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España, 500 años, y nosotros, con estos pelos




Imagen Fernando V en Madrigalejo.jpg

14-02-2016 15:44:00

Ángel Ruiz del Árbol Pérez - Dado el estado de cosas que domina la convulsa y pintoresca escena política española en los últimos meses, y aprovechando la efeméride del 500 aniversario de las Españas el pasado 23 de Enero, siento la necesidad de provocar una reflexión en torno al origen histórico y la legitimidad jurídico-política de nuestro estado ...





Dado el estado de cosas que domina la convulsa y pintoresca escena política española en los últimos meses, y aprovechando la efeméride del 500 aniversario de las Españas el pasado 23 de Enero, siento la necesidad de provocar una reflexión en torno al origen histórico y la legitimidad jurídico-política de nuestro estado, de nuestra patria, de nuestra España, con el fin de desmontar el mito de la justificación del derecho democrático a decidir, es decir, el mito de la legitimidad de determinadas circunscripciones territoriales y políticas para romper la soberanía nacional.



Pretendo, a su vez, romper con el esquema del “debate del alarido”, con la democracia del espectáculo mediático que se ha establecido en la vida pública de nuestro país, en el que el eslogan ha sustituido al argumento, la propaganda a la información, la doctrina a la ideología, las aventuras a los proyectos, lo emocional a lo racional, la creencia al conocimiento, los demagogos profesionales a los representantes políticos, y los platós al Parlamento.



El 22 de enero de 1516, Fernando II de Aragón, ante su inminente muerte, firma en Madrigalejo (Cáceres) el testamento con sus últimas voluntades, por el cual se unifican en su hija Juana y, a la muerte de ésta, en su nieto Carlos, ya herederos de Isabel I de Castilla, las coronas de Castilla y Aragón, en las que ya estaban incluidas las de los demás reinos peninsulares. Al día siguiente, muere el Rey. Es, por tanto, en esa fecha 23 de enero de 1516, cuando nace, jurídicamente, España, o las Españas, como en un principio se denominaron. Este año cumple España 500 años de existencia como entidad política legítimamente constituida y los españoles, en su mayoría, no se han enterado (sólo la televisión pública, en el Telediario del mediodía hizo una breve referencia a los actos que Sos del Rey Católico y Madrigalejo han dedicado al aniversario de la muerte del rey Fernando).



En la realidad política previa a la que luego sería España, ningún territorio fue integrado por la fuerza, con las matizaciones de Granada y Navarra. Granada por la invasión culminada en 1492 y la expulsión de los nazaríes; y Navarra que, tras la guerra civil entre beamonteses y agramonteses, en 1612 provoca, por sí misma, su fractura y la adhesión voluntaria a las coronas castellana y francesa, aunque manteniendo cierta hostilidad hasta el siglo XIX. Por tanto, la constitución del Estado Español responde a la legitimidad vigente en aquellos tiempos; una legitimidad tradicional (Max Weber) basada en los derechos dinásticos de los sucesivos soberanos (perfectamente asumida entonces por los “remensas” catalanes, beneficiados en derechos, libertades y propiedades en razón de la Sentencia Arbitral de Guadalupe de 1486).



Legitimidad que ha sido explícitamente y racionalmente avalada en cada uno de los tres periodos democráticos vividos en nuestro país. Desde entonces, ninguna de las constituciones proclamadas, ni tampoco los intentos de constituciones democráticas nonatas, han puesto en entredicho la unidad territorial de la nación española. Además, históricamente también ha ostentado una legitimidad de ejercicio: ningún grupo étnico o territorio ha dominado, oprimido o subyugado a ningún otro. Ni siquiera los Decretos de Nueva Planta del Siglo XVIII cabe interpretarlos en ese sentido.



