Noticias de Cantabria
Crónica negra y Tribunales 16-02-2019 09:00

Quinta jornada sobre el juicio de la presunta "Rebelión" en Cataluña

El juicio comenzó con gran expectación mediática y escaso seguimiento en la calle. La foto del corte de la Layetana era patética porque era cortada por 20 personas.Los letrados han incidido en que se trata de un juicio político y aportan las incidencias previas que son rechazadas.

  Día 16.-  El soberanismo busca este sábado la primera gran manifestación contra el juicio

Torra y Torrent acudirán a la protesta que se hará a las 17 horas en la Gran Vía de Barcelona

Partidos y entidades soberanistas han convocado para este sábado en la Gran Via de Barcelona una protesta contra el juicio del 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo y buscan que sea la primera "gran manifestación" contra el proceso judicial que afecta a los líderes independentistas encausados.

   La convocatoria se ha fijado a las 17 horas con el lema `La autodeterminación no es delito`, y será el primer acto del soberanismo catalán con el clima preelectoral ya instalado, después de que este viernes se haya confirmado el adelanto de las generales para el 28 de abril.

   El objetivo de los organizadores de la marcha es llenar el tramo de la Gran Via que va desde la plaza Universitat a la plaza España, unos dos kilómetros de trayecto de una de las principales arterias de comunicación de la capital catalana.

   La manifestación de este sábado forma parte del "nuevo ciclo" de movilizaciones que el soberanismo anunció con motivo del proceso judicial y que empezó el martes, día de inicio del juicio, con varias concentraciones en Catalunya, la más importante en Barcelona.

   Este nuevo ciclo de movilizaciones cuenta con el respaldo de partidos como JxCat, PDeCAT, la Crida, ERC, la CUP, los comuns y Demòcrates, y de entidades como la ANC, Òmnium Cultural y la Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa a los familiares de los presos.

  HUELGA GENERAL INMINENTE

   En la protesta de este sábado se llamará a secundar de forma masiva la huelga general para el jueves 21 de febrero que ha impulsado el sindicato Intersindical-CSC, convocada oficialmente para reclamar mejoras sociales, pero con el trasfondo de criticar el juicio del 1-O.

   En la concentración del martes en plaza Catalunya se leyó un manifiesto, que contó con el apoyo del vicepresidente del Govern Pere Aragonès y la portavoz Elsa Artadi, en el que ya se pedía "parar el país" como protesta por el proceso judicial.

   A la marcha de este sábado está prevista la asistencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresidente, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y dirigentes de partidos como el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

   El juicio del 1-O se reanudará el próximo martes con la declaración del exconseller de Presidencia Jordi Turull (JxCat), al que seguirá la declaración del exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva (ERC).

 

Día 15.- La Eurocámara prohíbe la conferencia de Puigdemont y Torra en Bruselas por razones de seguridad


Se escuda en la reciente ocupación de las sedes de la Comisión y el Parlamento Europeo por parte de manifestantes independentistas.

 

Día 14.-  Forn defiende que es compatible impulsar el referéndum y hacer cumplir la orden judicial para evitarlo


Niega que los Mossos le planteasen la posibilidad de "escenarios de violencia generalizada" durante el 1-O

   El exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn ha defendido este jueves en el juicio por el `procés` independentista que desde su cargo en la Generalitat era compatible impulsar un referéndum y a la vez no dar ninguna instrucción a los Mossos d`Esquadra, cuya gestión depende dicha Consejería, para que de esta manera la policía autonómica catalana pudieran cumplir el mandato judicial que ordenaba impedir la votación del 1 de octubre de 2017.

 

 

   Así lo ha dicho a las preguntas del fiscal Fidel Cadena y que después ha precisado a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ha querido incidir en este asunto después de manifestar que no había entendido bien las respuestas anteriores.

   Forn, que viste traje y corbata y lleva en la solapa la insignia de la Generalitat y de vez en cuando ha hecho uso de sus gafas para apoyar su alegato en documentos, ha sido el segundo de los acusados en ser interrogado. Ha comenzado su declaración sobre las 13.00 horas de este jueves, y después de la del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. A diferencia de su compañero, sí ha contestado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. No obstante, ninguno de los dos han respondido a la acusación popular Vox.

   Cadena ha comenzado su interrogatorio enumerando todas las resoluciones del Tribunal Constitucional que declararon ilegales las leyes de desconexión y de referéndum y preguntando al acusado si las conocía. Forn ha contestado que sí, que no discute la autoridad del tribunal de garantías y ha querido dejar claro que las acató, pero que su compromiso político estaba con la consulta independentista.

   "Mi compromiso político es de apoyo al referéndum, siempre lo ha sido, pero también lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller. De la misma manera que defendía el referéndum, dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de todos los mandamientos judiciales", ha explicado, tras lo cual ha remarcado que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución".

   En este sentido, Forn ha negado que él o el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont hayan dado alguna "instrucción política" a los Mossos d`Esquadra "para que incumplan sus funciones" y "se adhieran a la decisión política del Gobierno".

   "Estoy de acuerdo en defender el referéndum, pero no utilizo los medios del departamento de Interior. Sólo digo a los Mossos que tenían que cumplir sus funciones de policía judicial y cumplir con lo que mandaba la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", ha precisado posteriormente ante las preguntas de la representante del Estado.

  "AVALADO POR PRINCIPIOS LEGALES" PARA ORGANIZAR EL 1-O

   Durante su declaración, el exconsejero de Interior ha afirmado que el Gobierno de Carles Puigdemont "creía estar avalado por varios principios legales" para organizar el 1-O y, al igual que Oriol Junqueras, ha insistido en que la celebración de una consulta así no está tipificada como delito en el Código Penal.

   Forn ha continuado relatando que cuando fue nombrado consejero, en julio de 2017, se reunió con Puigdemont y le transmitió que "apoyaba el compromiso del referéndum", pero le advirtió de que era "consciente" de que podría haber "algún requerimiento" de la Fiscalía para impedir la organización de la consulta y que los Mossos "tendrían que cumplir". "Me dijo que lo entendía y que no me preocupara", ha manifestado.

