Los centros de interpretación de Cantabria podrían abrir esta semana

Los cinco centros de interpretación del patrimonio natural de Cantabria que están cerrados podrían abrir este viernes o sábado si el Gobierno alcanza a llevar al Consejo de Gobierno del jueves la documentación pertinente para encomendar su gestión a la empresa pública Tragsa, o de lo contrario lo harán la semana que viene.

Así se les ha transmitido a los trabajadores después de que el Ejecutivo haya decidido rescindir el contrato por el que se adjudicaba a una empresa privada el proyecto de la Red de Centros de Interpretación del Patrimonio Natural de Cantabria y pasar a gestionar de forma unificada todos los centros con el fin de garantizar el empleo de todos los trabajadores que prestan sus servicios en Naturea, el programa de dinamización y uso público de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha señalado que esa rescisión del contrato le va a costar al Gobierno 96.00 euros -- todavía no se ha firmado porque se acordó en el Consejo de la semana pasada--, pero con todo la iniciativa costará "un 40% o 50% menos" de lo que tenía previsto el anterior Gobierno (PRC-PSOE).

Media ha hecho esta afirmación al ser preguntado por el PRC en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que han intervenido la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y numerosos consejeros.

Entre ellos la titular de Turismo, Eva Guillermina Fernández, que ha respondido a una interpelación del PSOE sobre si va a rescindir el contrato con la empresa que se encarga del Hotel Arha Casona de Carmona ante las protestas surgidas por su gestión.

Según la consejera, la empresa "ha manifestado la voluntad" de cumplir con el pliego, por lo que ha señalado que, si así lo hace, seguirá al frente de la instalación; y de lo contrario, "se rescindirá" el contrato.

"Déjenos resolverlo con el arrendatario de ahora, que será lo más fácil, y si no cumple, seremos los primeros en tomar medidas", ha dicho a los socialistas, asegurando que su departamento estará "vigilante para tomar las decisiones oportunas".

Además, Fernández ha respondido que esta situación "no es de ahora, es de hace tiempo", y de cuando la responsabilidad de esta instalación pública dependía del PRC, que era socio de Gobierno del PSOE la pasada legislatura. "Tenemos que enmendar los errores y negligencias que dejaron ustedes y sus socios de gobierno", ha sentenciado.

AGENDA DIGITAL DE CANTABRIA

Por su parte, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha respondido en el Pleno a una pregunta de Vox sobre el PERTE Chip y el posicionamiento tecnológico de la región. Un punto en el que ha avanzado que el Gobierno está diseñando la primera Agencia Digital de Cantabria, con el objetivo de impulsar el modelo productivo hacia sectores de mayor valor añadido, "lo que es sinónimo de más empleo de calidad".

Además, ha destacado que la región va a contar con la creación de una Cátedra Chip, una noticia que ve "francamente buena" porque implica recibir 387.150 euros para que la Universidad de Cantabria (UC) la desarrolle.

El titular de Industria ha subrayado que solo nueve comunidades autónomas contarán con esta partida y que, de las uniprovinciales, junto a Cantabria, únicamente está Navarra, pero con la mitad de presupuesto.

Arasti ha adelantado que el Consejo de Gobierno de la UC tiene previsto aprobar la creación de la cátedra pasado mañana, un proyecto que irá dirigido a la formación y contratación de personal investigador en el ámbito de los chips.

Según el consejero, la UC ya está preparando un itinerario de formación dentro de la cátedra para el próximo año, y en febrero se ha solicitado una cita con el comisariado de PERTE Chip.

Previamente ha intervenido en la sesión el consejero de Educación, Formación Profesional y universidades, Sergio Silva, a raíz de otras preguntas del PSOE sobre los cambios de matrícula en los centros concertados, respecto a los que ha manifestado que "ni ésta ni la anterior" Consejería aplican diferentes criterios para los agrupamientos y para la escolarización de la red privada y la red pública, entre otras cosas "porque no hay criterios divergentes".

En ese sentido, ha explicado que la revisión de las unidades concertadas se hace en el primer trimestre del año (de enero a marzo) y que se revisan para el curso siguiente, en este caso el 2024-2025.

"Se hace ahora así y se ha hecho así siempre, porque la matrícula no es algo cerrado que se determina en una fecha, es algo vivo", ha continuado el consejero, quien ha detallado que "en este curso, que todavía no ha acabado, ha habido más de 2.000 cambios de matrículas".

Por ello, Silva ha subrayado que las no se revisan una vez comenzado el curso, porque entonces no se terminarían "nunca los agrupamientos". "Se utilizan los mismos criterios para ambas redes (pública y privada)", ha incidido.

Por otro lado, el PSOE ha preguntado al Gobierno por la concentración parcelaria, un "capítulo olvidado" del mundo rural y que genera enfrentamientos entre vecinos por el "retraso y tardanza" en solucionarse este problema, por lo que el diputado socialista Joaquín Gómez ha pedido al PP que le dé el "empujón definitivo".

Entre concreto, se ha interesado por la concentración parcelaria en Ruente (513 hectáreas), Cabuérniga (515) y Ruiloba (418), y el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, ha expuesto la situación actual en cada una de ellas, enumerando y detallando los trabajos realizados y los que están pendientes, y resaltando que el Ejecutivo del PP trabaja en resolver modificaciones efectuadas en algunas de ellas "a la mayor brevedad posible".

Y ha aprovechado para admitir que la concentración parcelaria es "un problema para el campo que es necesario resolver" porque en algunos casos, como en Ruente, el proceso se inició hace 22 años y siempre ha sido "un desastre" como, según ha dicho el consejero, reconoce el propio alcalde, y debido a que durante ese tiempo los técnicos se han dedicado a "subsanar errores".

Ahora bien, ha recordado que PRC y PSOE gobernaron la región desde 2003 a 2011 y de 2015 a 2023, por lo que "podían haber hecho algunas cuestiones", ha criticado el 'popular'.