El estado moderno nace con las teorías del contrato de finales del XVII (Bacon y Locke) y del XVIII (Montesquieu y Rousseau). El pacto es la Ley, que se convierte en la expresión de la Voluntad General. El individuo, libre y, por tanto, soberano de su vida y sus acciones, cede parte de esa soberanía al conjunto de la nación; su voluntad se subsume en la voluntad general cuya expresión es la Ley. No hay nadie, ni individuos ni grupos, que pueda estar al margen de la misma o tenga la potestad de cambiarla; sólo el conjunto del estado como organización política de la sociedad civil tiene ese poder. Por tanto, los estados modernos son, además de democráticos, estados de derecho. El logro del derecho a tener derechos (el reconocimiento como persona, como ciudadano) supone la racionalización de las estructuras normativas de la sociedad no ya como un proceso psicológico, sino como la institucionalización del resultado de la lucha por conseguirlo: todos tenemos el mismo derecho a tener los mismos derechos. La ley no es más que el reflejo de lo conseguido por y para todos. Salvaguarda a todos y obliga a todos. Como consecuencia, sólo la totalidad de los ciudadanos que componen la voluntad general, la soberanía nacional, pueden, legítimamente, llevar a cabo cambios en su propia entidad, en su ámbito y forma de entenderla.



Otra interpretación sería, en sí misma, contradictoria. Si la soberanía fuera divisible, ¿quién determina los criterios y ámbitos de la divisibilidad? Si, un sector o territorio que forma parte de la soberanía originaria se arroga el derecho a decidir separarse de la misma y constituir una soberanía diferente, estará igualmente dispuesto a asumir que, dentro de la nueva soberanía, puedan surgir territorios o sectores que mayoritariamente decidan, bien formar una tercera realidad soberana, bien seguir perteneciendo a la soberanía originaria. Si en unos teóricos referéndums, territorios como Álava, la Ribera Navarra, o el Ampurdán, pongamos por caso, votaran mayoritariamente en contra de romper la soberanía originaria. ¿Tendrían derecho a continuar siendo territorios y ciudadanos españoles?, ¿se les obligaría a pertenecer a la nueva realidad soberana, de la que no son partidarios, o se les concedería el derecho a configurarse en un tercer nivel de soberanía? ¿dónde pondríamos los límites de la divisibilidad de los ámbitos con derecho a decidir?



Es frecuente escuchar a los soberanistas catalanes, reprochándoselo al gobierno de España, cómo David Cameron atendió, sin dilación y excusas, la petición de referéndum por parte del Partido Independentista de Escocia. Pues bien, en absoluto es comparable la situación: Escocia era un estado independiente desde su creación, a mitad del siglo IX, hasta la firma del Acta de la Unión de 1707, siendo ésta el único documento constituyente del actual Reino Unido, y en la que no declara si hay, o no, una sola realidad soberana, por lo que esta deviene en “discutible”.



Otro tanto sucede con Québec. Canadá redacta su última Constitución como un Estado Federal en 1982, que sustituye a la Ley de Constitución de 1867. Dada su peculiar historia, en su complejo sistema conviven estructuras políticas coloniales (la Reina de Inglaterra, lo es del Canadá), federales, regionales y municipales, con un grado de autonomía previo, que procede de los acuerdos con cada uno de los pueblos aborígenes en su resistencia a la colonización. La ley les concede expresamente sus derechos territoriales.



Por otra parte, independientemente de cómo se sienta psicológicamente, sólo cuando una parte de la ciudadanía está normativamente oprimida, esclavizada, segregada etc., está justificado que se enfrente al poder que le oprime, esclaviza o segrega. Es en este contexto cuando se puede hablar del derecho de autodeterminación, que el derecho internacional lo relaciona con el concepto de pueblo, con el de soberanía, y con la prohibición del colonialismo y de la dominación y explotación extranjeras en general. El concepto de pueblo, al que se refiere el derecho de autodeterminación está relacionado con el grupo humano con diferencias étnicas y culturales, y con una historia y un territorio distinto al estado colonizador. No creo que sea el caso de ninguna de las nacionalidades y regiones de nuestra España, y menos el de Cataluña. España no es, ni ha sido nunca, una potencia extranjera para Cataluña. Cataluña, al igual que el resto de las regiones, ha sido siempre parte constituyente de todas las diversas formas, que, a lo largo de 500 años, ha adoptado del Estado Español. Y desde luego sus ciudadanos no han sido nunca ni oprimidos, ni segregados, ni explotados, sino más bien privilegiados.