   En este sentido, el representante del Ministerio fiscal también ha querido saber la opinión del acusado sobre el cese de tres consejeros del gobierno catalán en el verano de 2017 --Forn sustituyó a Jordi Jané--, sobre si lo hicieron porque rechazaban "la unilateralidad y el referéndum" o si alguno de ellos fueron destituidos por mostrarse contrarios a la votación. Forn ha contestado que aunque esa sea la "interpretación" del Ministerio Público, no cree que sea así porque "todos fueron a votar".

   Una respuesta que ha provocado las risas de algunos de los asistentes de la Sala y que ha llevado a intervenir a Manuel Marchena: "La ley prohíbe gestos de aprobación, risas y si lo hacen serán desalojados. Mantengan el respeto al acto de interrogatorio", ha dicho.

  FISCAL INTENTA CONFUNDIR

   Justo antes de hablar de Puigdemont, el fiscal le ha hecho una pregunta que al acusado le ha generado algo de confusión: Cadena ha querido saber si tras su nombramiento como consejero "se presentó ante el delegado del Estado", a lo que Forn ha contestado que sí, que acudió a ver a Enric Millo.

   Cadena le ha interrumpido y ha aclarado que no se refería a Milló, sino al "delegado del Estado, el señor Carles Puigdemont". Tras un leve titubeo, el exconsejero ha contestado que "claro", porque fue éste el que le había nombrado. A continuación, es cuando Cadena le ha preguntado por el "delegado del Gobierno", esta vez sí Millo.

   Otro momento destacado de la declaración ha sido el rifirrafe entre el representante del Ministerio Público y el exconsejero catalán, que se enfrenta a 16 años de prisión por el delito de rebelión y malversación de caudales públicos cuando Forn ha negado que los Mossos le advirtiesen en la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada días previos al 1-O de la alta probabilidad de episodios violentos durante la jornada de votación.

   "En ningún momento se nos planteó escenarios de violencia generalizada", ha enfatizado el acusado. El fiscal ha reformulado varias veces su pregunta, pero finalmente ha tenido que abandonar su intención tras ser regañado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que le ha recordado la respuesta que ya había dado Forn.

  EL 1-O, EL MAYOR DISPOSITIVO DE LOS MOSSOS

   Sobre el 1-O, Forn ha destacado que la "movilización" de la policía autonómica ese día fue la "más importante" de todos los tiempos, incluso "más que en los atentados" de Barcelona el 17 de agosto del 2017. El incremento del número de agentes se debió al cumplimiento de una orden de la Fiscalía como policía judicial.

   Según un documento mostrado a petición de su abogado, Javier Melero, la instrucción era la disposición de 40.000 policías, algo que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, le dijo que era imposible cumplir. Asimismo, ha indicado varias veces que el número de agentes de la Policía Nacional nunca se concretó antes del 1-O, sino que la cifra la conoció posteriormente, una vez abierta la causa.

   Forn también ha señalado que no asistió al centro de control del dispositivo policial, por lo que determinada información y los incidentes que se produjeron ese día los ha conocido con la lectura posterior de informes, pero no de primera mano.

   A su juicio, las actuaciones de algunos agentes de los cuerpos estatales no fueron acordes a las pautas que se dieron, y que ello fue puesto de manifiesto incluso en comunicados hechos públicos por los sindicatos mayoritarios de los Mossos.

   El inicio de la comparecencia se ha marcando por la crítica que ha hecho Forn al Ministerio Público. A su juicio, la Fiscalía ha hecho de su escrito de acusación un "relato peliculero", sobre todo cuando describe las movilizaciones que se produjeron en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y recalca que una secretaria judicial tuvo que salir del edificio de la Consejería de Economía que se estaba registrando por la azotea.

 

Día 14.- Llarena descarta reactivar una orden europea contra Puigdemont con motivo de su viaje al Parlamento Europeo


El magistrado instructor de la causa por rebelión contra los líderes independentistas catalanes, Pablo Llarena, descarta reactivar la orden europea de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que tiene previsto participar el próximo lunes en un acto en el Parlamento Europeo, porque entiende que su situación no ha variado.

   Consultado por Europa Press, el magistrado, de quien aún depende la situación de Puigdemont, pues se instruye en una pieza separada de la enviada ya a juicio sobre el `procés`, ha explicado que "nada ha cambiado" respecto de las razones que le llevaron a retirar la euroorden que dictó en su momento contra el expresident. 

 

   Se refiere en particular a la euro orden de detención y entrega sobre Puigdemont que retiró en julio de 2018, cuando, tras ser detenido el político independentista en Alemania, el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein contestó a España que sólo lo entregaría por un delito de malversación y no por los de rebelión, sedición y desobediencia por los que estaba siendo reclamado.

   En aquel momento, Llarena optó por retirar la euroorden, dado que de ejecutarse Puigdemont sólo podría ser juzgado en el Tribunal Supremo español por ese delito, grave pero menor en comparación con todos los que se le imputan por liderar el proceso soberanista contra el mandato del Tribunal Constitucional.

   Una vez retirada la orden, Puigdemont regresó a Bélgica, donde ha fijado su residencia desde que huyó de España antes de que se le detuviera como a los 12 integrantes de su Govern, el Parlament y movimientos sociales independentistas que estos días se sientan en el banquillo de los acusados del Supremo afrontando peticiones de pena que llegan para algunos a los 25 años de cárcel.

   En España, el político sigue procesado, aunque dado que se encuentra en fuga y así no puede ser juzgado, no se han formulado acusación contra él. No obstante, si entrase en territorio español sería detenido, pues a todos los efectos, dentro del país está reclamado por la justicia.

 

Día 14.- Junqueras  niega que se utilizara ni un euro de dinero público en la organización del referéndum ilegal

Dice que los Mossos tenían el deber de proteger el derecho al voto y que la Policía buscó crispación

  El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha negado con cuatro "nuncas" consecutivos durante su declaración en el juicio por el `procés` en el Tribunal Supremo que desde el Govern se diera orden a los Mossos d`Escuadra de no cumplir con la orden judicial de impedimento de celebración del referéndum del 1-O, si bien en otro momento de su intervención ha manifestado que tenía el "deber" de proteger el "derecho al voto, y más cuando era una petición de los ciudadanos".

