La Audiencia juzga hoy por estafa a una pareja que recibió 80.000 euros por un estudio que no entregó

   La Audiencia Provincial de Cantabria juzga este martes a una pareja acusada de estafa por comprometerse a realizar un plan estratégico de expansión de una empresa inmobiliaria que nunca llegaron a entregar. El fiscal pide para cada uno de ellos dos años y medio de prisión, multa de 4.500 euros e indemnización de 79.371 euros.

   Según el fiscal, los dos acusados, que en el momento de los hechos formaban matrimonio, ofrecieron a quien había sido cliente de la mujer, abogada de profesión, elaborar un estudio de mercado para que el cliente pudiera expandir su negocio en países de Europa del Este.

   Aseguraron a la víctima que el acusado era experto en planes de expansión empresarial internacional, cuando "la realidad era totalmente distinta", ya que todas sus empresas se dedicaban a actividades del sector de la informática.

   Las dos partes acordaron verbalmente la realización del plan de expansión por un precio de 185.600 euros. En dos anticipos, el cliente pagó un total de 79.372 euros, pese a que los trabajos "nunca llegaron a realizarse en los términos pactados, tal y como desde un principio supieron ambos acusados".

   La acusación particular solicita para los acusados una condena de tres años y medio de cárcel, 6.480 euros de multa y la misma indemnización que el ministerio fiscal. Además, pide que la acusada sea inhabilitada para el ejercicio profesional de abogada.

   El juicio se celebrará a partir de las 10.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia y está previsto que continúe el miércoles, a las 10.00 horas.

  SEGUNDO JUICIO POR ESTAFA

   Por otro lado, este martes, a partir de las 12.00 horas, se celebrará otro juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra un hombre acusado de estafar a su socio, para el que el fiscal pide una condena de año y medio de prisión e indemnización de 30.000 euros.

   Según el fiscal, el acusado, con intención de obtener un beneficio ilícito aparentó realizar una aportación de 30.000 euros a la empresa de la que era administrador solidario para conseguir que su socio aportara la misma cuantía.

   Por su parte, la acusación particular que ejerce el socio del acusado, califica los hechos como delito de estafa en concurso ideal con un delito de apropiación indebida y pide una pena de cuatro años de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de comercio mediante cualquier entidad mercantil.

   La indemnización solicitada es la misma que la propuesta por el ministerio público.