Banco de España cree que la ley hipotecaria beneficiará al cliente pero aumentará el coste de los préstamos

   Así lo ha señalado la subgobernadora durante la clausura de la jornada sobre el impacto de la nueva ley de crédito inmobiliario organizada este jueves por PwC, donde ha reafirmado la valoración positiva que hace el Banco de España de la nueva normativa.

   Sin embargo, ha reconocido que los mayores gastos de constitución soportados por los prestamistas, los límites a las comisiones por amortización anticipada y retraso en la recuperación de la deuda impagada, "producirán un aumento inevitable en los costes de los nuevos préstamos, que las entidades deberán incorporar en sus políticas de precios para poder ser viables y retribuir adecuadamente su capital".

   "Está claro que la banca, como cualquier otra empresa, únicamente puede subsistir si es rentable. Por ello las entidades deben ser capaces de repercutir los costes y riesgos asociados a cada nueva transacción", ha advertido la subgobernadora, quien ha subrayado que, para garantizar su viabilidad y lograr retribuir su capital adecuadamente, cada entidad individual debe contar con una adecuada política de precios que le permita cubrir los costes y riesgos asociados a cada préstamo, así como establecer las estructuras de gobierno y los procesos de gestión que garanticen una gestión efectiva de dichos riesgos.

   En cualquier caso, desde el Banco de España consideran que la regulación estricta del clausulado, junto con el refuerzo de la información disponible para los clientes en la fase precontractual, contribuirá a reducir la inseguridad jurídica y la elevada litigiosidad del mercado inmobiliario.

   En esta línea, Delgado ha apuntado que la ley introduce medidas de salvaguarda y protección del cliente bancario y restablece la seguridad jurídica, dos aspectos que resultan "vitales" para el correcto funcionamiento del mercado hipotecario. En este sentido, la litigiosidad e inseguridad jurídica de los últimos años se ha concentrado especialmente en el mercado hipotecario.

   "En términos económicos, el coste de la litigiosidad y su terrible efecto en la reputación de todo el sector sobrepasan con creces cualquier hipotético beneficio que entidades individuales hubieran podido obtener a través de prácticas más que cuestionables", ha afirmado.

   En este contexto, la subgobernadora ha destacado que solo a través de un comportamiento ético con la clientela podrá la banca recuperar a medio plazo la reputación y la confianza, por lo que es necesario que se produzca "un cambio cultural en el modo en que las entidades se relacionan con su clientela".

   Para ello, se precisa el compromiso de los órganos de gobierno, que deben "implicarse activamente" en aspectos como el diseño y la gobernanza de los productos que comercializa la entidad, así como en la formación y el cambio en los mecanismos de incentivos al personal de ventas.

  NUEVAS HERRAMIENTAS MACROPRUDENCIALES

   Margarita Delgado también ha incidido en el papel de las nuevas herramientas macroprudenciales que otorga la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), que permitirán a los supervisores reaccionar y tomar las medidas correctoras adecuadas antes de que se acumulen excesivos desequilibrios en los balances bancarios.

   En este sentido, ha reconocido que la aplicación de estas herramientas "no puede ser nunca algo automático", sino que su uso debe ser medido y articulado con responsabilidad por parte del supervisor.

   "En todo caso, es previsible que la activación de estas medidas en momentos altos del ciclo acarree críticas por parte de la opinión pública, de los consumidores y de las propias entidades. No debemos olvidar que el objetivo perseguido es la restricción del crédito focalizada en un sector determinado", ha apuntado la subgobernadora, quien ha indicado que, aplicadas al sector inmobiliario, las medidas encarecerán y frenarán el crédito, dificultando inevitablemente el acceso a la vivienda en propiedad, aunque sea de modo coyuntural.

   En cualquier caso, ha recordado que el resultado de la no acción por parte del supervisor es "infinitamente peor que su alternativa". "La memoria colectiva es frágil, pero espero que no olvidemos nunca cuál es el precio de no actuar decididamente a tiempo", ha apostillado.