Plataforma del Sur de Cantabria cree que el Plenercan equivale a "corrupción e inseguridad"

   Así lo advierten en un comunicado en el que consideran que el documento aprobado el pasado viernes por el Consejo de Gobierno "con nocturnidad, alevosía y prisas de última hora" y del que se han enterado "como siempre", por los medios de comunicación, es un "ilegal pastiche" del anterior Plenercan. "Es el mismo lodazal de ilegalidad e inseguridad jurídica de siempre", aseguran desde la Plataforma.

   En este sentido, critican que se ha modificado "sustancialmente" lo sometido inicialmente a información pública, por lo que el Plan exige una nueva tramitación "completa" y "desde el principio".

   Además, indican que el nuevo planeamiento energético se apoya en la Ley del sector energético, no en la de medidas económicas para la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, al tiempo que "incumple" la Orden del Ministerio de Industria que exige abandonar la planificación 2012-2020 y adaptarse al actual escenario de crisis y caída de la demanda energética.

   De igual modo, desde la Plataforma señalan que el nuevo Plenercan incumple el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hasta el punto -recuerdan- que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó, a propuesta de este colectivo, a la Comisión Europea para que investigara la tramitación del Plenercan y la Ley eólica.

  "LA PARTICIPACIÓN NO ES UNA BROMA"

   "Políticos, Fiscalía y bancos entienden la participación como una broma y no una garantía del derecho ciudadano a tomar decisiones en asuntos medioambientales, a proteger el derecho a vivir en el medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de todos y para fortalecer la democracia en la región", argumentan al respecto.

   Así, remarcan que "participar no es presentar alegaciones a las que ni se hace caso", sino que consiste en que la población local "intervenga" en la elaboración de los planes, para "decidir entre todos el modelo de desarrollo".

   Tras apuntar que el apoyo a las energías renovables se sostiene en "oscuros intereses privados y de Administraciones, grupos políticos, sindicales y no gubernamentales", la Plataforma sentencia que "desde los proyectos hidroeléctricos del franquismo es nula la tradición administrativa de integrar a la población en decisiones energéticas".

   Esto -añaden- unido al "autoritario" modelo de planificación territorial y a la "presión del lobby eólico/bancos para reducir trámites y participación política social" hace que "se aleje a la población de la gestión del territorio".

  PROYECTOS EÓLICOS COINCIDEN CON PERMISOS DE FRACKING

   A todo lo anterior se suma la "ilegal ausencia de planificación genérica", que hace que la suma de actuaciones en Cantabria y regiones limítrofes supere los 2.000 megawatios y que en algún lugar coincidan proyectos eólicos con permisos de investigación de sondeos previos al fracking.

   Sobre la fórmula de proyectos en competencia de la Ley eólica, desde la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria consideran que es "amiguismo" que "lleva al caos" al concentrarse los proyectos "en los lugares más apetecibles".

   En cuanto a los puestos de trabajo, consideran que el "escaso" empleo real fijo que se genera "no se asienta en el medio rural", que solo es "receptor de daños y perjuicios". Al mismo tiempo, alertan de "graves impactos" sobre la salud de las personas.

   También creen que se rompe la "alta conectividad ecológica" de los valles del Sur en el Gran corredor ecológico que va de las Sierras del Norte de Portugal a los Alpes Occidentales, pasando por la Cordillera Cantábrica.

   Por todo lo anterior, y "de insistirse en seguir adelante" con el nuevo Plenercan y la Ley eólica, y "seguir pasteleándolo todo solo con el lobby eólico", la Plataforma avisa que tras los recursos administrativos que procedan y la ampliación de denuncias ante las instituciones europeas, ejercerá las acciones penales que considere oportunas ante la "grosera mala fe" con que a su entender se incumple la norma.