Alguien puede alegar que existen diferencias culturales que justifican la secesión. Cuando se habla de diferencias culturales, hay que referirse exclusivamente a aquellos rasgos, propios de un pueblo, que hacen imposible la asunción de las formas jurídico-políticas y la convivencia con las formas de vida de sus vecinos. En este sentido, creo que todos los pueblos de España tienen, con irrelevantes y salvables matizaciones, la misma cultura religiosa, política, jurídica, filosófica y científica, perteneciendo desde tiempos inmemoriales a la misma tradición cultural. No creo que las diferencias en el folklore, en la gastronomía o los deportes autóctonos constituyan razones de peso para tan trascendente decisión.  Ni siquiera el tener un idioma propio legitima para la autodeterminación en una sociedad cada vez más interracial y más multicultural. La solución comunicativa está en el plurilingüismo (un individuo competente en varios idiomas), no en la imposición idiomática localista que, en sí misma es segregadora. Al menos el 90% de la población de cada uno de los territorios hispánicos que poseen idiomas o dialectos propios, son competentes en el uso del castellano, lo que le convierten en el más potente recurso comunicativo. El poseer además otro idioma lo único que aporta es riqueza adicional y nunca estaría justificado que se usara para poner límites a la comunicación, no sólo lingüística, sino comercial, cultural, laboral, etc., sin caer en el sectarismo. 



Dentro del contexto normativo que legitima la estructura actual del Estado, parece conveniente traer a colación que los privilegios fiscales, económicos y políticos que se consensuaron para Cataluña, Navarra y el País Vasco en la Constitución del 78, no eran para favorecer su fuga, sino para que repercutiera en beneficio de todo el Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿por qué se pretende romper, unilateralmente, el pacto del 78?, ¿tal vez porque, a causa de los efectos de la crisis, y acostumbrados a unos altos niveles de privilegio, pierden la perspectiva histórica de su especial status dentro del Estado y no están dispuestos a aminorar tales privilegios en favor de las necesidades más perentorias de otras comunidades? ¿no es la solidaridad, territorial e interclasista, la base de toda convivencia democrática?



Es claro, que a pesar de toda la racionalidad histórica y jurídica que se pueda plantear como legitimación de un Estado, cuando hay un conflicto de intereses, el diálogo, el consenso, la racionalidad basada en la acción comunicativa (Habermas), es la única forma de solucionarlo. Probablemente el proyecto del Estado Español necesite una revisión. No soy quien para negarlo. Pero, ¿es la forma del Estado de las Autonomías, prácticamente el de mayor descentralización de Europa, la que provoca la pretensión de secesión? ¿qué es lo que quieren consensuar los secesionistas? ¿mejorar aún más su status de privilegio dentro del Estado, o, por el contrario que les facilitemos la carta de legitimidad para independizarse y disfrutar en exclusiva de los beneficios producidos por fuerzas de trabajo no exclusivamente catalanas, inversiones no exclusivamente catalanas y decisiones políticas del conjunto del Estado? ¿no es razonable pensar que algo tengamos que decir el resto de los ciudadanos, vecinos de otras comunidades? ¿tiene sentido que, en este contexto, arguyan los partidarios de la secesión, el derecho exclusivo a decidir?, ¿es “democrático” y racional, aprovechando la debilidad institucional del Estado, sentarse a “dialogar” con el “revolver de la desconexión” encima de la mesa? Como señala J. Maíso “las reformas que se precisan para lograr una España mejor integrada y más satisfecha consigo misma no se pueden adoptar fuera de las instituciones y del espacio público, donde está presente y de forma activa toda la sociedad, dejando de ser sociedad de masas y convirtiéndose en una sociedad de ciudadanos que afrontan unidos en la acción los problemas concretos de la sociedad”.



Por otra parte, es de dudosa racionalidad, al menos por extemporáneo y anacrónico, el pretender atomizar los ámbitos de soberanía política, en un momento en el que el poderoso movimiento de globalización económico-financiera, no sólo se sobrepone a los controles de los estados, sino que incluso lucha contra ellos y trata de subyugarlos, con una pérdida sistemática del poder de éstos frente a las grandes concentraciones del dinero especulativo. Los llamados “mercados” constituyen, en muchos casos el “poder real”, del que se benefician o perjudican los Estados en la proporción de su peso en la economía global.



