El Colegio de Abogados convoca una concentración en las Salesas y otra en Torrelavega el lunes contra la ley de tasas judiciales

   Según señala este colegio profesional en un comunicado, el manifiesto aprobado por el Consejo General expone "de manera clara" la postura de la Abogacía ante la situación "alarmante" que atraviesa la Administración de Justicia y especialmente ante la posible aprobación, el próximo 14 de noviembre, día de la huelga general, de dicho proyecto de Ley.

   Señala que la Abogacía "no puede admitir en modo alguno las limitaciones" que para los derechos de los ciudadanos se operan a través del citado proyecto, con la "excusa" de la situación económica que se atraviesa.

   En este sentido, destaca que los derechos fundamentales de las personas, y el del acceso a la Justicia constituye "uno de los principales", no deben quedar "supeditados" a las disponibilidades económicas de cada momento, pues "es obligación de todo Gobierno garantizarlos".

   El proyecto de Ley además, según dice, se ha tramitado "a espaldas" de todos aquellos que intervienen en la Administración de Justicia: jueces, secretarios, procuradores, abogados, etcétera, habiendo obtenido "el rechazo de muchos de ellos"; y asimismo, "se ha sustraído del debate de la sociedad en un procedimiento casi oculto, rápido y desde luego récord en la tramitación de un proyecto de Ley".

   Para manifestar su rechazo al proyecto, se han convocado concentraciones el próximo lunes en toda España. En Cantabria tendrán lugar en Las Salesas de Santander y en los Juzgados de Torrelavega.

   El Colegio de Abogados ha hecho un llamamiento a la sociedad de Cantabria "para que reaccione y sea consciente de la trascendencia que tiene para sus derechos la aprobación de este proyecto de Ley, ya que en muchas ocasiones muchas personas no van a tener oportunidad de defender sus derechos por carecer de medios para ello", dice.

   "Se implanta una Justicia para ricos, claramente discriminatoria para un número importante de los ciudadanos, que en muchas ocasiones no les va a quedar otro remedio que resignarse ante la injusticia", asegura.

   Añade que los abogados, que tienen entre sus funciones no sólo defender los intereses de sus clientes, "sino especialmente los derechos fundamentales de las personas", "tienen obligación de tratar por todos los medios que esta tropelía no se consume".

   A su juicio la reforma planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es "claramente improvisada, ausente de todo tipo de dialogo, enfrentada con la totalidad de los agentes que intervienen en la Administración de Justicia, y muy perjudicial para los intereses de los ciudadanos", por lo que "no debe de aprobarse, al menos, sin la frontal oposición de la Abogacía".

   "Esta Justicia que para ricos abre las puertas, y que a su vez la cierra para muchos ciudadanos, no va a ser Justicia en la medida en que es claramente discriminatoria", señala el Colegio, que insta a los ciudadanos a que acudan a las manifestaciones "para tratar de evitar que este desmán se consume".