 

 

   La actuación de la Policía y la Guardia Civil buscó, a su juicio, una respuesta violenta que no se produjo por parte de los votantes.

   Junqueras se ha referido a los hechos concretos del 1 de octubre de 2017 casi al final de su declaración de hora y media ante el tribunal que le juzga por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, por los que se piden para él 25 años de cárcel.

   Tras una primera hora de declaración de tono muy político y con escasas referencias a los hechos concretos que se le imputan, y tras un receso de media hora concedido por la Sala, el abogado Andreu Van Den Eynden ha comenzado a preguntar a su cliente por cuestiones más concretas, relativas a los incidentes del 20 de septiembe de 2017 frente a la Consejería de Economía y por el 1-O.

   En este contexto, el exmandatario ha reconocido que llamó a participar en la consulta "porque votar no es un delito e impedir por la fuerza que la gente pueda votar sí lo es", y que actuó convencido de que ello no merecía ningún reproche penal.

   Además, Junqueras ha relatado que no pudo votar en el colegio que tenía inicialmente asignado, lo que le impidió la Policía, por lo que decidió ir a otro local ya que se contaba con censo universal. Por ello, se ha preguntado de qué servía cerrar un colegio "o veinte, o cien" si todos podría votar en cualquier otro local.

  NIEGA QUE SE RESPONDIERA CON VIOLENCIA

   "Cerrar los locales con esa violencia no era para impedirlo, el objetivo de la violencia que se ejerció contra los votantes era para generar un ambiente de crispación al cual, afortunadamente y como siempre ha sido, nadie respondió en absoluto con violencia", ha manifestado el acusado ante los siete magistrados que le juzgan.

   Frente a ello, según el acusado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "golpeaban a gente que no hacían nada, saltaban sobre gente que esta sentada en escaleras y utilizaron pelotas de goma", prohibidas por la Ley, por lo que hubo "una violencia injustificada, innecesaria y que contradecía el mandato judicial".

   En respuesta a su abogado -no quiso contestar a ninguna de las acusaciones y el resto de defensas no le preguntaron-, Junqueras ha afirmado que nunca asumió que la actitud de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado pudieran provocar el estallido violento de la población.

   "Todo lo que había pasado hasta ese momento era un comportamiento cívico y respetuoso en todas las manifestaciones desde hacía años", ha insistido, para seguidaente negar con hasta cinco "nuncas" consecutivos que haya avalado jamás ninguna acción violenta.

   Sobre la reunión del 20 de septiembre en la que junto con las autoridades policiales españolas se coordinó el dispositivo policial de cara al 1-O, Junqueras ha dicho que si bien se habló de la posibilidad de riesgo de violencia, "no había nada que hiciese prever que ocurriesen cosas diferentes" a las acaecidas en otras movilizaciones independentistas anteriores, "con escrupuloso respeto a la convivencia y el civismo".

   A dicho además que el mandato judicial explicitaba que la acción policial debía ser mesurada. Sobre el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el exvicepresident ha recordado que se manifestó en dicha reunión en el sentido de que se cumpliera la orden judicial.

  EL 20-S SEGÚN JUNQUERAS

   Sobre los hechos del 20 de septiembre de 2017 frente a su Consejería, Junqueras ha afirmado que tuvo conocimiento de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y acudió al tratarse del departamento del que era responsable, y que pensó que el juez le debía "considerar sospechoso de alguna cosa".

   Junqueras ha calificado la concentración de "pacífica, respetuosa y con cánticos", que acudió a ella "mucha gente" y que "no había dificultad para entrar y salir" del edificio. Ejemplo de ello fue que se escucharon cánticos religiosos dedicados a la Virgen de Montserrat, identificada como "madre de los españoles".

   Por otra parte, ha negado que conociera el informe denominado Enfocats -una especie de hoja de ruta del independentismo-, que le fue incautado a su mano derecha en la Consejería, Josep María Jové, y que ha calificado de "extravagante y aprócrifo".

  FINANCIACIÓN DEL REFERENDUM

   Por otra parte, y sobre la financiación del referéndum, Junqueras ha afirmado que este aspecto existió "control absoluto por parte del Estado" desde noviembre de 2015 y que el citado control presupuestario se acentuó en julio de 2017. Ha dicho también que la Ley de Presupuestos de la Generalitat incluyó una partida "para procesos de votación"y que "el referéndum entonces no estaba convocado ni prohibido".

  GESTIÓN ECONÓMICA EJEMPLAR

   En este sentido, ha insistido que no se destinaron fondos públicos en la consulta, y que así lo han afirmado tanto la intervención general y el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

   "El ambiente era de una gestión económica ejemplar, todo el mundo nos ponía como ejemplo, por nuestras políticas sociales al tiempo que lográbamos una reducción de deuda", ha manifestado Junqueras ante el tribunal, para apuntar que no se gastó ni en los locales públicos para la consulta "que son inenarranables".

   Al concluir el interrogatorio el abogado de la acusación popular ejercida por Vox Javier Ortega Smith ha solicitado dejar constancia oral de las preguntas que habían traído preparadas para el acusado, lo que ha sido rechazado por el tribunal. "Junqueras no quiere contestar, no puede ni prestarse a una escena de formular las preguntas. Ese derecho tenemos que aceptarlo y respetarlo" ha zanjado el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

 

Día 14.- Abogada Estado `aprieta` a Forn por su papel de conseller y defensor del 1-0: ¿A qué obedecían sus subordinados?


   La abogada del Estado Rosa María Seoane ha presionado al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn sobre la `dualidad` que ha puesto de manifiesto el acusado al afirmar que tenía un compromiso político con el referéndum independentista del 1-O al tiempo que mandaba a los Mossos d`Esquadra que cumplieran todos los mandatos judiciales que querían impedir dicha convocatoria. Por eso, le ha preguntado directamente "qué órdenes obedecían sus subordinados".

   Todo ha empezado en la primera parte del interrogatorio durante la tercera sesión del juicio del `procés`, cuando ha sido el fiscal Fidel Cadena quien ha preguntado a Forn sobre su actuación en los pocos meses en los que estuvo al frente de la Consejería de Interior. 