Si rompemos la unidad política de España, estamos reduciendo, en proporciones inmensurables, el poder de cada entidad resultante, y multiplicando el número de potenciales enemigos financieros. Precisamente el sentido de los tiempos impone la lógica contraria: los Estados Nación deberían ceder soberanía, de forma voluntaria, en favor de entidades políticas supranacionales, precisamente para fortalecer su posición ante ataques especulativos de los grandes poderes financieros y para poder regular y controlar su funcionamiento. En los últimos años hemos asistido en España a la regresión del Estado del Bienestar, como resultado del encarecimiento de la financiación de la deuda exterior, a pesar de estar integrados en la Unión Europea. El Estado del Bienestar es el enemigo público principal de los mercados: en él la rentabilidad económica, base de la especulación, está en función de la rentabilidad social. Por ello, las entidades financieras tratan de influir en los gobiernos para que éstos repercutan el coste de los servicios sociales en los usuarios, dejando, como consecuencia, a grandes masas de ciudadanos fuera del sistema de protección, fuera del sistema de derechos y libertades.  



Antes de concluir, quisiera hacer una consideración crítica sobre la legitimidad de la soberanía nacional española que defiendo a ultranza: las instituciones democráticas y el valor de la soberanía se deslegitiman con la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Por ello en España es absolutamente inaplazable una revisión de la ley de partidos y la superación de la democracia representativa en favor de una democracia más participativa. Revisión de la Ley de partidos que permita regular mejor el control público de su financiación y el funcionamiento democrático de los mismos, y con ello atajar la corrupción sistémica que, a través de ellos, nos domina. Revisión de la Constitución que incida y facilite una mayor participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas trascendentes, en el control del buen uso de las instituciones, y en una independencia efectiva de los tres poderes del Estado. Revisión de la Constitución para conseguir que el “Estado Social y de Derecho” se haga realidad mediante inexcusables políticas tendentes a una mayor redistribución de la riqueza y la eliminación de la injusticia y la pobreza.



Desde luego, no ha sido mi intención con este artículo despertar sentimientos imperialistas, en favor de un reaccionario y trasnochado nacionalismo español, antitético tanto a los nacionalismos periféricos, como a cualquier forma de internacionalismo o cosmopolitismo. Pero tampoco lo es el admitir los planteamientos de algunos “próceres” de esa nueva izquierda “transversal”, políticamente “doctos” pero de dudosa fundamentación ideológica, que inundan, hoy en día, los círculos y foros “progres”, y cuyo discurso se conforma con escasos argumentos racionales, peligrosas referencias emocionales, exceso de tactismo y oportunismo personalmente interesado, con ausencia de perspectiva histórica y jurídica, y sobre todo, con ausencia de un proyecto de nación que pueda hacer congruente la legitimidad histórica y democrática con la modernización de las instituciones del estado, adecuándolas al fin último  de satisfacer las verdaderas necesidades de los ciudadanos, actuales y futuros, de España.



Retomando la efeméride que ha justificado el presente artículo: ¿sería descabellado homenajear al Testamento de Madrigalejo con la apertura de un debate sobre la posibilidad de realizar el sueño fernandino de la unidad de todos los reinos peninsulares en un solo estado, Portugal incluido? Probablemente sería más enriquecedor y, desde luego, tendría más sentido histórico y de futuro que cualquier secesión.



Hay que seguir removiendo el nogal hasta que caigan las todas las nueces podridas, e incluso conviene podar las ramas infectas, pero no está justificado ni arrancarlo, ni talarlo.



 







Últimos comentarios

15-07-2017 - Francisco Cieza

[...] Muy buen comentario.[...]

19-04-2016 - Alfonso Palencia

[...]Acabo de leerlo. Me pregunto cómo puede haber alguien que no acepte todo lo que dices hasta la última letra. Como te dije en la comida en Cataluña les están diciendo lo contrario a todas horas. Es preciso que esto que es verdad se repita tantas veces como la mentira y manipulación de la historia que proclama el nacionalismo. Parece mentira que esto no se defienda con profusión.[...]

16-02-2016 - Una antigua alumna

[...]Querido profesor: Un grupo de alumnos de la 1ª promoción de BUP, ya ha llovido, nos hemos vuelto a encontrar; entre todos los recuerdos gratos, sobresalen aquellas clases de Filosofía, allá por el 78, en las que nos hizo salir de la Caverna platoniana y mirar las profundidades de San Manuel. Querido D. Ángel, leo su artículo con devoción y le doy las gracias por su labor de ayer y este artículo de hoy. Nos marcó, D. Ángel y nos alegra saber de usted.[...]

