El Ayuntamiento impone a SIEC 46.000 euros, "la máxima penalización" por el incendio del MAS

   Los informes de los técnicos municipales concluyen que la empresa incumplió la obligación de mantener los sistemas de alarma conectados durante las obras así como el deber de informar al Consistorio de cualquier incidencia o aspecto relevante en relación a dichos sistemas.

   Y lo califican como un incumplimiento "muy grave" -ya que su actuación pudo agravar las consecuencias del incendio-, por lo que se acuerda la imposición de la penalización máxima prevista en el contrato, equivalente al 10% del importe del mismo, y que suponen los 46.000 euros citados.

   Según ha explicado en nota de prensa la concejala de Cultura, Miriam Díaz, la Junta de Gobierno Local acordó en julio de este año la apertura de sendos expedientes sancionadores a SIEC y a Codelse por el incendio del MAS que fueron trasladados a ambas empresas para poder formular alegaciones.

   Los expedientes se iniciaron a la vista de las conclusiones de la investigación abierta por el Ayuntamiento tras el incendio del museo, en noviembre del año pasado.

   La investigación municipal concluyó que durante las obras que se ejecutaban en el edificio se desactivaron las alarmas antiincendios y los sensores de humo sin conocimiento previo ni autorización alguna por parte del Consistorio.

   Además, los informes de los técnicos señalaban que la desactivación de esos dispositivos mermó la posibilidad de reaccionar y pudo agravar los daños ocasionados por el fuego que, a la llegada de los bomberos, estaba completamente desarrollado.

   Los informes emitidos por los distintos departamentos municipales responsables de los contratos indicaban que SIEC, como contratista de las obras, tenía la obligación de mantener operativos durante los trabajos los sistemas de seguridad del edificio en materia de detección de incendios y robo. Sin embargo, en el momento del incendio no estaban operativos ni los sensores de humo ni las alarmas antiincendios.

   Codelse, por su parte, como responsable del mantenimiento de dichos sistemas de seguridad, debía emitir informes mensuales de sus tareas y comunicar cualquier incidencia al Ayuntamiento, obligaciones que tampoco se cumplieron por parte de la empresa.

   En consecuencia, se considera que ambas empresas "incurrieron en incumplimientos muy graves de sus respectivos contratos que conllevan la imposición de las penalizaciones máximas previstas en cada uno de ellos".

  PENALIZACIONES

   En el caso de SIEC, la penalización máxima asciende a 46.000 euros (el 10 % del importe del contrato) y es la que se acuerda imponer una vez desestimadas las alegaciones de la empresa.

   En cuanto a Codelse, se ha impuesto también ya una penalización económica -de 1.138 euros- por el incumplimiento del contrato que expiró el 20 de julio de 2017.

   Se está a la espera del informe del Consejo de Estado para resolver el contrato vigente desde el 21 de julio del mismo año para el mantenimiento integral de alarmas municipales.