentos para la satisfacción de  dicha demanda. Y, al haber más competencia y más aparcamientos, sería menor el precio por coche aparcado.

Además el control del gobierno propicia que solamente la iniciativa de los grandes capitales pueda llevarse a cabo excluyendo a los empresarios más débiles: la estructura productiva de las empresas de obra pública locales queda determinada por las obras que el gobierno realiza—el 80% de la obra es pública—redirigiendo todos sus esfuerzos hacia la misma. Si admitimos que las demandas de los gobiernos no están en línea con las de los ciudadanos el problema está estructuralmente montado: una obra que satisfaga la demanda ciudadana costará más cara al no estar toda la maquinaria, planificación y trabajadores acostumbrada a tales tipos de construcciones. Por tanto el precio será más alto o, directamente, rechazarán la obra.

“La intervención estatal hace que las constructoras privadas están al servicio del gobierno, y no de las demandas de la sociedad civil”

Vemos que por activa y por pasiva los intereses ciudadanos se ven frustrados por el gobierno y las empresas de la sociedad civil no tienen incentivos para revertir la situación: según van llegando las elecciones el gobierno les otorgará una obra—electoralista y sin demanda alguna—que corre a cargo del bolsillo de los contribuyentes. Luego cualquier otra iniciativa queda totalmente cercenada por este sistema vicioso.

Viendo el panorama, es de sentido común no quedarse quieto ante tales injusticias;  la sociedad debe actuar para intentar vivir una vida cada vez mejor. A corto plazo las posibles soluciones pasan por oponerse a las subidas de impuestos para que manejen menos presupuesto, manifestar en qué queremos que se gaste y rechazar el—electoralista—gasto inútil. Todo ello con transparencia por parte del gobierno.

“La liberalización del suelo permitirá que la iniciativa privada satisfaga las demandas de los ciudadanos”

No obstante, siendo ambiciosos y aspirando a un futuro mejor, próspero, debemos exigir de forma perpetua una bajada de la carga impositiva y que los problemas pueda resolverlos—de forma más eficiente—la sociedad civil a través de la iniciativa privada por medio de la liberalización del suelo. Dicho mecanismo impediría al poder estatal inmiscuirse excesivamente en la vida ciudadana facilitando la resolución de conflictos.

Y para terminar, les ruego que me crean si digo que después de leer el artículo todas estas demandas no quedarán en el olvido, se acordarán de ellas cada vez que cojan el coche.