Decima.- jornada sobre el juicio de la presunta "Rebelión" en Cataluña y Rull ataca al TC

Día  21.- Sànchez califica de "ilegal" el referéndum pero dice que ninguna autoridad judicial les impidió hacer campaña

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha calificado de "ilegal" el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo ha defendido que organizar una consulta así "no merece reproche penal", y de hecho ha subrayado que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.

"Organizar un referéndum ilegal no merece reproche penal. La ciudadanía asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar. Creemos que todo el mundo tenía el derecho a participar como en una manifestación", ha justificado Sànchez durante su declaración en el juicio por el proceso independentista en Cataluña. 

   El acusado ha comenzado a responder preguntas sobre el 1-O después del receso del juicio para comer. Por la mañana el interrogatorio ha estado más centrado en el 20-S, y ya por la tarde se le ha cuestionado sobre las movilizaciones durante el día del referéndum.

   A la pregunta del fiscal Javier Zaragoza acerca de si sabía que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, el acusado ha respondido que no tuvo "conciencia" de que la Fiscalía o las autoridades judiciales "prohibieran a la ciudadanía participar".

   Y además, ha insistido varias veces en que la ANC, Òmnium Cultural y otras organizaciones hicieron campaña "de forma muy activa" durante los 15 días previos al 1-O: "Lo hicimos de forma pública, pidiendo permiso para cada acto. Y en ningún caso, a pesar de la publicidad, de que alquilamos espacios, se nos prohibió ni se nos dijo que no podíamos llamar a participar. Hicimos una campaña pública, visible".

   Sànchez se ha escudado en que la sentencia como tal del tribunal de garantías declarando inconstitucional el referéndum se emitió con posterioridad al 1-O, pero ante la insistencia del fiscal, ya que el fallo suspendiendo la convocatoria es de unas semanas antes, ha contestado que "si la ley estaba suspendida, un Estado de Derecho que confía en sus instituciones no tiene qué temer ante una movilización ciudadana así".

   Lo que sí ha admitido es que sabía que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona Mercedes Armas había dado órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no permitieran la celebración de la consulta.

   Y entonces, a la pregunta de por qué hicieron llamadas a votar ese día, el acusado ha afirmado que "el derecho de manifestación, la libertad de expresión" para defender la autodeterminación "no es un acto ilegal". También ha dicho que no imaginó que se pudiera producir la violencia que luego se vivió el 1-O.

  20.- Rull ataca al TC y basa su desobediencia en una resolución del Tribunal Supremo de Canadá

En un áspero cruce de preguntas y respuestas con la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha admitido que fue advertido hasta en seis ocasiones por el Constitucional en los meses previos al referéndum del 1 de octubre dee 2017, desde la aprobación del proceso constituyente hasta la ley de transitoriedad, pero ha censurado que el tribunal recurriese en tantas ocasiones al artículo 16.2, según el cual una norma autonómica queda automáticamente suspendida cuando el TC admite a trámite una impugnación del Gobierno de la nación.

   "Hay una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno y suspendida. Hay una utilización sistemática, constante, permanente por parte del Estado y el Constitucional se ha dejado instrumentalizar para dejar la autonomía de Cataluña absolutamente minimizada", ha explicado.

  EQUILIBRIO Y PONDERACIÓN

   Ha sido en ese punto cuando Rull ha subrayado que el Govern de Carles Puigdemont actuó siempre buscando la "ponderación" y el "equilibrio" entre "el imperio de la ley y el principio democrático", y para argumentar esta forma de actuación ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá, según la cual "un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al Derecho", sino que también "necesita legitimidad, interacción entre imperio de la ley y el principio democrático".

   "Nosotros siempre buscábamos el equilibrio entre los dos elementos. El sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. El objetivo era poner a disposición de la gente el instrumento para proyectar su voluntad y hacerlo a través de las urnas", ha manifestado el exconsejero, para añadir después que se sintió "honrado" por participar en este proceso y aprobar las medidas que derivaron en el 1-O.

   Ha sido en ese momento cuando la fiscal le ha preguntado directamente si ha leído la doctrina del Supremo de Canadá y no la del Tribunal Constitucional español, a lo que el acusado ha contestado que su "convicción" es que el Alto Tribunal tiene un "déficit importante de autoridad moral" y que su opinión es "compartida por personas relevantes en el mundo jurídico".

   En otra parte del interrogatorio, Madrigal ha dedicado buena parte de sus preguntas a saber por qué las denominadas leyes de desconexión (ley de referéndum y ley de transitoriedad) se aprobaron de forma tan apresurada los días 6 y 7 de septiembre de 2017, "sin firma del secretario del Parlament, sin admisión de enmiendas y desestimándose todas las consideraciones".

   Rull no ha respondido a esta cuestión y se ha limitado a decir que "otros testigos y acusados podrán explicarlo" y ha asegurado que las dos leyes se tramitaron y aprobaron "de acuerdo al reglamento del Parlament" y garantizando "la pluralidad política y democrática del Parlament". Y tras la insistencia de la fiscal, ha acabado admitiendo que la tramitación y votación tuvo lugar "tarde, de noche".

   Y sobre el posterior decreto de convocatoria del referéndum independentista, ha confirmado que lo firmó "en conciencia" y "en base a una ley plenamente vigente emanada de un Parlamento plenamente democrático" que expresaba la "voluntad popular". Todo ello a pesar de que ha admitido que las leyes de desconexión fueron suspendidas por el Constitucional tras su aprobación.

  AÚN VEÍAN POSIBLE UN REFERÉNDUM PACTADO

   También ha afirmado que cuando votó los presupuestos de la Generalitat que incluyeron partidas concretas para consultas populares --partidas que el TC también tumbó-- "no tenía conciencia de hacer nada malo", pues el Govern aún creía "posible" organizar un referéndum pactado con el Estado.

   Por otro lado, y al igual que otros acusados que han declarado anteriormente, Rull ha dicho no conocer el documento Enfocats, pero sí ha reconocido que estuvo en las reuniones de elaboración y firmó la hoja de ruta de 2015 que puso en marcha el proceso independentista, pero ha explicado que no era un "documento estratégico", sino la base del programa de Junts pel Sí.

   Según Rull, esa hoja de ruta marcaba que a las elecciones de septiembre de 2015 se les iba a dar un "carácter plebiscitario" porque ya se habían "agotado los instrumentos que el Derecho español da para convocar un referéndum".

   "Utilizamos todas las vías, lo intentamos más de 20 veces por todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance. Por eso, ¿qué mejor forma que buscar un mandato popular a través de un referéndum?", se ha preguntado.