La Fiscalía de Menores pide más medios ante el aumento de la delincuencia juvenil

   Durante 2010, en la Fiscalía de Menores se incoaron 1.324 y el Juzgado de Menores dictó 324 sentencias, 89 más que el año anterior, entre los que predominaron las lesiones, que dieron lugar a 231 expedientes.

   Esto supone que el nivel de agresividad de los menores "no disminuye, sino todo lo contrario", según alerta la Fiscalía Superior de Cantabria en su Memoria de 2010, a la que ha tenido acceso Europa Press.

   En ella, la Fiscalía insiste en que "el aumento de la delincuencia infantil es un hecho, y los casos de desprotección por o riesgo social, también"

   Y advierte de que el Centro de Menores de Parayas, pese a disponer de instalaciones y medios, materiales y humanos, "adecuados", se encuentra con todas las plazas ocupadas.

   Esto demuestra la "insuficiencia" de la capacidad de este centro ante la evolución de la delincuencia infantil más agresiva y del aumento de menores que deben ser abordados con recursos externos.

  FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS

   En cambio, este departamento destaca que se han atendido sus recomendaciones de dedicar el Centro de Isla Pedro exclusivamente a los menores objetos de protección, ya que antes convivían en él los que eran objeto de protección con los que cumplían medidas de reforma.

   También se aprecia que los centros e instalaciones para los menores extranjeros no acompañados (MENAS) --colectivo con tendencia a la reducción--, tienen "comodidades" y "facilidades" para satisfacer sus necesidades médicas, escolares y laborales y, en consecuencia, ayudar a su integración en la sociedad española.

   No obstante, se admite que hay una parte de estos menores que han protagonizado incidentes en su residencia en una localidad cercana a Santander, que llevó a "continuas" intervenciones de las fuerzas de seguridad.

   En general, dentro de sus visitas a los centros de menores y los pisos tutelados por el Gobierno de Cantabria, la Fiscalía observa un funcionamiento "adecuado" en sus instalaciones y en la profesionalidad de los educadores, que contribuyen "eficazmente" a que los usuarios dispongan de un hogar sustitutivo.

   También elogia el buen funcionamiento del centro terapéutico de tratamiento de patologías gestionado por la fundación Obelen, en el que se cumplen medidas penal a la vez que se siguen los tratamientos adecuados a cada uno de los menores.

  "DISPERSIÓN" LEGAL

   En la memoria, la Fiscalía Superior de Cantabria critica la "dispersión" legislativa en los procedimiento, que tiene como riesgo que se "superpongan" procesos y se produzcan resoluciones "contradictorias e incompatibles" sobre el mismo caso.

   Es un problema que sucede desde la entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Santander, de Familia e Incapacidades, debido a que no tiene unas normas de reparto "adecuadas" respecto a los procedimientos que entran.

   Para el Ministerio Público, el criterio adecuado supondría que en el reparto de los procedimientos sobre un mismo menor, estos los llevara el mismo Juzgado.

   Mientras esto no se regule "con sentido común", la Fiscalía recurre a la "única solución práctica" posible, que es que el Ministerio Fiscal pida la suspensión de los procedimientos de los procedimientos iniciados en nuevos juzgados sobre el mismo caso.

   Tras elogiar el papel de la Sección de Menores y su trabajo en la elaboración de informes, el Ministerio Fiscal reclama que se aumente la plantilla de este cuerpo, tanto en fiscales como en funcionarios, y que se cree una plaza de tramitador que se haga cargo del control de todos los expedientes.

   "El aumento de la delincuencia infantil es un hecho, y los casos de desprotección por o riesgo social, también", razona la Fiscalía, que juzga "muy escasa" para estos fines la plantilla actual, compuesta por dos fiscales que, según apostilla, compatibilizan este trabajo con la asistencia a otro tipo de juicios, y con la elaboración de los más de 300 expedientes incoados cada año.

  APUESTA POR LA ESPECIALIZACIÓN

   En la memoria de 2010, la Fiscalía Superior también alerta de que habría un "retroceso" en este campo si se ejecutara la resolución dictada el año anterior por la Dirección General de Justicia, que acordó que cualquiera de los equipos psicosociales puedan examinar a los menores para fijar medidas sobre ellos.

   En la actualidad, hay cuatro equipos psicosociales: de violencia integral, dos de familia y uno de menores.

   La Fiscalía apela al principio de especialización en la Jurisdicción de Menores como requisito "indispensable" en todos los convenios sobre menores, ante el "enorme beneficio" que supone para ellos.

   De hecho, este ministerio entiende que la "superespecialización" a la que ha llegado el equipo de Menores "agiliza de manera muy destacada" la tramitación de los expedientes y asegura una resolución "mucho más adecuada" a cada uno de los casos.

   Es algo que, recuerda, recoge también la legislación española, como la Ley del Menor, y que en Cantabria puede verse afectado si se da la posibilidad, como recoge esa resolución de Justicia, de que, por ejemplo, examinara a un menor un equipo especializado en violencia de género que "nunca" haya visitado un centro de reforma y tenga que decidir si el internamiento en unas instalaciones que no conoce es la medida más adecuada para el menor.

   La Fiscalía de Cantabria ha recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa esta resolución del Gobierno. Junto al recurso, pidió la medida cautelar, hasta que se pronuncien los tribunales, de suspender la resolución, algo a lo que el Gobierno accedió en febrero de 2011.

  DATOS DE MENORES

   En el apartado de protección de menores en situación de riesgo, se incoaron 317 expedientes, que llevaron a 194 expedientes de tutela y 77 de guarda.

   Durante 2010, en la Fiscalía de Menores se incoaron 1.324 diligencias preliminares en el área de reforma, de las que 284 se transformaron en expedientes. El Juzgado de Menores dictó 324 sentencias, de las que 21 fueron absolutorias.

   La cifra más elevada se corresponde con las lesiones (que dieron lugar a 231 expedientes), lo que supone que el nivel de agresividad de los menores "no disminuye, sino todo lo contrario", según alerta la Fiscalía.

   También aumentaron las relacionadas con la seguridad vial, que ya el año anterior habían sufrido un "elevado incremento".

   Y se incoaron 37 expedientes por violencia doméstica, que, de forma excepcional, llevaron a algún internamiento en centros específicos, para casos de "violencia aguda" en el seno de la familia.

   Hubo, asimismo, tres denuncias penales para casos de absentismo escolar, en los que se instó a los padres a que cumplieran con el principio de la obligatoriedad de la enseñanza hacia sus hijos.

   Durante 2010, se adoptaron 40 medidas cautelares por el Juzgado de Menores en respuesta a peticiones del Ministerio Fiscal, en las que se acordaron 12 medidas sustitutivas de las que se dictaron inicialmente tras comprobar que estas no se cumplían. Pero finalmente, sólo en un caso se tuvo que sustituir la medida en una que implicara régimen cerrado.

   Hubo seis casos de quebrantamiento de la libertad vigilada, mientras que el resto fueron incumplimientos de las prestaciones socioeducativas.