La Justicia cántabra pide 13 plazas judiciales para Social, la Audiencia, Santander y cuatro partidos más

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

La Justicia en Cantabria solicita trece plazas judiciales para Social, la Audiencia Provincial y los partidos de Santander, Torrelavega, Santoña, San Vicente de la Barquera y Medio Cudeyo. También reclama un Plan Director de Infraestructuras Judiciales "con soluciones viables, compromiso de gasto y plazo concreto de ejecución".

Son algunas de las demandas recogidas en la Memoria Judicial de 2025, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga, ha entregado este lunes a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en el primer encuentro institucional entre ambos, y en el que también han participado la vocal del Consejo General del Poder Judicial delegada para Cantabria Pilar Jiménez Bados -fue fiscal jefa en la comunidad- y de la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia.

El documento, elaborado con los informes de los miembros de la carrera judicial que ejercen en la región y aprobado por la Sala de Gobierno del TSJC, hace balance de la situación de la Justicia en Cantabria y detalla las necesidades de los tribunales, entre las que también figuran mejoras tecnológicas, de servicios y de personal, una adecuada atención a la infancia y la adolescencia en su relación con la administración de justicia, impulsar la inclusión y constituir los servicios de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

La memoria plantea, un año más, la necesidad de ampliar la planta judicial debido al volumen de asuntos que asumen los órganos judiciales y que superan los módulos previstos de ingreso, y porque jurisdicciones como la civil y la laboral han experimentado en los últimos años incrementos "significativos" en litigiosidad.

En concreto, se estima necesaria la creación de dos plazas judiciales para la Sección Social, una para la Civil y otra para la de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander; una plaza para cada uno de los tribunales de instancia de Santoña, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo y Torrelavega; y dos plazas penales y tres civiles -esto es, una nueva Sección Civil- para la Audiencia.

En materia de infraestructuras, la Memoria expone la situación de los órganos de Santander: repartidos en tres sedes "alejadas", las dos principales "completas y sin posibilidad aparente de crecer"; con una localización de los servicios "muy complicada" tras la implantación de la nueva organización judicial, lo que "dificulta que la señalética instalada sirva a su fin"; y con "deficiencias en los sistemas de calefacción y refrigeración, con particular e irritante efecto en el edificio Europa".

Por eso, el documento recomienda acometer un Plan Director de Infraestructuras Judiciales que estudie las necesidades y proponga "unas soluciones viables con compromiso de gasto y plazo concreto", incluso, si fuera necesario, mediante la creación de una subcomisión de obras e infraestructuras dentro de la Comisión Mixta Sala de Gobierno-Ejecutivo de Cantabria.

Además, la memoria apunta a otras mejoras, como de los sistemas de videoconferencia y grabación en salas de vistas o para facilitar el trabajo con el expediente judicial electrónico: escáneres para incorporar documentos al expediente, actualización de las plantillas del sistema de gestión procesal o un sistema de reconocimiento de voz que permita textualizar las actuaciones grabadas en sala de vistas.

PERSONAL.

Y en materia de personal, se aconseja formar presencialmente a todos los funcionarios en el uso del sistema de gestión procesal Vereda tras la adaptación del mismo al nuevo modelo organizativo, para evitar problemas que surgen cuando llegan interinos carentes de formación adecuada para ejercer en un órgano judicial.

Sobre los servicios que colaboran con la labor judicial, la memoria vuelve a poner de manifiesto la "tardanza" en la emisión por parte de los equipos psicosociales de informes que son "esenciales" en todos los procedimientos que puedan tener efecto en la vida de los menores de edad, y que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva por no adecuarse a la exigencia de un juicio en plazo razonable.

La memoria también propone medidas que permitan dar un tratamiento adecuado a la infancia y a la adolescencia, como espacios seguros para pruebas preconstituidas con garantías. Así, solicita mejoras en las cámaras Gesell de Santander y Torrelavega, y desarrollar el proyecto Barnahaus, así como un impulso a la inclusión o el uso de un lenguaje claro y accesible a través del sistema de lectura fácil.

Asimismo, propone que se constituyan los servicios de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y de que se visibilicen los mecanismos alternativos para resolver conflictos.

INSTITUTO MEDICINA LEGAL.

En cuanto al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria, se insiste en que carece de sede propia, sus salas de consulta son "reducidas", muchas no tienen ventanas y no hay salas de espera para los lesionados y las víctimas de violencia de género, que "tienen que permanecer en el pasillo hasta ser atendidos".

Además, el Servicio de Patología no cuenta en el Hospital de Valdecilla con una sala de autopsia que "reúna los requisitos legales para estas instalaciones".

Más allá de las necesidades de infraestructura, también se subraya que hay que dotar al IMLCF de un sistema informático de gestión propio, como los que tienen los institutos de otros territorios.

APOYO INQUEBRANTABLE Y SIN FISURAS.

Buruaga ha aprovechado para reiterar su "apoyo inquebrantable y sin fisuras" al poder judicial ante los "ataques contra su independencia" que proliferan desde determinadas esferas públicas y los "agravios" que los jueces y magistrados vienen sufriendo como colectivo.

"La posición del Gobierno de Cantabria y de esta presidenta es muy clara: absoluto respeto al poder judicial como poder constitucional del Estado, defensa de la independencia judicial, asumiendo y acatando sus resoluciones, y apoyo inquebrantable y sin fisuras a todos los jueces y magistrados", ha señalado.

Con Arsuaga, que tomó posesión del cargo el pasado 3 de marzo, la presidenta cántabra ha repasado el Pacto para la Justicia suscrito en 2024 entre el Gobierno regional y los agentes del sector, "inédito" en la comunidad y firmado para revertir el "deterioro" del sistema, ofrecer un servicio "de mayor calidad" y avanzar hacia una Administración de Justicia "más moderna, ágil, cercana y eficiente".