11-02-2016 - alumno

[...]Profesor enhorabiena por su analisis histórico.Traspira conocimiento,rigor histórico y grandes dosis de sentido comun que tanto se precisa en estos años tan dolientes por los que estamos atravesando. He recortado su discurso porque me parece un libro en pequeño.Muchas gracias[...]

10-02-2016 - BUP

[...]Magnífico artículo. Nuestros políticos deberían conocer la Historia de España para engrandecerla y no dividirla. Siempre fuiste un gran profesor. Nos hiciste pensar desde el primer día que llegaste a Santa Ana, en Almendralejo, años setentaitantos. Recuerdas: "¿Qué es el Ser?"[...]

10-02-2016 - milio

[...]Impecable.Valiente en las aseveraciones y sin complejos en la defensa de fundamentales conceptos patrios. Curioso reencuentro después de 40 años con un "viejo" profesor de BUP del Cultural Santa Ana de Almendralejo. Enhorabuena don Ángel. Profesor entonces, maestro ahora.[...]

09-02-2016 - Hornero

[...]Muy apropiado. Estoy de acuerdo en todo. Te felicito.[...]

07-02-2016 - Juan Mazarrasa

[...]Enhora buena por tu artículo, Ángel. Deberías prodigarte mas[...]

05-02-2016 - T P

[...]Querido maestro y filósofo: Muchas gracias por todas estas reflexiones, tan maravillosamente fundamentadas, que efectivamente debieran ser valoradas por las personas que tienen en sus manos las decisiones políticas y sociales de nuestra maravillosa nación.[...]

04-02-2016 - vitorio

[...]Excelente apunte histórico, olvidado por la práctica totalidad de medios de comunicación, y magistral reflexión política que bien merece una doble lectura. Buena lección magistral de un profesor de filosofía que debieran tener en cuenta los políticos actuales para ser coherentes con sus planteamientos. [...]

03-02-2016 - María

[...]Por fin, da gusto poder leer un gran artículo con los mejores argumentos que cualquiera pudiera dar. Ojalá y al igual que yo, casualmente lo he leído, pueda llegar a los ojos y los oídos de otros muchos, que por el bien de todos necesitamos que exista coherencia, valores y sensatez. La aportación histórica es muy buena, pero las reflexiones excelentes! Enhorabuena por su artículo! [...]

03-02-2016 - cantabruco

[...]Estupendo artículo y fabulosa la última frase[...]

03-02-2016 - Pedro Fraile

[...]Angel, enhorabuena por un articulo que espero y deseo lean y tomen en cuenta aquellos que en estos momentos tienen la obligacion de crear una España mejor. Un abrazo[...]

03-02-2016 - Manuel Buenaga

[...]Estimado amigo. Realmente las reflexiones adquieren un gran peso específico, cuando se amparan en argumentos contundentes y de una comprensión universal. Estoy claro que los sentimientos imperialistas no tienen porque despertarse con tu estupenda disertación, pero deberían sobre todo los secesionistas pensar en la demostración de que sus argumentos,carecen no solo de rigor histórico y constitucional, sino que además como tu dices, son muy poco democráticos ya que fuera de ser oprimidos han sido realmente privilegiados. No está para nada fuera de contexto, el buscar más la anexión de Portugal en una sola nación, teniendo en cuenta que de verdad necesitamos cada vez tener más peso específico contra nuestros "Enemigos Financieros" y otros muchos. Da para mucho amigo tu bien planteada reflexión, no solo por la historia, sino por el valor de solidaridad emocional, que parece que brilla por su ausencia, en muchos círculos con intereses secundarios. Yo declaro abiertamente de que he sido iluminado y ni siquiera sabía que habíamos cumplido 500 años como nación. Quien puede cargarse esto, sin que todos los afectados opinemos. Muchas gracias Angel, un abrazo y no dejes de pensar en alto por favor.[...]

03-02-2016 - Luisi

[...]Enhorabuena Angel , maravilloso artículo. Un abrazo. [...]

02-02-2016 - Manolo Pérez

[...]¡ Bien por los de mi pueblo ¡ Una profunda reflexión del momento actual de nuestro país, la cual comparto punto por punto. Un fuerte abrazo. [...]

02-02-2016 - mar

[...]Estupenda reflexión, curiosa, si no se aprendió o se olvidó es bueno el dicho de mirar atrás en la historia para no cometer o repetir errores. Muy bueno [...]

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