 

 

   "Mi compromiso político es de apoyo al referéndum, siempre lo ha sido, pero también lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller. De la misma manera que defendía el referéndum, dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de todos los mandamientos judiciales", ha explicado, tras lo cual ha remarcado que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución".

   "La dirección política se compromete con unos objetivos políticos, que son los que emanan del Parlamento y las decisiones el gobierno. Una cosa es mi compromiso político y otra cosa cumplir mandamientos judiciales", ha remarcado.

   Cuando ha llegado el turno de la abogada del Estado, ésta ha comenzado su interrogatorio repreguntando al acusado por esa `dualidad` en la que Forn ha enmarcado su actuación. Tras insistir varias veces y obtener una respuesta parecida a las anteriores, Seoane ha modificado el planteamiento de su pregunta.

   "No entiendo la cadena de mando, que el el Govern ordenara una cosa y los subordinados cumpliesen otra por una orden inferior. ¿A qué obedecían sus subordinados, a lo que decía el Joaquim Forn responsable de los Mossos o a lo que decía el Joaquim Forn conseller?", ha cuestionado Seoane.

  "YO TENDRÍA PROBLEMAS"

   "Esto lo he dicho clarísimamente. Todos los comisarios dicen rotundamente que nunca han recibido una orden política mía para hacer el referéndum. No hay ninguna instrucción política por parte el conseller de Interior o del presidente de la Generalitat para pedir que incumplan con las funciones de policía judicial y lo hagan para adherirse a una decisión política. Son cosas muy diferentes, yo he podido entender y hacer el trabajo así", ha aseverado.

   "Yo tendría problemas", ha apuntado después la abogada del Estado, comentario por el que ha sido apercibida por el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, quien le ha pedido que se limite a hacer preguntas y no emita valoraciones.

   En otro punto del interrogatorio, Seoane también ha querido incidir en la actuación de Forn la noche del 20 al 21 de septiembre de 2017, durante el asedio a la Consejería de Economía cuando se estaba produciendo un registro judicial --tema sobre el que también ha preguntado el fiscal durante largo tiempo--.

   Ante las numerosas cuestiones que ha dirigido Seoane a Forn sobre el `pasillo` de voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que se formó para permitir la salida a la comisión judicial que se encontraba en el interior del edificio, Marchena ha decidido cortar el interrogatorio: "Ya lo ha contestado, señora abogada del Estado; olvídese del pasillo", ha zanjado.

  SÓLO DOS MESES ENCARGADA DE LA CAUSA

   Seoane se incorporó muy tarde, el pasado diciembre, al procedimiento que ahora ha derivado en el juicio por el proceso independentista en Cataluña. Fue designada jefa de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado en sustitución de Edmundo Bal, a quien la abogada general, Consuelo Castro, relevó de su puesto por pérdida de confianza tras defender la acusación por el delito de rebelión.

   Fue después de que el escrito de acusación de la Abogacía, que iba firmado por Castro, se desmarcara de la Fiscalía y acusara sólo por sedición y malversación, lo que rebaja bastante la solicitud de penas para los 12 exdirigentes independentistas que se sientan en el banqullo.

  

Día 12.- 12:00 horas  Juicio a Junqueras y los otros 11 líderes independentistas

 

     Junqueras y los otros 11 líderes independentistas se enfrentan a penas de entre 7 y 25 años por parte de la Fiscalía

    El juicio por el `procés` independentista en Cataluña ha comenzado a a celebrarse este martes en el Tribunal Supremo poco después de las 10 de la mañana con los doce encausados sentados juntos en el banquillo situado frente a los siete magistrados que juzgarán la causa, renunciando de este modo a la prerrogativa que se les concedió de asistir a las sesiones sentados junto a sus letrados.

   El único que lleva lazo amarillo es el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, mientras que los exconsejeros llevan un pin institucional de su condición de miembros del Govern.

   El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha iniciado la vista advirtiendo, y citando jurisprdencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que cada uno de los abogados dispondrá de una media hora para exponer sus alegatos previos.

   El juicio ha comenzado pasadas las diez y veinte de la mañana, con cierto retraso debido al tiempo que ha sido necesario para dotar de la preceptiva acreditación a la casi veintena de abogados, a los familiares que acompañan a los líderes independentistas encausados, al público y a los centenares de periodistas acreditados para este juicio, que hacían ya cola minutos antes de la hora de apertura del palacio de justicia a las 8 de la mañana.

   Tras las advertencias de Marchena, la letrada judicial ha procedido a leer un resumen del escrito de la Fiscalía detallando qué delitos se imputan a cada uno de los encausados

 

Día 12.- 08:00 horas  -  Comienza el juicio en el Supremo

Los nueve presos independentistas catalanes en prisión provisional ya están en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, a la espera de que comience el juicio por el proceso independentista.

Los políticos han salido de las cárceles de Soto del Real y Alcalá Meco sobre las 7.30 horas y han llegado a la zona del Supremo poco después de las 8.00, las mujeres en un furgón y los hombres en otro.

   Primero, la Guardia Civil les ha llevado a los calabozos de la Audiencia Nacional, situada junto al alto tribunal, porque sus furgones tienen un tamaño demasiado grande para la entrada de coches del Supremo.

   Así, desde la Audiencia Nacional presos están siendo desplazados al Supremo en tandas, en furgones de la Policía Nacional de menor tamaño.

   Ya en el alto tribunal, los acusados esperarán en el Salón de Plenillos a que empiece el juicio. Será en ese salón donde también permanezcan durante los recesos del juicio y la hora de comer.

 

Día 12. Revilla cree que el juicio demostrará que "el Estado de Derecho funciona"


  Reconoce sentirse "decepcionado" con Sánchez en lo "personal" con Sánchez, pero ve "impresentables" los "insultos" que ha sufrido

   El jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), ve "impresentables" los "insultos" que ha recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) en los últimos días y ha opinado que "es importante un poco de sosiego" porque España "lo que necesita ahora es tranquilidad" y "lidiar el tema catalán donde hay que lidiarle, que es en los tribunales de Justicia", donde cree que se va a ver que "el Estado de Derecho funciona".

