Agentes de la UCO vuelven a señalar al fiscal como filtrador

La defensa del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron informes esenciales de la causa han dejado patentes sus diferencias este miércoles, ya que los uniformados han vuelto a señalarle como el supuesto filtrador, algo que la abogada del Estado les ha afeado al considerar que se basan en "meras inferencias".

Tres agentes de la UCO, entre ellos el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas --al frente de estas pesquisas en la Benemérita--, han ratificado las conclusiones a las que llegaron en el informe que apuntala la causa, donde resolvieron que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en la presunta filtración.

Se trata, en concreto, del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de pactar y evitar la cárcel, un `email` que, según el magistrado instructor, García Ortiz filtró a la `Cadena SER` la noche del 13 de marzo.

"Es la persona sobre la que tenemos más indicios y la Fiscalía está jerarquizada y hay un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado", han expuesto los agentes de la UCO para justificar por qué concluyeron que la filtración tuvo que proceder necesariamente de García Ortiz.

"¿Entonces, como es el jefe tiene que ser el filtrador", ha incidido la abogada del Estado Consuelo Castro, que defiende a García Ortiz. "Evidentemente no", ha replicado uno de los uniformados que han comparecido en esta quinta sesión del juicio en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general, que se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y al pago de más de 400.000 euros.

Los agentes han indicado que, por un lado, se basaron en "una coincidencia temporal" porque --han sostenido-- solo la Fiscalía General del Estado (FGE) tenía acceso a la documentación filtrada. "Sí, en poder de la FGE y de 600 personas más", le ha corregido Castro, resaltando que más de 500 personas tenían acceso a ese material en la Fiscalía desde el 7 de marzo y "todos los fiscales de Madrid" desde el 20 de febrero, y ello sin contar al personal de los juzgados madrileños, donde se formalizó la denuncia el 5 de marzo.

Frente a ello, los agentes han argumentado que García Ortiz y los fiscales incluidos en el denomindado "equipo de Fortuny" eran "actores cualificados".

En esa línea, han llamado la atención sobre una conversación donde la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la publicación el 12 de marzo en `eldiario.es` de la existencia de una investigación contra González Amador, asumió que, una vez analizada la documentación, se la había dado "publicidad" por parte de la FGE. "Supone un antecedente de filtrado", han afirmado.

Asimismo, han señalado que las comunicaciones de WhatsApp que tuvo García Ortiz la noche del 13 de marzo --y que se conocen por el teléfono móvil de Rodríguez-- para conseguir la cadena de `emails` entre el abogado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal del caso, Julián Salto, "reflejan el `modus operandi` de recabar información y después, presuntamente, filtrarlo".

A su juicio, tanto estas comunicaciones como las referidas a la elaboración y difusión de una nota de prensa a las 10:22 del 14 de marzo por parte de Fiscalía, dando detallada cuenta de ese intercambio de `emails`, muestran "un dominio del fiscal general del Estado". "Tiene una serie de colaboradores pero lo que se ve aquí es el dominio, de toda la Fiscalía, a todos los niveles" de García Ortiz, han reiterado.

"Claro, somos un cuerpo jerarquizado", ha espetado el fiscal, que también rechaza la tesis acusatoria. "Entonces, es una deducción suya", ha sumado. "No, no es una deducción mía", ha frenado el agente en cuestión.

SI LOBATO SOSPECHÓ, CON MÁS RAZÓN UN FISCAL

También se les ha preguntado por los mensajes de WhatsApp que los entonces asesora de Moncloa y líder de los socialistas madrileños, Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato, respectivamente, se intercambiaron desde las 8:29 horas del 14 de marzo, cuando ella le pasó un pantallazo del citado `email` para que lo usara contra Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Los agentes han apuntado igualmente que, en este caso, "Sánchez Acera parece que tiene el dominio de la acción porque le dice cuándo se va a publicar". "Antes de que tú salgas va a estar en los medios", han recordado.

Para los uniformados, "lo que es llamativo es que el señor Lobato, desde el minuto uno que lo recibe, sin ser fiscal (...), se da cuenta de que un correo con esos datos personales, publicarlo, sin que previamente esté en los medios de comunicación, puede llegar a incurrir en una irregularidad".

"De ahí que una de las cosas que nosotros colegimos es que mucho menos fiscales no van a caer en que publicar una nota de prensa con frases textuales de diferentes correos va a ser, al menos, irregular", han apostillado.

Así, han razonado que "lo que facilitó" que esa nota de prensa pudiera publicarse el 14 de marzo es que a las 23:51 del día anterior la Cadena SER publicó el contenido del referido `email`. De esta forma, han identificado la existencia de "dos circuitos" con propósitos distintos: uno que acabó con el pantallazo reenviado a Lobato y otro, con la filtración a la prensa del correo de 2 de febrero.

CAMBIO DE TELÉFONO Y BORRADO DE MÓVIL Y GMAIL

Otro de los indicios que han mencionado los agentes de la UCO, a preguntas esta vez de las acusaciones, especialmente de la ejercida por González Amador, ha sido que, como plasmaron en sus informes, el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil el 16 de octubre de 2024, cuando le encausó el TS, y cambió de terminal una semana después, el día 23.

"Se observa que el mensaje más antiguo es del 16 de octubre, a las 15:04, y una acción previa, entre las 15:01 y las 15:03, compatible con el borrado de información (...) Se puede afirmar que ha existido un borrado", ha aseverado un agente.

Por las conexiones de las tarjetas telefónicas con los terminales, ha explicado que también se puede establecer que una semana después cambió de dispositivo y "formateó" el antiguo, que --de acuerdo con los agentes-- no ha devuelto.

El contenido podría haberse recuperado por la copia automática que se generaba en la cuenta personal de Gmail de García Ortiz pero los agentes han manifestado que, al intentarlo, "el proveedor" les comunicó que había sido "eliminada recientemente", sin poder especificar cuándo.

Por otro lado, un agente ha declarado que, el día del registro de su despacho, García Ortiz se mostró colaborador hasta el punto de que les informó de que hacía poco que había cambiado de teléfono y que "había destruido" el antiguo. "Yo no dije eso", ha dicho el fiscal general, a micrófono cerrado. Ese detalle no se reflejó en el acta.

Posteriormente, ya en el turno de Fiscalía y Abogacía, los agentes han precisado que en realidad "no es posible" tener una "certeza técnica" de que con dicho borrado se eliminaran los mensajes intercambiados en la semana clave --del 8 al 14 de marzo de 2024--. "Se han tomado las medidas necesarias para que eso no sea posible", han afeado.

Para refutar las tesis de la UCO, la defensa ha presentado un informe pericial que sostiene que "no es posible determinar" si el fiscal general borró los mensajes relevantes ese 16 de octubre. Los firmantes de dicho informe han ratificado sus conclusiones ante el tribunal.

Los agentes de la UCO han reivindicando que todo esto "son indicios que, valorados en su conjunto, llevan a una conclusión". "No dan lugar a poner otra cosa que lo que decimos en el informe", han zanjado.