Cantabria aprueba interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de reparto de menores migrantes

En concreto, se trata del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Gobierno de Cantabria considera que el Real Decreto-Ley, que modifica la Ley de Extranjería y establece los criterios de reparto de menores migrantes, invade las competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección y tutela de menores, recogidos en el artículo 24, apartados 22 y 23 del Estatuto de Autonomía para Cantabria.

El recurso habrá de interponerse, como máximo, hasta el día 19 de junio de 2025.

Cantabria remitió este lunes 31 de marzo al Ministerio de Juventud e Infancia los datos solicitados a las comunidades autónomas sobre su capacidad de acogida de menores, pero insistió en que el Real Decreto elaborado por el Gobierno central sobre los menores no acompañados es "claramente inconstitucional" y por ello lo llevaría a los tribunales.

En el caso de Cantabria, hay 220 plazas de acogida de menores, de las que 36 se destinan a atender a los menores extranjeros no acompañados. Actualmente, de estas últimas hay ocupadas 22, con lo que habría 14 libres, aunque la Consejería de Inclusión Social ha precisado que son datos "extremadamente volátiles" que varían con frecuencia.

A lo largo de 2024 la comunidad acogió a 41 de estos menores migrantes, pues aunque el número total de plazas es inferior (36), algunos no permanecen acogidos todo el año.

Éstos son los datos que Cantabria ha remitido al Ministerio porque, como reiteró el lunes la consejera, la comunidad "cumple y cumplirá la normativa vigente", sin perjuicio de activar "los mecanismos de defensa jurídica" frente a al Real Decreto-ley 2/2025, que hoy ha puesto en marcha.