Frente a la carta enviada por Revilla a Sanchez para abrir SNIACE responden los Administradores que es ilegal

   Así se lo han trasladado a miembros del comité de empresa en una reunión por videoconferencia para abordar la situación de la empresa, también desde el punto de vista laboral, ante el despido previsto de toda la plantilla compuesta por cerca de 450 trabajadores.

   Sus representantes, según ha explicado a Europa Press, aprovecharon la parte final del encuentro telemático para exponer la reapertura del complejo fabril solicitada por accionistas minoritarios para afrontar la crisis del coronavirus y la escasez de material sanitario.

   Los pequeños inversores reiteraron esta demanda tras el contacto telefónico que mantuvieron con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que solicitó apoyo a su homólogo de España, Pedro Sánchez, para buscar soluciones que permitan recuperar la producción de celulosa como freno al desabastecimiento de productos (batas, mascarillas) para atender el Covid-19.

   Pero los administradores "volvieron a insistir en la imposibilidad legal" de abrir Sniace a los sindicatos, a los que indicaron que además de este grupo de accionistas "hay otros que han demandado otras cosas, aparte de las múltiples denuncias interpuestas ya por parte de acreedores", según expone la sección de UGT en la fábrica.

   Este sindicato apunta además en un blog que, según la administración, tampoco se arrancaría la fábrica con 6 millones de euros como calculan los minoristas, sino que se necesitarían cerca de 20 millones y que, además, lo autorice el juez de lo mercantil.

   A esos problemas legales y económicos se sumarían otros de carácter técnico, derivados del arranque de una planta que lleva parada desde mediados de febrero.

   Al margen de estas cuestiones relacionadas con la reapertura, en el plano laboral, el comité de empresa volvió a proponer a los administradores concursales dejar el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que conlleva el cierre de Sniace "para más adelante", y retomar el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que había sobre la mesa, previsto del 1 de abril al 30 de mayo, por causas técnicas y que no se llegó a presentar, poner en marcha ni cerrar. La pretensión es abrir una nueva negociación por causas objetivas y económicas, de tres meses de duración.

   Explican en este sentido que el mantenimiento de un ERTE, en cuanto al pago de las cuotas de la Seguridad Social por tres meses, equivaldría al salario de la plantilla de abril que tendría que pagar la empresa. Y es "el tiempo que se tardaría en negociar el ERE que pretende la administración, por tanto no aumentarían".

   "Esto nos permitiría ganar tiempo y afrontar el proceso de liquidación desde una normalidad de los tribunales y estamentos que intervienen en esto", argumenta desde el comité, después de apuntar al "abundante retraso" de juzgados como el de lo Mercantil de Madrid que lleva el caso, "con la que está cayendo" en la capital por la incidencia del Covid-19.

   "Pensamos que con este planteamiento no se perjudica a los acreedores, el coste es el mismo, ni se entorpece el proceso de la liquidación, dada la situación de parálisis económica y de dificultades que hay en este momento para poder avanzar", concluyen los portavoces de los trabajadores.