Stop-Desahucios denuncia un lanzamiento a una madre y su hija este jueves en Santander
Esperan que el juzgado les dé un mes más ya que podrían obtener un piso en Hoz de Anero a través la Oficina de Emergencia Habitacional
La plataforma Stop-Desahucios ha denunciado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Santander ha fijado para este próximo jueves, 25 de julio, a las 10.00 horas, el lanzamiento de una madre y su hija de su vivienda y que se producirá "si nada lo remedia".
Según la plataforma, la madre tiene 62 años y lleva cuatro años sin encontrar trabajo después de haber trabajado toda la vida en la hostelería y cuidando a personas mayores y la hija, de 32 años, también lleva sin trabajo casi un lustro y además recientemente ha sido víctima de violencia de género y se sufre ansiedad y trastorno por estrés postraumático.
Ambas, según indica en un comunicado Stop-Desahucios, "sobreviven" con una renta social básica de 530 euros y en 2018 "no pudieron seguir pagando el piso" tras lo que, en pocos meses, recibieron la demanda de desahucio.
En principio, el lanzamiento se fijó para el pasado 11 de marzo pero fue paralizado "en el último momento" y confían en que, en esta ocasión, el juzgado "sea sensible" y les de un mes más de plazo para "conseguir una alternativa habitacional".
Y es que, según explica la plataforma, en la última semana, Stop-Desahucios y la familia han buscado otras alternativas de vivienda y "parece que es probable la obtención de un piso de alquiler social por parte de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria en la localidad de Hoz de Anero".
Pero, añade, "debido a diferentes circunstancias y al papeleo, es posible que no puedan firmar el contrato y obtener las llaves del piso a tiempo". En ese caso, la plataforma Stop-Desahucios presentaría un nuevo escrito, solicitando una nueva suspensión por un mes.
Para este martes, la plataforma ha convocado una asamblea para decidir si se convoca una movilización para parar el desahucio, "siempre y cuando sea necesario", ya que el propietario de la vivienda es un particular y no una entidad bancaria, que es contra las que actúa el colectivo.
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