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Economía 12-11-2018 20:15

Banco Santander trasmite la actividad de factoring y confirming de Popular a su filial SFC

Banco Santander ha acordado la trasmisión de toda su actividad de factoring y confirming, dos servicios financieros que permiten a empresas y autónomos financiarse a través de la actividad de compra y venta del negocio, a su filial al 100% Santander Factoring y Confirming (SFC), en el marco de la fusión por absorción de Banco Popular.

   La entidad presidida por Ana Botín venía desarrollando la actividad de factoring y confirming de Popular de forma directa a través del grupo desde que los activos y pasivos del banco absorbido fueran transmitidos, y de forma indirecta, en el caso de su actividad propia, a través de SFC.

   Ahora, debido a su política de racionalización de la estructura societaria que el banco cántabro viene desarrollando en los últimos años, cuyo objetivo es simplificar la gestión del mismo y reducir los costes administrativos y las obligaciones de índole mercantil, contable y fiscal, ha considerado que "lo más eficiente" es que toda la actividad de factoring y confirming se realice mediante una única sociedad.

   Santander estima que SFC es la entidad "más idónea" para ello dada su "experiencia" en el negocio, por lo que ha aprobado la segregación con modalidad de escisión de esta actividad a favor de su filial, que adquirirá por sucesión universal y transmisión en bloque todos los activos, pasivos, derechos, obligaciones, responsabilidades y cargas.

   En este sentido, se incluyen, sin limitación, los derechos de cobro, indemnizaciones por cualquier concepto, posiciones contractuales y posiciones activas y pasivas en procedimientos judiciales y administrativos, así como la asunción de los medios humanos y materiales vinculados a su explotación.

   Este acuerdo fue aprobado y suscrito por los consejos de administración los días 29 de octubre, en el caso de SFC, y 30 de octubre, en el de Santander, aunque su eficacia todavía está sujeta suspensivamente a la autorización del Ministerio de Economía y Empresa.

   Los acreedores y obligacionistas de Santander o de SFC tienen el plazo de un mes contando desde el pasado 30 de octubre, cuando se publicó el último anuncio de segregación, para oponerse a la escisión.

  

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