La denuncia de la Fiscalía sobre los contratos del SCS recae en el Juzgado de Instrucción nº 5

   La denuncia de la Fiscalía de Cantabria sobre las presuntas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, ha recaído en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, que ya ha abierto diligencias previas.

   La investigación de la Fiscalía, abierta a raíz de sendas denuncias del PP e IU, señala al exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y al exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que presentaron su dimisión a finales de mayo, así como al gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez, y al asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, según consta en una notificación de la Fiscalía con fecha de hoy jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press.

   El asunto entró ayer miércoles en el Juzgado de Instrucción nº 5, y ahora su titular, la magistrada Mercedes Compostizo, tiene que revisar la documentación, que ocupa ya "varios tomos", antes de acordar cualquier diligencia, han informado fuentes judiciales a esta agencia.

   La Fiscalía notificó el pasado lunes 26 de noviembre a IU y al PP la remisión de sus diligencias, con la correspondiente denuncia, al juzgado decano de Santander para su reparto al juzgado de instrucción de turno, a fin de que se proceda a la apertura de diligencias "tendentes a la averiguación de los hechos y presuntos responsables".

   En sus denuncias, PP e IU alertaban de indicios de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones, tipificados todos ellos en el Código Penal, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la sanidad cántabra, algunas de ellas a "empresas relacionadas entre sí y vinculadas a políticos socialistas".

   Ambos partidos presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.