 

 

   En declaraciones a los medios de comunicación este martes, día del inicio del juicio del `procés` catalán en el Tribunal Supremo, Revilla ha opinado que hay que "creer" en la Justicia y cree que en se va a demostrar en este caso que los jueces van a actuar "con independencia de lo que a lo mejor al Gobierno le gustaría que hiciera" y van a aplicar la Ley. "Tienen que hacer su papel: aplicar estrictamente la Ley", ha aseverado.

   Revilla cree que los ciudadanos van a ver que hay un Estado de Derecho y que los políticos cuando se lo "saltan, suceden estas cosas" y hay "consecuencias". "No será porque no se les ha advertido", ha señalado el presidente cántabro, que ha defendido que hay que "dialogar siempre" pero sin saltarse la Constitución.

   Respecto a los insultos a Sánchez la pasada semana tras aceptar inicialmente la figura de un "relator" en las negociaciones con los independentistas catalanes, a la que luego renunció, Revilla ha opinado que "no se pueden decir esas cosas" y cree "lamentable" usar ese "léxico" contra un presidente. "Porque luego la gente se calienta y España lo que necesita es tranquilidad, ha dicho.

  REVILLA, "DECEPCIONADO" CON SÁNCHEZ SOBRE LOS PGE Y EN LO "PERSONAL"

   El presidente cántabro ha tenido estas palabras pese a reconocer sentirse "decepcionado" con Sánchez, tanto en lo relativo a las inversiones previstas para Cantabria en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) --que es una de las comunidades donde se reducen respecto al anterior--, como también en "lo personal", en la relación entre ambos.

   Y es, a su juicio, considera que, al menos Sánchez, debía haberle llamado con motivo de su visita a Cantabria, donde acudió, en calidad de secretario general del PSOE, el pasado domingo para participar en el acto oficial de presentación del socialista Pedro Casares como candidato a la Alcaldía de Santander.

   "Qué menos que una llamada", ha dicho Revilla, que, cuestionado acerca de si le hubiera gustado que Sánchez aprovechara su visita a Cantabria para reunirse con él, ha respondido con un "tampoco tengo demasiado interés en fotos".

   Sí ha insistido en que "existe el teléfono" y ha explicado que cuando él va a otra comunidad, incluso aunque vaya a actividades "que no tienen nada que ver con la política", sí suele llamar a sus homólogos para avisarles de qué esta allí.

   Sin embargo, Revilla ha querido restarle importancia y ha señalado que "cada uno tiene una manera de actuar" y más ahora, en periodo "preelectoral" donde, "ya no hay amigos, más que el propio partido" de cada uno y no hay "más que rivales". Aunque ha señalado que él "no es así", ha reconocido que "lo comprende".

   El presidente cántabro y líder de los regionalistas ha asegurado que él, durante la campaña electoral de cara a las elecciones del 26 del mayo --y si antes hay elecciones generales el PRC también presentará candidatura al Congreso y al Senado, según anunció ayer-- no se va a "meter con nadie" ni va a caer en "descalificaciones" porque, según ha dicho, su partido "no necesita hacerla".

   Según ha señalado, se va a limitar a exponer a los ciudadanos en qué ha "contribuido" su partido desde su puesto en el Gobierno de Cantabria --donde está en coalición con el PSOE-- para el "bienestar" de la comunidad, "que ha mejorado" y es, a su juicio, un "remanso de paz" en un momento de "turbulencia política" en España.

   También "venderá" que el PRC es un partido "serio", "unido" y que ha dado "estabilidad" a la comunidad, siendo capaz de gobernar incluso sin contar con mayoría absoluta y consiguiendo aprobar todos los Presupuestos regionales.

  REVILLA NO DESCARTA AHORA IR A LAS GENERALES SEAN CUANDO SEAN

   En sus declaraciones a los medios de comunicación, Revilla ha defendido su postura a favor de que el PRC concurra a las elecciones generales si éstas finalmente son antes de las municipales autonómicas del 26 de mayo o el mismo día, aunque tampoco ha descartado presentarse con independencia del calendario.

   "En principios vamos si son o bien antes del día 26 o el día 26. Lo otro está por decidir. No digo que no pero lo que está claro es que si hay elecciones como algunos vaticinan el 14 de abril, a un mes de las otras no podemos dejar a nuestros 100.000 votantes sin urna. Eso sería un disparate. Si son el día 26 con mucha más razón", ha dicho Revilla, en la misma línea que ya hizo ayer.

   El presidente de Cantabria y líder del PRC ha señalado que es lo va a proponer en el Comité Ejecutivo del partido y ha afirmado que "por lo que oye" en sus compañeros de partido, éstos también creen que "hay que ir". En ese contexto, ha adelantado que el PRC presentará "muy buena candidatura" al Congreso y al Senado.

  REVILLA DEFIENDE A DÍAZ TEZANOS Y ALUDE A LA RELACIÓN CON EL PSOE

   A preguntas de los periodistas, Revilla ha sido cuestionado por las últimas actitudes del PSOE de Cantabria y su líder, Pablo Zuloaga, que pese a que es su socio en el Gobierno ha vertido algunas críticas contra él. "Y más que van a decir. Cada uno que actúe en consecuencia", se ha limitado a apuntar.

   También se ha referido al hecho de que la semana pasada Zuloaga, que también es delegado del Gobierno, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dejaran fuera de la visita al subfluvial de Santoña a la vicepresidenta regional y consejera de Medio Ambiente de la comunidad autónoma, la socialista Eva Díaz Tezanos, exsecretaria general del PSOE cántabro y quien fue rival de Zuloaga en las primarias, que ganó éste, por el liderazgo del partido.

   Revilla, que ya tildó de "deslealtad" la visita de Morán al subfluvial "sin comunicarla, ni invitar" al Gobierno autonómico ni a la vicepresidenta, ha destacado la "gran labor" realizada por Díaz Tezanos en esta legislatura.

   Así, ha asegurado que mantiene una "relación extraordinaria" con Díaz Tezanos y con todos los miembros del Consejo de Gobierno --tanto los de PRC como los del PSOE-- y "espera" que continúe hasta el final de legislatura.

