Empresas químicas advierten al Gobierno de Cantabria de que actuarán contra una prórroga a Solvay para una planta de producción

   En un comunicado conjunto, estas empresas recuerdan que el Ejecutivo cántabro aprobó el pasado 28 de abril una propuesta de resolución por la que se revisa y modifica la autorización ambiental integrada (AAI) otorgada a dicha planta, a la que concede una prórroga de 24 meses, a contar desde la fecha en que se notifique la resolución, para cerrar la misma.

   En opinión de estas empresas, en caso de que finalmente el Gobierno haga definitiva esa propuesta estaría "contraviniendo" la normativa europea y española, que establece un plazo legal, que vence el 11 de diciembre de 2017, para cesar la producción de cloro con tecnología de mercurio. "Este plazo es improrrogable e idéntico para todos los fabricantes europeos", subrayan.

   Las cuatro empresas, fabricantes de cloro-álcali en España, que operan con tecnología de membrana, aceptada como "mejor tecnología disponible" (MTD), según destacan en el comunicado, o bien están en proceso de implantación de dicha tecnología, manifiestan que de producirse esa decisión las autoridades cántabras "contravendrían" la ley y advierten que, en tal caso, ejercitarán "cuantas acciones sean pertinentes en aras a combatir tal manifiesta ilegalidad".

   Al respecto, señalan que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en su respuesta a una petición de la Generalitat de Catalunya, es "categórica" al afirmar que "en aquellos casos en los cuales el contenido de las conclusiones MTD prescribe que determinadas técnicas no pueden ser consideradas MTD bajo ninguna circunstancia, tal y como ocurre en el caso de las celdas de mercurio, las autoridades competentes deben garantizar que tales técnicas han dejado de utilizarse una vez transcurrido el plazo de cuatro años tras la fecha de publicación de dichas conclusiones".

   También destacan que la propia asociación de fabricantes de cloro europeos, Euro Chlor, recuerda en su página web que "en el marco de la Directiva sobre emisiones industriales, las conclusiones MTD son jurídicamente vinculantes. Las autoridades nacionales han tenido que reconsiderar las condiciones del permiso y tener en cuenta las conclusiones sobre las MTD, lo que implica que, antes del 11 de diciembre de 2017, cuatro años después de la publicación de estas conclusiones MTD, debe cesar la tecnología de producción basada en el mercurio. En consecuencia, los productores europeos de cloro-álcali que utilizan la tecnología del mercurio deben convertir o desmantelar estas plantas de producción".

   Según señalan en el comunicado, en la solicitud de prórroga de su planta de producción de cloro con tecnología de mercurio, la empresa belga Solvay argumenta que aún no ha obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes y que durante el período transitorio de conversión y adaptación resulta preciso mantener activas instalaciones para evitar la regulación temporal de empleo y el deterioro en los equipos que habrán de reutilizarse con la nueva tecnología de membrana.

   Razones todas ellas que, según estas cuatro empresas, "se hubieran evitado si dicha empresa hubiera adoptado con la antelación suficiente, como han hecho otros fabricantes afectados, la decisión para proceder a la reestructuración de su planta y hubiera iniciado antes la tramitación de las autorizaciones administrativas".

   Añaden que el tercer argumento esgrimido por Solvay, de que la falta de producción de cloro podría afectar a un servicio público esencial y obligatorio como es el abastecimiento de agua potable, "olvida que hay otros productores en España y en Europa que el 11 de diciembre de 2017 habrán culminado el cambio de tecnología en sus plantas y, por lo tanto, estarán en disposición de suministrar al mercado todo el cloro que demande".

   Por ello, consideran que la concesión de esta prórroga "entraría en claro conflicto con el interés público ambiental", y recuerdan que "en los últimos 20 años, el sector del cloro europeo ha venido llevando a cabo actuaciones y suscrito convenios con las administraciones tendentes a la progresiva reducción del uso del mercurio, y su sustitución por una tecnología más limpia y más eficiente energéticamente".

   Esta decisión, asimismo, conduciría, a su juicio, "a una grave distorsión" de las condiciones de competencia del mercado, toda vez que los operadores que cumplen la ley están afrontando los correspondientes procesos de reestructuración industrial, con los sacrificios económicos, tecnológicos, ocupacionales y sociales que ello implica, mientras que los que no la cumplan "se beneficiarán de los menores costes de inversión asociados al mantenimiento de las antiguas plantas de mercurio".