El reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas llega esta semana al Congreso

En concreto, se trata del real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Este modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece los criterios de reparto de menores migrantes entre las autonomías.

El Gobierno ha garantizado en las disposiciones adicionales del decreto la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se contará en 2025 con un crédito extraordinario de 100 millones de euros.

El texto aprobado modifica el artículo 35 la Ley de Extranjería añadiéndole cuatro puntos. El 35 bis establece que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia mantiene su plena autonomía y puede adoptar sus propias decisiones si las acuerda por unanimidad. Este punto indica, además, que la comunidad que cuente con una presencia de menores extranjeros no acompañados que triplique su capacidad ordinaria se encontrará en situación de contingencia migratoria, lo que trasladará al Gobierno para que active los mecanismos de reubicación.

El artículo 35 ter establece una serie de criterios para la distribución de los menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad de cada territorio. Estos pueden ser modificados también por unanimidad por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

La modificación legislativa regula, en el artículo 35 quater, cómo debe llevarse a cabo el registro del menor no acompañado. Así, cuando un menor llegue a una comunidad y esta se encuentre en situación de contingencia migratoria extraordinaria, el traslado a la comunidad de destino debe producirse en el plazo de 15 días desde que se complete el registro del menor.

Con el objetivo de conocer la situación del sistema de acogida, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia se pidió a las autonomías que aportasen el número de menores migrantes no acompañados que atienden en la actualidad antes del 31 de marzo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dado de plazo hasta la aprobación de este decreto el próximo jueves para que Aragón -que no ha enviado ningún dato-, y Madrid y Extremadura -que, según el Gobierno, han mandado datos genéricos-, manden información más precisa. De no ser así, el Ejecutivo advierte de que utilizará los útlimos datos conocidos, de 2023, para calcular el reparto, unos datos que sitúaban a Madrid como la región que más menores recibiría, más de 800.

CC.AA DEL PP CREEN QUE "INVADE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS"

Por otro lado, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado dispuestas a recurrir el reparto de menores migrantes del Gobierno, al considerar que "invade competencias autonómicas". En este sentido, Aragón avanzó la semana pasada que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Infancia y Juventud. Cantabria también ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto-ley, al igual que Castilla y León.

Mientras, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, informó el lunes de que el Gobierno regional interpondrá "en las próximas horas" el recurso ante el Tribunal Constitucional por el reparto de menores no acompañados. El mismo día, la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales avanzo que también lo recurrirá.

Igualmente, la Comunidad Valenciana ha autorizado el inicio de trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley. En su caso, considera que "supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas".

En julio del año pasado el Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y CC para repartir a menores migrantes, con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Desde entonces, el Gobierno ha negociado con los grupos parlamentarios para dar una solución a los territorios con sobreocupación.

La votación actual para repartir a los menores extranjeros se va a llevar a cabo después de que el Tribunal Supremo diese diez días al Gobierno para que se haga cargo de mil menores migrantes en Canarias que han pedido asilo. Este plazo termina este miércoles 9 de abril.

RETIRADA DE RECURSO Y ACOGIDA DE 1.000 MENORES

Precisamente, los gobiernos central y canario acordaron este jueves dar cumplimiento al fallo del Tribunal Supremo y organizar la derivación de un total de 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la red de acogida estatal. El Ejecutivo llegó a recurrir el fallo del Supremo, pero finalmente retiró el recurso tras la "productiva" reunión con Canarias, según explicó el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, el pasado viernes.

En declaraciones a los periodistas a la salida de una reunión interministerial celebrada en Tenerife, tanto el presidente canario, Fernando Clavijo, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, coincidieron en analizar "caso a caso" la situación de estos menores dado que las casuísticas son diferentes.

Así, Clavijo avanzó que acelerarían las reuniones con el Ejecutivo para que antes del miércoles coordinen cómo esos menores pasan a la red de protección internacional y se revuelva el problema de hacinamiento en las islas.