   "Luego ya, pues cuando salgan los votos, pues empezar a hablar", ha dicho Revilla, que pugnará en las elecciones autonómicas con Pablo Zuloaga, elegido candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria, aunque no ha sido presentado aún oficialmente porque aún permanece en el cargo como delegado del Gobierno

 

Día 11.- El abogado de Junqueras afirma que la causa "atenta contra la disidencia política"


El abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, ha sido el primero en intervenir en el juicio por el `procés` independentista que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremoy ha afirmado que esta causa "atenta contra la disidencia política".

   "Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales", ha afirmado en el arranque del turno de una hora que le ha concedido el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para exponer su alegato. 

 

 

   Interviene en el turno de las denominadas cuestiones previas, dirigidas a exponer posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados.

   "Tengo que hablar de derecho penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos", ha manifestado el abogado, aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el opositor pro-kurdo Demirtas que a su juicio" tiene que ver con el silenciamento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política".

   Ha cuestionado también que se diga que la causa no tenga una vertiente política porque la primera resolución del juez instructor Pablo Llarena, en la que se decidió el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, se decía que no había una solución pacífica para el conflicto en Cataluña. "La autodeterminación es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo", ha añadido.

 

Día 11.-  El abogado de Forn pide que se llame a Zoido y la causa se acumule con la de Trapero en la Audiencia Nacional


El abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, Javier Melero, ha insistido durante su intervención en el trámite de cuestiones previas del juicio por el `procés` independentista en el Tribunal Supremo en la necesidad de que se cite como testigo al que fuera ministro del Interior en el momento de producirse los hechos enjuiciados, que fue Juan Ignacio Zoido.

   También ha pedido que este proceso se acumule al que se ha instruido en la Audiencia Nacional contra mandos de los Mossos d`Escuadra por su actuación en el 1-O. 

 

 

   A juicio de este letrado se trata de una testifical "imprescindible", ya que el exministro del PP intervino el pasado 18 de enero durante más de una hora en la Comisión de Interior del Senado y allí expuso un extenso informe sobre la actividad de todos los cuerpos , policiales el propio 1 de octubre -fecha del referéndum ilegal- y también sobre lo ocurrido en días anteriores.

   La importancia de dichos datos para esta parte estriba en que Forn, para quien se piden 16 años de cárcel, está acusado de un delito de rebelión por la actitud omisiva de los miembros de la policía autonómica de Cataluña, según los escritos de las acusaciones.

   Ese aspecto de "violencia potencial", en connivencia con el poder político mediante la conexión imprescindibe de Forn como consejero de Interior, constituiría la principal acusación contra su cliente, según Melero.

   Por ello ve necesario que esta causa se acumule con la que también ha terminado de instruirse en la Audiencia Nacional, también por rebelión, contra el exmajor de los Mossos Josep Lluís Trapero y otros responsables del cuerpo policial autonómico.

   Por otra parte, el abogado de Forn denuncia en este trámite que respecto a su cliente se han producido vulneración del derecho con todas las garantías y tutela judicial efectiva. "No podemos estar de acuerdo con la aplicación de la rebelión a este caso concreto", ha afirmado, para añadir que las acusaciones contra el exconsejero de Forn se fundamental tan sólo en atestados policiales que únicamente pueden valorarse como tales.

   En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Forn impulsó un operativo policial para que el 1-O saliese adelante, pese al mandato judicial de que se impidiese. Al igual que Junqueras, indica que Forn participó en la Junta de Seguridad de Cataluña, donde ambos fueron advertidos de posibles alternados violentos durante el referéndum.

 

Día 11.- El abogado de Sánchez pide al tribunal que "hagan de jueces" y "no de salvadores de la patria"


El abogado del expresidente de la ANC Jordi Sánchez y de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a los magistrados del Tribunal Supremo que han comenzado este martes a juzgar el `procés` independentista en Cataluña que "hagan de jueces y "no de salvadores de la patria".

   Así lo ha dicho durante el letrado Jordi Pina durante su primera intervención en la vista oral, en la que ha expuesto en las cuestiones previas, dirigidas a denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados. El letrado ha comenzado este alegato dudando de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena. 

   Pina ha hecho mención de una carta publicada en un medio de comunicación, en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguraba que el juez de instrucción de Barcelona (fallecido), que investigó los preparativos del referéndum ilegal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, había "cambiado el rumbo" de España y que era un "héroe nacional".

   "Son magistrados, no héroes nacionales", ha criticado el letrado, ironizando que esta afirmación hace pensar que los magistrados del alto tribunal están para "mantener la unidad de España". "Hagan de jueces, no de salvadores de la patria", ha pedido.

Día 11.- El Juez Marchena que afronta el juicio del `procés`

 

El juez Marchena presidirá el juicio del "Siglo" con serenidad y sensatez"

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha asegurado este lunes que afronta el juicio por el `procés` independentista, que comienza mañana, "con serenidad y sensatez". "Tiempo de silencio", ha añadido después.

 

 



   Así lo ha dicho el presidente del tribunal que juzgará a doce líderes independentistas, nueve de ellos acusados del delito de rebelión, a Antena 3, a su llegada a la sede de la Asociación de Periodismo de Madrid, donde ha recibido el premio Puñetas de Oro, concedido por la Asociación de Comunicadores Jurídicos (ACIJUR).

   Tras recibir el galardón otorgado por su defensa a la independencia judicial, Marchena ha afirmado a los medios de comunicación que ahora, en vísperas de que arranque la vista oral, es "tiempo de silencio", evitando así volver a pronunciarse sobre cómo afronta el juicio. A la entrada a la sede de los periodistas madrileños ha enfatizado que encara dicho juicio "con la serenidad y sensatez con que hay que afrontarlo".

   En su discurso posterior a recibir el premio, que ha sido entregado por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, el presidente de la Sala Segunda del alto tribunal ha dicho que toda su vida ha sido "una lucha por conseguir unas buenas puñetas". En este sentido, ha contado que desde que comenzó a ejercer como abogado quería conseguir este adorno que se coloca en las mangas de las togas de jueces y fiscales.

   Tras relatar una anécdota sobre el sentimiento de "traición" que le supuso cambiar sus puñetas cuando fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, debido al estado deteriorado de las anteriores, ha bromeado que ese "regusto amargo" queda en el olvido porque ya ha conseguido las de ACIJUR.

