El juicio del concurso de Ecomasa se celebrará el 11 de septiembre

   El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander ha fijado para el 11 de septiembre el juicio del concurso de acreedores de Ecomasa (EWI), la empresa de estufas que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fábrica que abrió en el polígono La Cerrada de Maliaño y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales.

   Tanto la Fiscalía como la administración concursal piden la calificación de culpable del concurso; y la inhabilitación de los propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, por cinco años y ocho años, respectivamente, para llevar a cabo actividades de comercio, formar parte de un órgano societario y administrar bienes ajenos.

   Asimismo, les reclaman 2,3 millones de euros de indemnizaciones por daños y perjuicios y solicitan que se declare "cómplices" a las empresas Ecomasa de Inversiones II y Comercial e Industrial NM Chile.

   Aunque sólo Fiscalía y administración concursal pueden hacer dictamen de calificación de concurso, en el procedimiento también están personados SODERCAN y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), así como Lavín, De León y Antonio Hernández Molina.

  PRUEBAS TESTIFICALES Y PERICIALES

   Según ha informado a Europa Press la administración concursal, el juicio estaba inicialmente señalado para junio pero se ha trasladado a septiembre. Entre las pruebas testificales está prevista la declaración de Lavín y de León, y se han propuesto como prueba pericial tres informes: el del perito designado por el juzgado; la auditoria realizada por Ernst&Young por encargo de Sodercan; y la de KPMG Auditores propuesta por los propietarios de EWI.

   El dictamen de la Fiscalía se basa en el informe de la administración concursal, en el que se desgranan las actuaciones de los dos empresarios y cómo, desde la creación de Ecomasa en 2012, y hasta junio de 2015, ésta recibe 18 millones de ayudas públicas del Gobierno de Cantabria --presidido entonces por el PP-- y 3,2 millones de la empresa TEKA, correspondiente a las indemnizaciones de los trabajadores que iba a recolocar en su fábrica. En total, 21 millones de euros.

   Asimismo, se señala que, a su vez, la empresa concedió "importantes" préstamos financieros a otras empresas del grupo de Lavín y De León con fábricas de Bélgica, Chile y Barcelona, por un importe total de 5.729.470 euros, de los cuales solo se han recobrado 873.122 euros.

   La administración concursal, que utiliza como informe pericial la auditoria realizada por Ernst&Young por encargo de Sodercan, habla de 15,4 millones de euros de pérdidas "no recuperables". El balance total de acreedores que se hace en ese documento eleva la deuda total a pagar por Ecomasa-EWI a más de 16 millones de euros entre entidades financieras, entidades públicas, Hacienda y otros.

   El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a Ecomasa en septiembre de 2015, al mes siguiente se abrió la fase de liquidación, y en enero de 2016 se autorizó la medida colectiva de extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla.

  QUERELLA Y COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

   El cierre de Ecomasa-Nestor Martin pese a la inyección de 18 millones de euros de dinero público sigue teniendo otros frentes abiertos además del mercantil: en la vía penal, el procedimiento derivado de la querella de los trabajadores contra De León y Lavín; y en el Parlamento, la comisión de investigación creada a iniciativa de Podemos y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, para depurar responsabilidades políticas.

   Tras casi dos años desde la puesta en marcha de la comisión de investigación, los grupos han presentado la semana pasada sus conclusiones, que se debatirán esta semana, el miércoles 16, en comisión y después irán a Pleno, se supone que antes de que termine el periodo de sesiones en junio. Tanto PSOE y PRC como Podemos defienden que el dictamen se eleve a la Fiscalía y se investigue el destino de los 21 millones.

   En la vía penal, Lavín y De León están imputados por un supuesto delito societario por los 18 millones concedidos por el Gobierno de Cantabria en financiación y avales.

   La causa contra los dueños de Ecomasa, en la que están personados SODERCAN y el ICAF, se abrió a raíz de la querella de los trabajadores, a la que más tarde se unió la denuncia presentada por el Gobierno PRC-PSOE ante la Fiscalía.

   El procedimiento lleva casi un año parado desde que la Audiencia provincial rechazó los recursos del comité de empresa contra los primeros sobreseimientos acordados por la jueza instructora, Mercedes Compostizo, titular del Juzgado nº 5 de Santander.

  PARADO HASTA EL JUICIO MERCANTIL

   Según han indicado a Europa Press fuentes de la parte social, ello se debe a que la Fiscalía ha decidido "no mover ficha" hasta que se celebre el juicio en la vía mercantil. El verano pasado, la jueza del caso acordó, a petición del Ministerio Público, una prórroga de 18 meses en la instrucción por su "complejidad".

   Fue poco después de que la Audiencia confirmara el archivo de parte de la imputación inicial contra Lavín y León, en concreto la relativa a los 3,3 millones de euros que Teka aportó a Ecomasa en 2012 como contrapartida por la recolocación de 88 trabajadores en la fábrica de estufas de La Cerrada, que empezó a funcionar en febrero de 2013.

   La plantilla defendía que ese dinero era el que les correspondía como indemnización por su salida de Teka, que entonces estaba inmersa en un expediente de regulación de empleo, pero los jueces no les han dado la razón, ya que entienden que al aceptar la recolocación perdieron el derecho a la indemnización.

   Junto con el archivo de la parte relativa al dinero recibido por Ecomasa de Teka, la Audiencia también ratificó la negativa del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander a admitir a trámite la ampliación de la querella solicitada por el comité de empresa de Ecomasa, que pretendía extender su acusación a tres directivos de Teka.

   Durante todo este tiempo, los trabajadores han seguido pleiteando en los juzgados de lo Social para cobrar sus indemnizaciones, primero contra SODERCAN y después contra el Fogasa, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria rechazó que SODERCAN fuera responsable solidario en el pago de las mismas.