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15-07-2017 10:53:00

Manuel Olmeda Carrasco - El miércoles, día doce, el Congreso consumó su último pleno. Está previsto continuar del doce al catorce de septiembre; por tanto, sus señorías atesoran dos meses de holganza. Sé que algunos jurarán encontrarse al pie del cañón en quehaceres socializantes o administrativos.


Sin cuestionar su certidumbre, aseguraría un escaso porcentaje de quienes cumplen tan aleatoria conjetura. Se acierta, con seguridad, si nos pronunciamos por asemejarlas a las vacaciones escolares, pero menos meritorias que ya es decir en razonamiento del común. Aparte dicho debate, lo vertebral es la eficiencia no las horas que ejercen de “culiparlantes”. Asimismo, nunca he observado ninguna reserva especial de algún portavoz contra esta pauta clasista; más si cabe cuando España necesita una desinfección a fondo.


Utilizando pareja expresión a la frecuente de un periodista curtido, voy a ofrecer información sin ápice de criterio personal. Europa -siempre en el ámbito económico, jamás en el político o militar- instituyó el MUS (Mecanismo Único de Supervisión) de cuyos designios se hace eco el MUR (Mecanismo Único de Resolución). Bajo estadio de expectativa, de germen, se encuentra el FUR (Fondo Único de Resolución) que debe financiar, a futuro, los acuerdos de la JUR (Junta Única de Resolución). Son instituciones europeas, bajo control del BCE (Banco Central Europeo), para vigilar el sistema financiero y acometer los test de estrés. Basándome en mi compromiso de dar únicamente informaciones, la “intervención” del Banco Popular fue un acuerdo entre dicha entidad, el Banco de Santander y el gobierno español. El MUR bendijo dicho acuerdo sin más. Constituye el primer caso, puede que también el último, a la hora de arbitrar un banco nacional.


Ahora preciso inquirir y exponer mi opinión. Si nos atenemos a los medios, ¿dónde se encontraba el Mecanismo Único de Supervisión cuyo cometido debe ser prioritario a cualquier providencia de su ejecutor Mecanismo Único de Resolución? Si no actúa porque le pilla lejos, porque no puede englobar tanto espacio, ¿para qué se crea un organismo totalmente inútil? ¿Acaso sus objetivos sean otros? ¿Cultivar nepotismos y contactos a alta escala, verbigracia? ¿Para qué sirve una Junta Única de Resolución si no se dispone del Fondo Único de Resolución? En España decimos poner el carro delante de los bueyes. Podían nuestros eurodiputados hacerles comprender que estas paradojas llevan al extravío, a nutrir el euroescepticismo sin posibilidad de oponer argumentos contundentes. Si no funcionamos como unión política ni militar, y chirría el engranaje económico, ¿qué hacemos en este avispero, aun siendo conscientes de nuestra debilidad? Verdad que estamos mejor si nos olvidáramos de la deuda impagable, pero…


Las interioridades de la banca española -pese a los test- pillan fuera de juego a estos probos tecnócratas europeos. Tampoco es que cueste e importe tanto. Lo que no puede admitirse bajo ninguna excusa es que Sebastián Abella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o Luis María Linde, gobernador del Banco de España (BE) no conocieran las dificultades accionariales o balances quiméricos del Banco Popular. Tanto de forma afirmativa como negativa, son cómplices del escamoteo, expropiación o, en términos pretéritos, requisa, efectuada (con nocturnidad y alevosía) a cientos de miles de accionistas, entre los que me encuentro, bonistas y propietarios de deuda subordinada. Quien se lleva mi desprecio y reprobación individual es Luis de Guindos, por ser responsable político de este insólito desaguisado y porque le pagamos para defender la ley, la justicia y los intereses de los ciudadanos. Menudo lucimiento tras lo de Lehman Brothers. Sin abusar, no olvido a Rajoy. ¿Cuántos irán a la cárcel? Ninguno. Hoy, arruinar al ciudadano-contribuyente (y otras diversas andanzas) sale gratis.


Hagamos números. Cuando el Popular se vendió al Santander por un euro, acciones, bonos y deuda tenían un valor que superaba tres mil millones. El valor neto de los activos inmobiliarios, según cita el Confidencial del siete de julio, asciende a diez mil trescientos millones que sumados a los anteriores genera un montante de trece mil trescientos, al menos. Si incluimos los cinco mil doscientos millones de deducciones fiscales (Público siete de julio) y los errores cuantificados -según parece- en los pasivos, sospecho que alguien ha logrado completar un negocio/apropiación redondo.


En la introducción al prólogo del “Saco de Cuenca” de Miguel Romero Saiz, se lee: “Las preguntas fundamentales de la vida jamás serán respondidas pero, aun así, podemos y debemos seguir adelante”. Resulta curioso que ante el hurto (tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas; confirma el DRAE) a centenares de miles de ciudadanos humildes, ningún parlamentario haya levantado la voz para denunciarlo. Ni la “casta”, ni quienes han deslizado enorme interés por “salvar a la gente”. Habéis lucido una profesionalidad manifiestamente mejorable. Espero que estos meses de ocio, de asueto, sirvan para acometer serenas reflexiones y regresar con algo más de compromiso personal y colectivo. Sin renunciar a ninguna pregunta, casi perdidas las esperanzas de recibir respuesta, nosotros seguiremos adelante; llevamos siglos haciéndolo, pero los tiempos cambian.



El Banco Santander ha previsto la provisión de novecientos ochenta millones de euros a fin de compensar la “fidelización” del accionista del Popular. Supongo que este reconocimiento expreso de la injusticia cometida, no surge a resultas de ningún escrúpulo sino -pese a ceremonias retóricas- al intento de paralizar los recursos que se vienen anunciando por parte de inversores poderosos. Los minoristas, que se pudran. A la vez, se vislumbra un pelotazo, pues la entidad compradora adquiere (en teoría) un banco libre de accionistas, bonistas e inversores con deuda subordinada. Yo solo pido que me paguen mis acciones al precio que cerraron cuando se decidió este lance increíble que vulneró claramente algunas leyes y la seguridad jurídica del país. Son mías; por lo tanto no se me pueden negar salvo que, desaprensivamente, instituciones europeas, amén de nacionales, cercenen el derecho a la propiedad. Cuando las siglas y los medios callan, se hace más intenso el clamor iracundo de los afectados. Hemos de recordar a protagonistas y adláteres que han fracasado (tal vez con plena consciencia) como dirigentes al servicio del pueblo, que únicamente ocupan un lugar en el espacio, en su mismidad. Por este motivo, disponer de vacaciones oficiales significa expandir u optimizar un dispendio sin contrapartida, un acto más de aprovechamiento sistémico. Seguiremos en contacto. 

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