Cantabria recupera el CES, que costará 70.000 euros anuales y entrará en vigor en julio de 2019

   El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad la Ley que recupera el Consejo Económico y Social, un órgano consultivo creado en 1992, que suprimió el PP en 2012 y que ahora renace con un formato mucho más "austero" tras los "excesos del pasado".

   Su gasto anual "no pasará de los 60.000 o 70.000 euros", según ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia, el regionalista Rafael de la Sierra, quien ha asegurado que es una cifra "extraordinariamente austera si se compara con los CES de otras comunidades autónomas".

   Durante la tramitación parlamentaria se ha aprobado una enmienda del PP para que el CES entre en vigor el 1 de julio de 2019, con lo que se pretende que la elección de miembros no coincida con las elecciones ni su constitución con un gobierno en funciones.

   El nuevo CES no tendrá una estructura independiente, sino que estará integrado en la Consejería de Presidencia, y no tendrá tampoco un presupuesto propio, a diferencia del anterior, que en 2006 tuvo un presupuesto de casi 600.000 euros y en 2012 de 400.000.

   Los grupos de la oposición han reprochado al Gobierno que no haya remitido esta ley al Parlamento hasta la recta final de la legislatura, algo que según Podemos se ha debido a "problemas de alcoba" entre PSOE y PRC, que "se han pasado media legislatura discutiendo qué consejería traía la ley y se apuntaba el tanto".

   El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, se ha felicitado por la recuperación de un CES "funcional que huye de los excesos del pasado" y que es "más plural". Por parte del PSOE y el PRC, Guillermo del Corral y Rosa Díez han afirmado que la supresión del CES respondió a una "limpieza política" por parte del PP porque "era un potente foco de denuncia de recortes de derechos".

   La portavoz del PP, Isabel Urrutia, les ha replicado que la crisis económica "fue el único motivo" y ha dudado del "verdadero ánimo de participación de la sociedad" que inspira la actuación del bipartito. Así, ha reprochado a la coalición PRC-PSOE que no haya derogado la ley de recortes de 2012 ni aplicado la cláusula de reversibilidad que contenía para el CES. En su opinión, "es toda una osadía que con la legislatura finiquitada pretendan enarbolar la bandera de la participación".

  COMPOSICIÓN

   El nuevo CES tendrá un secretario, que será un funcionario del Gobierno. La composición del Pleno pasa de 25 a 29 miembros, y se crea un cuarto grupo que se une a los que ya tenía el anterior CES -los de los miembros designados por el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas-.

   De esta forma, el Gobierno elegirá a seis personas expertas en materias propias del Consejo, de los que al menos uno representará a la Universidad de Cantabria; CCOO y UGT a otros seis; y las organizaciones empresariales más representativas también a seis.

   El cuarto grupo tendrá diez miembros nombrados por el Parlamento y representativos de la economía social (asociaciones cooperativas, sociedades laborales o entidades asimilables); organizaciones de consumidores y usuarios; colegios profesionales; organizaciones representativas de intereses públicos (culturales, sociales, deportivos, etc); organizaciones del sector de la discapacidad; representantes de la Administración Local; organizaciones del sector primario; y sindicatos de al menos una representatividad del cinco por ciento.

   Sus informes podrán ser preceptivos o no preceptivos, pero en ningún caso vinculantes. El nombramiento de los consejeros será por cinco años, y se prevé un régimen de incompatibilidades para evitar la presencia política, de forma que ningún cargo público puesta estar en el Consejo, salvo el representante de la administración local.

   En el trámite de enmiendas, se ha introducido como motivo de cese la apertura de juicio oral, y se ha acordado también que la composición del CES sea paritaria.