Legitimidad y responsabilidad

El filósofo Thomas Hobbes, en su obra cumbre ‘Leviatán’, hace referencia a la representación política, distinguiendo entre la persona natural, cuyas palabras y acciones son propias, y la persona artificial, que encarna palabras y acciones de otros. Pero, a menudo, esa diferenciación se diluye, y se utilizan los órganos democráticos para lanzar proclamas que, estoy seguro, no constituyen la voluntad de los ciudadanos a quienes representan. Utilizan la vertiente pública de la que les han dotado, mediante sus votos, los ciudadanos, para trasladar opiniones que son, simple y llanamente, personales. 

Todos los medios de comunicación españoles se hacían eco la pasada semana de la aprobación, por parte del Parlamento vasco, de un texto por el que se acusaba al Gobierno central, al de todos los españoles, de "amparar sin excepción" y de forma "sistemática" a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas o malos tratos de detenidos. 

La Cámara, con los votos a favor del Tripartito (PNV, EA y EB), el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y Alarar, voto sí a esta resolución tan sólo 48 horas después de que, en un acto inédito, el Parlamento rindiera homenaje a Juan Manuel Piñuel, el Guardia Civil asesinado en Legutiano. Sobra decir que le mataron los de siempre, esos que han hecho de la Democracia su particular caballo de batalla.

El gesto había sido histórico. Era la primera vez que la Cámara vasca rendía homenaje a un guardia civil. Ante la escultura en memoria de todas las víctimas del terrorismo, se colocó la fotografía de Piñuel. Un guardia civil y un ertzaina, en representación de quienes combaten a diario el terrorismo, depositaron una corona de flores, bajo la mira de diversos miembros del Gobierno de España, como su vicepresidenta y los ministros de Defensa e Interior, además de la presidenta del Parlamento vasco, el lehendakari y otras autoridades. 

Sin embargo, esa imagen de unidad contra el terrorismo de todos los diputados, a excepción de EHAK, que ejercen la potestad legislativa en la Comunidad vecina quedó rota horas más tarde, con ese vil intento de nacionalistas y abertzales de sembrar la duda sobre la labor desarrollada por los profesionales de la Seguridad en contra de ese terrorismo que azota España desde hace ya demasiado tiempo. 

El texto aprobado por el Parlamento vasco resulta insultante para un estado democrático como el español, para una sociedad que sufre a diario una lacra social como es el terrorismo y para unos trabajadores, los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ponen a diario su vida en peligro para salvaguardar la del resto de españoles. 

Hay una frase, atribuida a Gandhi, que reza: “un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él”. Del mismo modo, un posicionamiento absurdo no deja de serlo, aunque venga abalado por un órgano con total legitimidad. En este caso, a la Cámara vasca no puede negársele la misma legitimidad que tienen todas aquellas que son elegidas democráticamente por los ciudadanos, lo que, en esta ocasión, como ha pasado en algunas otras, no ha sido óbice para aprobar una resolución tan absurda como hiriente. 

Días después, ni siquiera las afortunadas detenciones llevadas a cabo en Burdeos la noche del martes pasado son capaces de quitarnos ese poso amargo que nos ha dejado a todos los demócratas el saber que, aunque la actividad policial está siendo extraordinaria y la unidad de la práctica totalidad de los españoles frente a ETA no tiene fisuras, algunas formaciones vascas apoyan, en unos casos, y no combaten suficientemente, en otros, la acción terrorista. Ese poso amargo del conocimiento de que la unidad contra el terrorismo no es total, no puede serlo cuando la mayoría de un órgano democrático, la mayoría de quienes representan a toda una Comunidad Autónoma, son capaces de poner en tela de juicio, y hacerlo públicamente, la labor de quienes están combatiendo de modo eficaz y valiente a los terroristas. 

La sociedad vasca, no. La sociedad vasca, en su práctica totalidad, ansía especialmente el fin de la banda terrorista. Su anhelo se  alimenta diariamente con la convivencia con la barbarie. En esta ocasión, como, por desgracia ocurre a veces, quienes han de obrar en representación de los ciudadanos alzan una voz discordante, que sólo les representa a ellos mismos. Por eso es necesario que todos hagamos un ejercicio de responsabilidad, por la amplia repercusión de las opiniones emitidas desde algunos órganos, que son representativos de miles de ciudadanos.  

Ese ejercicio de responsabilidad que, también esta semana, quisieron dejar en el olvido algunos sectores de la sociedad ante la triste muerte del magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo. Un jurista, especialmente vinculado a nuestra tierra, que trabajó con profesionalidad y tesón por la unidad de España, recogida en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, y, por ello, se convirtió en un garante de los valores constitucionales. Ultraconservador, juez de intrigas… poco tardaron algunos en comenzar a soltar epítetos insultantes, nada fundados y excesivamente malintencionados. 

Diputados, consejeros, alcaldes… hay personas en nuestra sociedad cuya opinión trasciende de lo meramente personal. No lo olvidemos.