   Marchena ha concluido su intervención alabando la labor de los periodistas dedicados a la información judicial por el "mérito" que tiene sacar el "núcleo argumental" de una resolución judicial en un el menor tiempo posible.

 

Día 11.- Juicio por rebelión comienza con cuestiones previas y dudas

 

  El juicio por rebelión comienza mañana con cuestiones previas y dudas sobre cómo se sentarán los acusados
Los doce encausados se enfrentan a penas de entre 7 y 25 años por parte de la Fiscalía, aunque la petición de Vox llega a los 74 años.

 



  

 

   El juicio por el `procés` independentista en Cataluña comienza a celebrarse mañana martes el Tribunal Supremo, apenas 14 meses después de iniciarse la investigación criminal contra los presuntos responsables de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O y la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 27 octubre de 2017.

   El inicio de las sesiones arranca con una expectación política y mediática sin precedentes pese a que la jornada, dividida en sesiones de mañana y tarde, se dedicará en exclusiva a que las defensas de los doce exmandatarios independentistas, entre los que se encuentra el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, puedan exponer sus argumentos para intentar, en última instancia, la nulidad de todo el procedimiento judicial -las denominadas cuestiones previas-.

   Pese a lo técnico del acto judicial en sí, la sesión de mañana permitirá ver por primera vez la Sala constituida y a los doce encausados frente al tribunal, considerado `equilibrado` por pertenecer sus siete miembros a diferentes sensibilidades dentro de la Carrera y a cuyo frente se sitúa el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que será además el ponente de la sentencia. Completan la Sala Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo.

   Los fiscales adscritos al caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que previsiblemente se turnarán en la sala de vistas de dos en dos. Mañana asistirán Zaragoza y Moreno.

   Como representante de los servicios jurídicos del Estado se estrenará en este juicio la nueva jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane, asistida por Elena Sáenz Guillén; mientras que por Vox, que ejerce la acusación popular, estarán el secretario de Organización Javier Ortega Smith y Pedro Fernández. Frente a ellos, hasta 17 abogados organizados en hasta ocho equipos diferentes de defensa.

   El arranque permitirá resolver algunas dudas aún pendientes, como es el lugar que escogerán los doce encausados para sentarse en la Sala, ya que se les dio la oportunidad de eludir el banquillo y situarse junto a sus abogados -aunque la falta de espacio les obligaría a ocupar sillas justo detrás, lo que no ha gustado a las defensas-. Ninguna de ellas ha aclarado que harán finalmente sus defendidos, y cabe la posibilidad de que los acusados de ERC opten por una opción y los vinculados al PdeCAT a otra, evidenciando una ruptura en sus estrategias.

  PENAS

   Para quien la Fiscalía pide más pena es para Junqueras, (que se enfrenta a 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por la malversación de fondos públicos), para a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (17 años por rebelión) y para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años por rebelión), todos ellos en prisión provisional, como los "principales promotores" del desafío soberanista.

   También se encuentran en prisión preventiva varios exconsejeros del último Ejecutivo de Carles Puigdemont como son los exconsejero del Interior Joaquim Forn, Presidencia Jordi Turull, Exteriores Raül Romeva, Territorio y Sostenibilidad Josep Rull Trabajo Dolors Bassa ( Fiscalía reclama 16 años por rebelión y malversación para todos ellos). Para los consejeros que están fuera de la cárcel -Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila la Fiscalía pide penas de 7 años de cárcel por delitos de malversación y continuado de desobediencia.

   Respecto a las acusaciones de rebelión -sedición en el caso de la Abogacía del Estado- pivotarán sobre la acreditación o no de la violencia en el desarrollo de los hechos del otoño de 2017, que causaron una crisis política y social sin precedentes y provocaron que el Gobierno suspendiera por primera vez la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

   Este proceso singular, tanto por los hechos sometidos a examen como por los delitos que se atribuyen a los encausados --entre ellos el de rebelión-- se celebra con la ausencia, por haber huido de la Justicia, del que fuera entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, quien ha establecido su base en Bélgica; y de la secretaria de ERC Marta Rovira, que se esconde en Suiza y está acusada de ser una de las principales estrategas de la hoja de ruta por cuyo cumplimento se sientan en el banquillo tanto el exvicepresidente Oriol Junqueras como los otros once encausados.

   La Abogacía del Estado rebaja hasta los 12 años su petición de cárcel para Junqueras e igualmente pide menos pena que la Fiscalía para el resto de exmandatarios en el banquillo: con 11 años y medio para los exconsejeros en prisión, 10 para Forcadell y 8 para `los Jordis`, al acusarles tan solo de sedición y malversación. Las penas para los tres exconsejeros en libertad por parte de la Abogacía es de 7 años y medio.

   Por lo que se refiere a Vox, pide para los miembros del exGovern en prisión 74 años de cárcel (suma a los anteriores delitos el de organización criminal) mientras que para los `Jordis` y Forcadell pide 62 años. Para los exconsejeros en libertad reclama 24 años de cárcel.

 

  MALVERSACIÓN Y TESTIGOS

   La Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado han calculado de manera distinta la cantidad de dinero que presuntamente malversaron los líderes del `procés`, pues mientras para los letrados cifran la cuantía en 1,9 millones de euros, los fiscales opinan que serían alrededor de 2,91 millones. Estas cantidades deberán ser concretadas al final del juicio para que el tribunal pueda estimar, si lo considera oportuno, una multa por una responsabilidad civil.

   Tras el interrogatorios de los procesados comenzarán a declarar más de 500 testigos solicitados por todas las partes, entre los que destacan ex miembros del Gobierno como el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristobal Montoro; además de exmandatarios catalanes como el expresident Artur Mas, el actual vicepresidente Pere Aragonés, el presidente del Parlament Roger Torrent o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

   En total se han acreditado 600 periodistas de 150 medios diferentes, de los que medio centenar son extranjeros, siendo los más numerosos los alemanes y franceses, seguidos de holandeses y suizos, aunque también asistirán periodistas de EE.UU., Rusia y China.

   El Supremo ha desplegado un importante esfuerzo organizativo de cara al juicio, que se extenderá durante varios meses y para el cual se han reservado, en principio, jornadas de mañana y tarde de martes a jueves. No obstante, si se ve que el calendario previsto no se cumple con dichas sesiones se podrán extender al viernes e incluso al sábado.

   La intención es que las sesiones concluyan con tiempo suficiente para que los siete magistrados que juzgarán esta causa tengan lista la sentencia como muy tarde para el próximo mes de julio, antes de las vacaciones de verano.

   Aún está en el aire el asunto de la traducción de las declaraciones, en el caso de que los encausados quieran realizarlas en catalán. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes ya señaló que el Supremo tiene capacidad para realizarla tanto de modo simultáneo como sucesivo si bien la determinación de esta circunstancia corresponde igualmente al tribunal enjuiciador, que aún no la ha cerrado

 

Día 10.-  Composición del Tribunal

Cuatro fiscales, dos abogados del Estado y dos letrados de Vox frente a un total de 17 abogados defensores.


El secretario general de Vox ejercerá la acusación popular durante el juicio por rebelión y el exconsejero Homs actuará como defensor

   El juicio por el `procés` independentista en el Tribunal Supremo supondrá un enfrentamiento jurídico de alto nivel, con acusaciones defendidas por hasta cuatro fiscales del Tribunal Supremo, dos abogados del Estado y dos letrados de la acción popular ejercida en representación de Vox. Frente a ellos, hasta 17 abogados organizados en diversos equipos que tratarán de evitar las condenas por rebelión, malversación y sedición de los doce encausados por este asunto.

   Los fiscales adscritos al caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que previsiblemente se turnarán en la sala de vistas de dos en dos, según han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

   Quizá el más popular de todos ellos sea Javier Zaragoza, un jurista de larga trayectoria que ejerce en el Tribunal Supremo desde 2017, tras ser relevado de la jefatura de la Audiencia Nacional donde permaneció durante dos mandatos. Antes fue jefe de la Fiscalía Antidroga, departamento en el que dirigió acusaciones como las realizadas contra el "clan de los Charlines" o contra `narcos` como "Sito Miñanco" o Laureano Oubiña y está considerado un especialista internacional en esta materia.

   De 52 años, Zaragoza tiene también amplia experiencia en País Vasco, donde estuvo destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián durante cinco años, entre 1982 y 1987, periodo en el que fue teniente fiscal y juez de menores. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), sufrió un intento de asesinato organizado por parte del narcotraficante Pablo Vioque, que contrató a un sicario para liquidarle, y es además un experto en terrorismo yihadista, materia para la que fue designado coordinador en el alto tribunal por el fiscal general fallecido José Manuel Maza.

   También participará en el juicio la primera mujer que ejerció en España como fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aunque no llegó a completar un mandato competo. Ejerció en este cargo entre enero de 2015 y noviembre de 2016, cuando fue relevada por José Manuel Maza tras la toma de posesión del gobierno de Mariano Rajoy.

   Tras su salida del palacio de Fortuny regresó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde había ejercido con anterioridad y hasta 2008, momento en el que fue nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores por el fiscal general Cándido Conde-Pumpido y renovada en su cargo en 2013 por Eduardo Torres-Dulce.

   Menos conocidos son los fiscales Jaime Moreno y Fidel Cadena, aunque el primero ya tuvo protagonismo público durante el juicio celebrado contra el que fuera consejero de Presidencia catalán Francesc Homs. Moreno destacó durante la vista por la rotundidad de su interrogatorio al exmandatario independentista, quien finalmente fue condenado a 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que se celebró pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

 

  ABOGACÍA DEL ESTADO y VOX

   Como representante de los servicios jurídicos del Estado se estrenará en este juicio la nueva jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane, designada el pasado 4 diciembre en sustitución de Edmundo Bal, a quien la abogada general del Estado, Consuelo Castro, relevó del puesto por pérdida de confianza tras defender la acusación por el delito de rebelión a los líderes independentistas. Seoane, hasta diciembre secretaria general de Adif, será asistida durante el juicio por la también abogada del Estado Elena Sáenz Guillén.

   Su antecesor no impugnó durante los 14 meses de instrucción de la causa el criterio de la Fiscalía de que se pudo cometer un delito de rebelión, si bien en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado se optó finalmente por acusar por el delito de sedición. Dicho escrito iba firmado por Castro.

   La acusación popular la ejercerán los abogados de VOX, que estará representado por el secretario general y el vicesecretario jurídico del partido, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, respectivamente. Ortega Smith es una de las caras más populares del partido presidido por Santiago Abascal, y suele aparecer de forma asidua en tertulias televisivas y radiofónicas.

 

  LAS DEFENSAS

   Hasta un total de 17 letrados ejercerán la defensa de los doce acusados en este procedimiento, entre quienes destaca precisamente Homs, que pasa así de condenado a abogado defensor ante los magistrados del Tribunal Supremo, como coordinador de las defensas de los acusados del PDeCAT.

   Además de Homs, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y el que fuera responsable de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) comparten como abogados a Ana Bernaola y Miriam Company, dirigidos por el prestigioso jurista catalán Jordi Pina Massachs. Del mismo despacho es el abogado Pablo Molins, que defenderá al exconsejero Santiago Vila.

   Homs también aparece como abogado de los exconsejeros Joaquim Forn y Meritxel Borrás, quienes contarán también en su defensa con el conocido abogado Javier Melero -defensor del expresident Artur Mas y partícipe en reuniones fundacionales de Ciudadanos- y con Judit Gené.

   El exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejeros de ERC Raül Romeva estarán representandos por Andreu Van den Eynde, quien coordina toda la defensa de los acusados de este partido, y que estará ayudado por Estefanía Torrente.

   Un equipo diferente asistirá al presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, el dirigido por Marina Roig, que completa su equipo con Alex Solá y Benet Salellas. Este último ha defendido durante la instrucción a las procesadas de la Cup Anna Gabriel y Mireia Boya y es muy conocido en la Audiencia Nacional, donde se ha especializado en defensa de acusados por yihadismo.

   Finalmente, la exconsejera Dolors Bassa contará con la defensa de Mariano Bergés mientras que el también exmiembro del ejecutivo del president Carles Puigdemont será defendido por Josep Riba.

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